Mujeres directamente afectadas por la represión estatal en Nicaragua

El Observatorio de Derechos Humanos de Nicaragua registra hechos de violencia política a raíz de la represión gubernamental, que afectaron de manera directa a 119 mujeres entre el 8 de junio y el 27 de agosto del presente año, o sea, en los últimos 80 días.

En los últimos ochenta días de 2019 se han conocido 69 episodios de represión política en 13 de los 17 departamentos del país. La represión se ha centrado en la capital, Managua, con el 55% de casos s violentos, seguida de León (7.6%), Masaya (6.7%), Matagalpa (5.8%), Estelí (5%), Carazo (4.2), Rivas y Jinotega (2.5%) y Nueva Segovia, Granada, Chinandega y la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) con 0.8% cada uno. La violencia política también se ejerció contra siete mujeres fuera de Nicaragua (6.8%), que denunciaron tres agresiones en Costa Rica, una en Panamá y una en Estados Unidos.

Existen múltiples formas de represión violenta que describen en público y en privado. Del total de mujeres a las que se privó de su libertad, el 74.4% (35), fueron secuestradas, ya sea por policías o por individuos encapuchados y fuertemente armados, identificados como fuerzas para militares partidarias. Sólo el 25.5% fueron detenidas por autoridades policiales debidamente identificadas, que procedieron contra 12 de ellas. En tres oportunidades, los para militares actuaron juntos y amparados por la policía orteguista.

" Nicaragua, cuya campaña oficial de turismo tiene el lema “Única y original”- es el país donde la violencia se impone con un saldo de 44 femicidios al 12 de agosto 2019, y denuncias por violencia machista contra 27 mujeres en los últimos setenta días del año" expresa el documento oficial del observatorio. 

el informe plantea que contemporánea con la violencia machista, la represión contra la participación política de las mujeres y la pérdida de las libertades ciudadanas, viene imponiéndose desde hace varios años.

" Las organizaciones de mujeres han sido excluidas de toda relación con el Estado, las comisiones interinstitucionales que alguna vez existieron, perdieron todo funcionamiento y las líderes locales has sido expulsadas por las autoridades orteguistas, tanto a nivel local como nacional", lo que también se considera otra forma de violencia según el informe. 

Desde abril 2018, cuando la insurrección cívica rompió los límites de la tolerancia a la dictadura, se incrementó el control del Ministerio de Gobernación que impuso nuevas condiciones para impedir el funcionamiento de las organizaciones civiles hasta punto que varias ya han cerrado o suspendido sus actividades en todo el país.

Violencia sexual contra prisioneras políticas

La violencia sexual ha sido registrada por algunas organizaciones feministas que les han brindado atención y acompañado a las víctimas, aunque no todas ha presentado acusaciones formales ante las autoridades, a las que identifican como parte o aliadas de sus agresores.

Desde el año 2018 numerosas mujeres denunciaron amenazas, manoseos, insultos, golpes y violaciones sexuales -inclusive por múltiples individuos-, que ocurren desde el mismo momento en que son privadas de libertad. En una oportunidad, una joven relató que fue violada en la Carretera de Matagalpa a Managua por seis hombres que se identificaron como de la “Juventud Sandinista”.