Alcaldía de Managua lleva a juicio a más empresas por defraudación fiscal

Este jueves la gerente de Burger King, el dueño de una chatarrería y el representante de una entidad bancaria se presentaron ante los juzgados de Managua
La Alcaldía de Managua sigue sumando empresas a a la list...

La Alcaldía de Managua sigue sumando empresas a a la lista de negocios que acusó ante el sistema judicial del país por el delito de defraudación fiscal.

Este jueves la gerente de Burger King, el dueño de una chatarrería y el representante de una entidad bancaria se presentaron ante los juzgados de Managua, alegando que las acusaciones son injustas.

El abogado que representa a la Alcaldía de Managua en estos procesos, Ricardo Ramírez, dijo a El Nuevo Diario que, “son varios los casos de defraudación tributaria en perjuicio de la Alcaldía, pero solo se han judicializado 10 o 15”. Según Ramírez en la mayoría de los casos han logrado llegar a acuerdos con los demandados e insistió en que las acusaciones no están vinculadas con el atraso del pago de impuestos municipales a la comuna.

Sobre el caso Burger King

La jueza Séptimo Local Penal de Managua, María Lourdes Corea, dio un plazo de doce días a la representante de la empresa de comidas rápidas, ya cerrada en el país, María Urcuyo, para pagar una multa de un millón de córdobas. El representante legal de la empresaria aseguró que su representada quiere pagar pero que no tiene dinero.

La Alcaldía le atribuye a Urcuyo una defraudación fiscal superior a los 3 millones de córdobas.

Sobre el caso Ficohsa

En este caso la audiencia no se realizó porque el gerente de la entidad bancaria esta fuera del país, según documentación presentada por su abogado de instrucción financiera.

El abogado del bando afirmó que la Alcaldía de Managua les esta cobrando impuestos por premios que otorgan a sus cliente o ahorrantes, que según afirmó, nunca antes habían sido cobrados.

El presidente del COSEP José Adán Aguerrí dijo que estas acciones contra empresarios privados por el cobro de impuestos, es parte de la presión del gobierno contra dueños de negocios.