Nicaragua: una campaña represiva en cuatro partes

Cuando las protestas estallaron en Nicaragua en abril de 2018, desde un principio quedó claro que los medios informativos nacionales serían un campo de batalla. Apenas un día después del comienzo de la crisis, el Gobierno les ordenó a las empresas de TV por cable interrumpir las señales de como mínimo cinco canales. Para finales de año, el CPJ había documentado ataques, arrestos e inclusive operativos de vigilancia contra periodistas.

Lo que llamó la atención fue cómo los riesgos pasaron de las heridas recibidas en la cobertura de protestas y el acoso y las amenazas a los periodistas en las redes sociales y en los medios oficialistas, a las detenciones arbitrarias, los allanamientos de medios informativos, la vigilancia y hasta el encarcelamiento de periodistas, dos de los cuales ––Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, el director y la jefa de Información, respectivamente, de 100% Noticias— permanecieron casi seis meses en prisión.

De cierta forma, la prensa fue un blanco fácil. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien está a cargo de las comunicaciones oficiales del Gobierno, durante años han afianzado el control sobre los medios. La mayoría de los canales de TV y los principales periódicos son propiedad de integrantes de la familia presidencial o de aliados del Gobierno, como el magnate de medios mexicano Remigio Ángel González. El CPJ ya había documentado cómo pocos medios se atrevían a informar de manera crítica sobre el Gobierno por temor a las presiones. Periodistas de los pocos medios independientes que quedaban, como el sitio web de noticias Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro; o Radio Darío, que desde 1959 ha transmitido su señal desde la noroccidental ciudad de León, declaraban al CPJ que tenían libertad para informar siempre y cuando no sobrepasaran ciertos límites, como criticar abiertamente a los dirigentes del Gobierno.

El CPJ intentó en numerosas ocasiones comunicarse con la Presidencia, por teléfono y correo electrónico, entre diciembre de 2018 y abril de 2019, para solicitar declaraciones sobre los ataques contra la prensa, pero no recibió respuesta. La Policía Nacional tampoco respondió a las solicitudes efectuadas entre diciembre de 2018 y julio de 2019 para que ofreciera comentarios.

En su seguimiento de la crisis de Nicaragua, el CPJ ha identificado cuatro etapas clave entre el comienzo de las protestas, en abril de 2018, y el final de ese año. Esta infografía (disponible en Inglés) capta resúmenes de algunos de esos incidentes, con base en las investigaciones del CPJ e informaciones de un periodista radicado en Nicaragua que ayudó a nuestro Equipo de Respuesta ante Emergencias con datos recabados en el terreno.

Violencia y protestas

Los periodistas —en particular los reporteros gráficos— a menudo se encontraron en la línea de fuego durante el estallido inicial de las protestas. Cuando líderes estudiantiles y activistas llenaron las calles en abril y mayo, reporteros gráficos como Inti Ocón, de Agence France-Press, describían cómo tenían que esquivar a agentes policiales que disparaban balas de goma y gases lacrimógenos. En León, partidarios del Gobierno incendiaron la sede de Radio Darío. La sede de la radioemisora resultó destruida, un vigilante sufrió quemaduras y dos de los autores del incendio murieron.

Al día siguiente, las personas que miraban una transmisión de Facebook Live con el reportero de TV Ángel Gahona, sobre la situación posterior a una protesta en el puerto caribeño de Bluefields, involuntariamente presenciaron su asesinato cuando un sujeto le disparó al periodista.

Intimidación y amenazas

Cuando se debilitó la ola de protestas inicial, los riesgos para los periodistas pasaron de la violencia a las amenazas y la intimidación. Funcionarios gubernamentales locales criticaban a periodistas por su nombre en programas de emisoras progubernamentales, y en algunos casos divulgaban su dirección particular y el nombre de sus hijos, y la Policía constantemente paraba a los periodistas para interrogarlos sobre su trabajo. Algunas amenazas eran más explícitas: en agosto, el personal de Radio Corporación recibió amenazas anónimas, entre ellas una recompensa de USD 5000 por la cabeza de un periodista.

Al mismo tiempo, las turbas —grupos paramilitares que actuaban en paralelo con las fuerzas de seguridad gubernamentales— imponían el control sobre las zonas de agitación y aplastaban toda resistencia, mientras la cifra de presos políticos que estaban detenidos en centros como la tristemente famosa prisión El Chipote, en Managua, crecía a más de 500, según organizaciones locales defensoras de los derechos humanos.

En este período, los periodistas seguían corriendo el riesgo de la violencia: atacantes armados entraron a la fuerza en el apartamento del periodista del diario La Prensa Josué Garay, en Managua, el 10 de junio de 2018, y le robaron, lo golpearon y lo amenazaron. En julio de 2018, grupos paramilitares sitiaron una iglesia de Managua, en la cual quedaron atrapados varios periodistas, junto con sacerdotes y estudiantes participantes en las protestas, por más de 12 horas.

Temiendo por su seguridad y la de sus familiares, muchos periodistas marcharon al exilio. A junio de 2019, como mínimo unos 50 periodistas nicaragüenses estaban exiliados, entre ellos Chamorro, el director de Confidencial, según asociaciones de periodistas locales.

Vigilancia gubernamental y órdenes judiciales

Para mediados del verano de 2018, los periodistas que viajaban de una ciudad a otra para una cobertura informativa declaraban que a menudo se encontraban con agentes policiales que los paraban y los interrogaban acerca de su trabajo, les confiscaban los dispositivos electrónicos o les advertían que no regresaran. Algunos medios denunciaban la constante presencia policial afuera de sus sedes. En otros casos, la Policía iba a los hogares de los periodistas. Imágenes de video subidas a YouTube muestran a un dron que sobrevolaba el hogar de Mora, el director de 100% Noticias, en noviembre de 2018. Mora declaró que creía que el dron pertenecía a la Policía. Los periodistas nicaragüenses ya no esquivaban las balas ni las granadas de gases lacrimógenos, pero el mensaje de las autoridades era claro: los estamos vigilando.

Los periodistas extranjeros también fueron objeto de presiones. El 25 de agosto de 2018, las autoridades detuvieron a la documentalista Emiliana Mello mientras cubría una marcha en el occidental departamento de Carazo. La detuvieron por un día y le confiscaron el equipo de trabajo antes de deportarla a Estados Unidos. Carl-David Goette-Luciak, quien tenía ciudadanía estadounidense y austríaca, tuvo que luchar por varias semanas contra una furiosa campaña de acoso en las redes sociales antes de que lo detuvieran y deportaran en septiembre de 2018.

Arrestos

Hacia finales de 2018, el CPJ constató que los periodistas eran detenidos cada vez por períodos más largos y, luego de varios allanamientos que las autoridades llevaron a cabo en diciembre, dos periodistas fueron encarcelados y muchos más se vieron obligados a marchar al exilio.

El 3 de diciembre, la Policía allanó la sede temporal de Radio Darío, interrogó y esposó a periodistas y confiscó equipos de trabajo. Menos de dos semanas después, agentes policiales allanaron la sede de Confidencial en Managua y se llevaron equipos y documentos en varias camionetas. La semana siguiente, la Policía allanó a 100% Noticias, en Managua, y arrestó a Mora; a Pineda, la jefa de Información; y a Verónica Chávez, la directora ejecutiva y esposa de Mora. Chávez fue liberada varias horas después, pero a Mora y a Pineda los acusaron de cometer varios delitos contra el Estado y los enviaron a una cárcel en espera de juicio. Finalmente las autoridades los liberaron el 11 de junio de 2019, casi al cumplir seis meses en prisión.

Los intentos del Gobierno por controlar la circulación de la información no solamente se limitaron a las redacciones locales. Reuters informó cómo Ortega, el 19 de diciembre, expulsó a dos misiones de investigación creadas por la Organización de los Estados Americanos, una de las cuales debía emitir un informe sobre violaciones de los derechos humanos durante las protestas.

A fines de año, las estadísticas en materia de libertad de prensa en Nicaragua eran sombrías: un periodista muerto, dos encarcelados, decenas en el exilio o escondidos, muchos medios informativos cerrados o censurados.