CIDH pide no revocar medidas provisionales a 17 excarcelados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió hoy que las medidas provisionales concedidas a 17 presos políticos nicaragüenses, entre ellos los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, no deben ser revocadas bajo ninguna circunstancia, puesto que en Nicaragua continúa la represión y las amenazas contra los reos de conciencia excarcelados y contra la ciudadanía en general. 

 Vía Twitter la vicepresidenta de la comisión y relatora especial para Nicaragua, Antonia Urrejola escribio:

Aunque es facultad de @CorteIDH, #CIDH observa que las medidas provisionales otorgadas a 17 nicaragüenses excarcelados no deberían revocarse. “Hay riesgo muy importante para sus derechos y para su integridad", dijo la relatora para #Nicaragua, @totonia68. https://t.co/Mlnow9nJ85 — CIDH (@CIDH) August 10, 2019

Urrejola emitió su mensaje tras recibir una carta firmada por representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación Violeta Chamorro y el organismo Raza e Igualdad, actualizando una solicitud enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ampliar las citadas medidas en favor de los 17 excarcelados.

La carta, fechada el 8 de agosto y dirigida al secretario ejecutivo d la CIDH, Paulo Abrao, enumera y actualiza una serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país en las últimas semanas. También se refiere al caso de Miguel Mora y Lucía Pineda, señalando que estos hechos "ponen en riesgo la vida e integridad" de los periodistas e impiden el libre ejercicio de sus labores.

El pasado 5 de agosto, los tres organismos dirigieron una carta a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Ejecutivo de la Corte Internacional de DDHH, tribunal que el 21 de mayo pasado otorgó medidas provisionales en favor de ambos periodistas y otros 15 presos políticos que todavía estaban encarcelados en el país.

En su escrito, los organismos demandantes plantean que las personas excarceladas este año continúan bajo riesgo extremo, ya que "el Estado y grupos paraestatales continúan valiéndose de la violencia letal en contra de opositores, en las zonas rurales y en las ciudades, con la finalidad de “desmovilizar” y dejar “sin posibilidades de acción” a líderes sociales y del movimiento cívico".

Toda esta situación prevalece a pesar de la Ley de Amnistía aprobada en junio por el Parlamento nicaragüense. Asimismo, los periodistas y medios de comunicación independientes "continúan enfrentando represalias por ejercer su derecho a informar", mientras el gobierno sigue sin devolver las instalaciones ocupadas de 100% Noticias y la sala de redacción de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamoro, exiliado en Costa Rica.

En el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda, ambos estuvieron encarcelados durante seis meses y sometidos "a un proceso irregular" y sus derechos humanos "han sido y continúan siendo violados", señaló la carta, tras detallar una serie de amenazas que ambos colegas han venido recibiendo a través de las redes sociales desde que fueron puestos en libertad.

Por lo anterior, los organismos solicitaron a la Corte "instar a las más altas autoridades del Estado y a sus operadores políticos y simpatizantes a que cesen el discurso de odio que podría motivar agresiones, acoso u hostigamiento".También le urgieron "llamar al Estado a cumplir su deber de garantizar condiciones de seguridad para Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau ahora que han sido liberados y podrían sus vidas e integridad física correr riesgo, en un contexto siempre hostil hacia el periodismo independiente y particularmente, hacia nuestros representados".

Asimismo, instaron al tribunal a requerir al Estado que "no continúe coartando el ejercicio periodístico" y que procea a la devolución de los bienes requisados durante la ocupación del canal 100% Noticias en diciembre pasado.