CIDH denuncia hostigamiento y persecución contra excarcelados y defensores de derechos humanos

Asimismo, el 26 de agosto, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH denunciaron la represión sistemática contra los medios de comunicación y periodistas independientes en el país.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia la persistencia de la represión en Nicaragua. Además, expresa su preocupación por el incremento de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y, abogadas y abogados de personas excarceladas y/o que permanecen detenidas por hechos vinculados con las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018.

A través de sus mecanismos convencionales y reglamentarios, la CIDH sigue recibiendo información sobre la persistencia de la represión en Nicaragua. Al respecto, el 21 de agosto, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH denunció el patrón de discriminación y amenazas de represalias por parte de las autoridades del Estado en perjuicio de trabajadores estatales críticos del Gobierno. Asimismo, el 26 de agosto, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH denunciaron la represión sistemática contra los medios de comunicación y periodistas independientes en el país.

En el marco del cierre de espacios cívicos y democráticos, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH también recibió información preocupante sobre la intensificación del hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y otros colectivos de abogadas y abogados en Nicaragua. El 6 de agosto, Leyla Prado, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció las amenazas de muerte recibidas a través de redes sociales por personas afines al gobierno. Dichas amenazas y el hostigamiento se habría incrementado en el contexto de su actuación como defensora de María Oviedo, abogada de la CPDH, criminalizada desde el 26 de julio y declarada culpable en primera instancia el 29 de agosto por el delito de “obstrucción de funciones”. Posteriormente, el 9 de agosto, la CIDH fue informada sobre la vigilancia policial de las instalaciones de Acción Penal, colectivo de ex fiscales que se encuentra dedicado a la defensa de “presos políticos”. El 19 de agosto, cinco defensoras fueron detenidas por varias horas cuando colocaban pancartas de protesta en Managua. El mismo 19 de agosto, la abogada Aura Alarcón -de la Unidad de Defensa Jurídica- habría sido agredida y despojada de sus pertenencias por parte de “turbas sandinistas”. De acuerdo con la información recibida, aunque los hechos habrían ocurrido en presencia de agentes policiales, estos no habrían detenido la agresión; además, al interponer su denuncia, Aura Alarcón habría sido señalada como “abogada golpista” por parte de la policía.

Al respecto, el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, destacó que “el contexto adverso en el que defensores de derechos humanos, así como las y los abogados desempeñan su labor es sintomático de la continuación de la crisis y el estado policial en el país”.

En el mes de agosto, el MESENI también recibió testimonios sobre la situación de derechos humanos de las personas excarceladas y la persistencia de actos de hostigamiento, amenazas y agresiones en su contra. De acuerdo con los testimonios recibidos, éstas son víctimas de vigilancia permanente por agentes de policía y civiles motorizados por medio de constantes interrogatorios a sus familiares y vecinos, y se mantendrían en las inmediaciones de sus domicilios hasta altas horas de la madrugada. Asimismo, las personas excarceladas serían víctimas de amenazas y campañas de estigmatización en redes sociales al ser señaladas como “golpistas”. Como consecuencia, algunas de ellas tendrían que desplazarse continuamente a casas de seguridad o habrían decidido salir del país. Adicionalmente, la CIDH advierte la continuación y normalización de un patrón de detenciones arbitrarias, de corta duración, en contra de estas personas. Algunas de estas detenciones han ocurrido en los puestos fronterizos o en el aeropuerto después de la participación de algunas de estas personas en eventos internacionales, de acuerdo con la información recibida, con el objetivo de amedrentarlos por su liderazgo en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Al 27 de agosto, las organizaciones de la sociedad civil reportaron que, al menos, 30 excarcelados habrían sido detenidos bajo este patrón.

La Comisión reitera una vez más que muchas de las personas excarceladas se mantienen en incertidumbre debido a la falta de información respecto su situación jurídica. En algunos casos, las causas penales seguirían abiertas y los antecedentes penales no habrían sido cancelados; o bien, cuando la Ley de Amnistía es aplicada las causas serían archivadas sin dictar su sobreseimiento, lo que tendría entre otros efectos impedir el cese de medidas cautelares impuestas y la devolución de los bienes incautados. El 26 de agosto, la CIDH fue informada sobre irregularidades presentadas en el sistema informático del Complejo Judicial Central de Managua que impediría a los abogados y abogadas acceder a la información sobre los casos de “presos políticos”. En el mismo contexto, la CIDH nota que la celebración de audiencias públicas se mantiene restringida para los medios de comunicación independientes en el país desde hace más de un año.

Por otra parte, de acuerdo a información disponible, al 8 de agosto, 126 personas continuaban privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas. Entre otros casos, la CIDH recibió información sobre la judicialización bajo delitos comunes de María Guadalupe Ruiz Briceño, estudiante detenida desde el 13 de julio de 2019 en la Catedral de Managua cuando participaba en actos de protesta.

Al respecto, el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad destacó que “en el marco del Estado de Derecho, el sistema judicial debería funcionar como la primera línea de defensa de los derechos humanos. Para lo cual, resulta imperante el cumplimiento de las garantías de imparcialidad e independencia establecidas en el derecho internacional”. Agregó que, “en el caso nicaragüense, lo que hemos documentado continuamente han sido patrones de represión desde las mismas instituciones encargadas de la impartición de justicia”.

En el marco de la represión contra personas identificadas como opositoras al gobierno, durante el mes de agosto la CIDH tomó conocimiento sobre el exilio a Costa Rica del alcalde de Mulukukú, Apolonio Fargas, por la alegada toma de las instalaciones de la Alcaldía y su domicilio por agentes policiales. Anteriormente, el señor Apolonio Fargas había sido detenido por su participación en las protestas sociales y, posteriormente, liberado en virtud de la ley de amnistía. Por otra parte, el 23 de agosto, la CIDH ordenó la adopción de medidas cautelares para la protección de Violeta Mercedes Granera, integrante de la Unidad Azul y Blanco, al encontrarse en una situación de riesgo en el marco de la actual situación por la que atraviesa el Estado de Nicaragua.

De acuerdo con informaciones de público conocimiento, el 27 de agosto, en el municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega, el señor Francisco Blandón Herrera habría sido asesinado por disparos perpetrados por una persona civil desde su motocicleta. Al respecto, organizaciones de derechos humanos han manifestado que este caso se enmarcaría en el contexto de agravamiento de la violencia en el interior del país contra campesinos y personas identificadas como opositoras al Gobierno. La Comisión exhorta al Estado nicaragüense a investigar con debida diligencia las circunstancias alrededor de este hecho y otros actos de violencia a fin de identificar y sancionar a las personas responsables y así combatir la impunidad y evitar la repetición de hechos similares. Al mismo tiempo, en el ambiente actual de polarización, represión y estigmatización que persiste en Nicaragua, la CIDH llama al Estado a garantizar la integridad y seguridad de campesinos y personas identificadas como opositoras o críticas al Gobierno.

La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, reiteró: “desde la Comisión Interamericana, llamamos nuevamente al Estado de Nicaragua a cesar la represión y en particular, a implementar un proceso adecuado de verdad, justicia y reparación para las víctimas apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”. La Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, agregó: “la superación de la situación de impunidad en Nicaragua y la recuperación de la confianza en las instituciones estatales constituyen algunos de los principales mayores desafíos para el restablecimiento del Estado de Derecho”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Documento completo de la CIDH.