Arturo Cruz: "Cuando los regímenes se agotan, no tienen modo de perdurar, lo mejor es saber irse"

El ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, se refirió a la dictadura Ortega Murillo, asegurando que su tiempo llegó a su fin y que lo mejor que puede hacer es saber irse, esto durante una presentación en la Cámara Americana, AMCHAM.

Cruz inició su presentación recordando la conversación que sostuvo hace algunas semanas con uno de los principales lideres estudiantiles de la rebelión de abril. Él me dijo: “Sub-estimar a Daniel Ortega es un error; pero también, es un error subestimar lo que ocurrió en abril del 2018”.

Según Cruz, esa frase con una peculiar capacidad de síntesis, revelaba que Ortega cuenta con una correlación de fuerzas que le permite sostenerse en lo inmediato, pero que el futuro lo perdió, puesto que, durante esos meses después de abril, la mayoría de los nicaragüenses, incluyendo un número significativo de sandinistas, de modo activo o en silencio tomaron la decisión de salir de Ortega.

"Como país entonces, parafraseando a unos de los científicos sociales más notables del Siglo XIX, estamos en una suerte de transición, entre el viejo régimen que no termina de agonizar, y el nuevo, que no termina de nacer"

En su discurso, el Ex embajador se preguntaba; cuáles son los plazos de esta transición y cómo podemos minimizar el costo para nuestros compatriotas de este recorrido complejo, e incierto, en el que participan múltiples actores dentro y fuera de Nicaragua, todos ellos con intereses encontrados, en un ambiente preñado de desconfianza, de rencores y reclamos personales, acumulados durante los últimos años.

En semejantes condiciones, unificar voces y mensajes, desde el punto de vista de la oposición como universo amplio, no es tarea fácil, en particular cuando estas condiciones se prestan a la polarización y a la radicalización, y se pierden en el proceso la razón y la moderación.

En el afán legitimo de cambiar lo viejo por lo nuevo, se va lo bueno con lo malo y resulta, como sucedió en Nicaragua durante los ochenta, que lo nuevo en muchos aspectos fue igual o peor que lo viejo: miles de compatriotas murieron en la guerra civil, o fueron encarcelados, o tuvieron que ir al exilio.

En 1990, con doña Violeta en el gobierno, quedamos con una economía destruida, y en los años subsiguientes, el PIB p/h en USD del 2005 (Poder Adquisitivo de Compra) continúo decreciendo hasta 2001, cuando finalmente recuperó su crecimiento modestamente, tal y como lo señalan estudios de FUNIDES.

Y como no iba ser así, si lo que encontraron en Nicaragua los nuevos gobernantes en 1990 fue un desierto económico, en buena parte resultado de la hostilidad del sandinismo a las iniciativas del sector privado durante los años ochenta, a pesar de que los empresarios estaban anuentes a trabajar productivamente dentro de la revolución, inclusive, organizándose como gremio para viajar a Washington a cabildear a favor de un paquete de ayuda económica que se estaba discutiendo en el Congreso, propuesto por el presidente Carter para favorecer al gobierno Sandinista.

No estoy alegando que hubiese sido mejor quedarse con Somoza. Mucho menos que es mejor quedarse con Ortega. Lo que digo es que cuando los regímenes se agotan, no tienen modo de perdurar, independientemente de lo que hagan sus lideres.

Lo mejor que pueden hacer, para sus propios intereses y para el bien del país, es saberse ir.

Inclusive por medio de la ruta electoral, con lo cual contribuyen a minimizar los costos de sucesión a través de una suerte de aterrizaje suave, tema sobre el cual hable hace más de un año, pensando en la protección de los nicaragüenses, sobre todo la de los más desposeídos, los que no cuentan con recursos y oportunidades en el exterior.

Este concepto de aterrizaje suave se volvió repugnante para algunos de mis compatriotas, puesto que lo entendían como aterrizaje suave para el régimen y no para Nicaragua.

Esos compatriotas tenían el convencimiento pleno de que Ortega estaba al borde del colapso y que lo único que faltaba era el golpe contundente y definitivo, la “ofensiva final”, como sucedió en julio de 1979.

De cara al futuro, soy un convencido que no hay posibilidad de que esta autocracia sea sustituida por otra. de sustituir a esta autocracia con otra.

También pienso, que los costos económicos de salir del régimen de Ortega, como alegan algunos economistas de prestigio, no serán tan altos como los que experimentamos en 1979 y en 1990, entre otras razones porque los disparates económicos de los ochenta no se han repetido, y no hemos tenido destrucción de nuestra infraestructura económica, cuyo stock más bien ha aumentado.

Pero no cabe duda de que habrá costos de toda índole, y es por esto por lo que, ante una transición dilatada, los nicaragüenses debemos tener cuidado de no poner en riesgo los avances económicos del país, pensando en las necesidades inmediatas de nuestros compatriotas de menores ingresos (que son los que sufren más las consecuencias de los desaciertos de nuestra política), y en los desafíos que enfrentaran los gobiernos democráticos del mañana.

Es en este espíritu, en el de no poner en riesgo nuestros avances económicos como país, a través de muestra integración al ecosistema económico de los Estados Unidos, principalmente a través de CAFTA, que quiero referirme a los orígenes de nuestra membrecía en este Tratado de Libre Comercio entre República Dominica, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como CAFTA por sus siglas en ingles.

Está fue una iniciativa del presidente Enrique Bolaños, recién inaugurada su gestión en una de sus primeras visitas a Washington DC, iniciativa que fue acogida con entusiasmo por el gobierno del segundo Bush, siendo el tratado ratificado por el Congreso de EE. UU. en 2004, y por el de Nicaragua en 2005.

Por el modo tan casual que lo estoy diciendo cualquiera creería que fue una transacción sin dificultades, tanto en EE. UU. como en Nicaragua y en el resto de la región. Pero aquí está el Dr. Mario Arana, a la sazón Ministro de Economía, quien trabajo fuertemente en este esfuerzo junto a los embajadores Carlos Ulvert y Carlos Sequeira, con doña Alicia Martin, con la licenciada Azucena Castillo, con el Canciller Caldera y con otros compatriotas en la iniciativa privada, como Fernando Traversari (el primero en sugerir que solicitáramos los TPLs). Pido al Dr. Arana que me desmienta si no fue así, cuando digo que la ratificación de este tratado fue una batalla, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos.

En el caso particular de Nicaragua, obtener de los negociadores estadounidenses los TPLs, y, a su vez, que estos no fueran impedimentos para que miembros claves de su Congreso no votaran en contra del tratado, fue un logro notable. Puesto que fue sobre la base de este mecanismo, que empresas extranjeras que se ubicaron en nuestro país, podían importar tela hecha en China, y exportar vestimenta a los EE. UU. sin violentar la regla de origen, lo cual, le dio a Nicaragua una ventaja competitiva sobre los otros países miembros durante los primeros años del acuerdo.
En ausencia de los TPLs, probablemente, el sector de textiles no se hubiese desarrollado con la fuerza que lo ha hecho en nuestro país, y esperemos que lo continúe haciendo en el futuro.

El esfuerzo para negociar y ratificar el Acuerdo fue tan grande (ante la resistencia de numerosos grupos de presión en los EE. UU.) que el gobierno de don Enrique Bolaños tuvo que contratar en Washington DC los servicios de asesores en la materia, y dentro de Nicaragua, con el fin de promover la campaña del Puente a la Prosperidad, se conformó un equipo entre los que se destacaban Manuel Guillen, el caricaturista de La Prensa, y Edgar Tijerino, el grande de la crónica deportiva nicaragüense.

Y es que sumarse a CAFTA no solo tuvo resistencia en EE. UU., sino que también fue tema de polémica entre nuestros compatriotas, con voces tan respetadas como las de los sociólogos Oscar Rene Vargas y Orlando Núñez, quienes se oponían a la ratificación de este. Y no solo ellos: debemos recordar que CAFTA, estaba diseñado desde un primer momento para favorecer, principalmente, la creación de empleos, por medio de la inversión extranjera, no para beneficiar a los capitales nacionales, quienes más bien, en algunos casos, miraban este arreglo comercial con mucho temor.

Pero a pesar de las polémicas internas, de las complejidades de la política de EE. UU., y de intereses opuestos a los nuestros en los países vecinos, el tratado se negoció y se ratificó, y hoy como resultado, cerca de 125 mil nicaragüenses trabajan en las zonas francas regadas por todo el país, lo cual significa el sostén de 125 mil familias, aproximadamente medio millón de nicaragüenses, contribuyendo también a una mayor formalidad en el empleo, y a generar miles de empleos indirectos.

Si al régimen, con su comportamiento interno y externo, no le importa exponer la membrecía de Nicaragua en CAFTA, el resto de los nicaragüenses la debemos cuidar, puesto suponer que una vez que Nicaragua sea democrática los empleos perdidos no solamente regresarán, sino que inclusive aumentarán, es desconocer la lógica operativa del capital internacional y de las maquilas.

Es por lo anteriormente expuesto que pregunto: ¿Nuestra membrecía en CAFTA, la deberíamos valorar como parte de nuestro interés nacional? Si la respuesta es si, entonces, no nos podemos exponer a perderla, aún en momentos como el actual, cuando hay urgencia de salir del régimen político que sofoca las aspiraciones democráticas de la mayoría de los nicaragüenses.

A principio de los noventa en Haití, se habían instalada 145 empresas maquiladoras, las cuales empleaban entre 36 y 41 mil trabajadores, pero producto del embargo comercial impuesto por la comunidad internacional, con la OEA a la cabeza, en represalia por el golpe militar del general Cédras en 1991, las empresas maquiladoras en Haití se redujeron a 80 en 1996, los empleos se compactaron a 18,500, y a la altura del 2015, solamente había 16 empresas generando alrededor de 13,500 trabajos, una caída, durante estos años, de más del 65,0% de los empleos

La crisis que se inició con el golpe militar se resolvió varios años después, no por la presión comercial y la perdida de 140,000 empleos en el sector privado, sino más bien, cuando el gobierno de B. Clinton, con autorización del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, intervino militarmente en la isla.

Haití nos enseña que la destrucción de su economía no fue el modo más efectivo para deshacerse de su régimen militar, tal como ahora el caso de Venezuela nos demuestra que, a pesar de una economía deshecha, con un decrecimiento de más del 50,0% de su producto en los últimos cuatro años, el régimen de Maduro perdura en el poder. En efecto, hay que diferenciar entre destrucción y presión económica, y es por esto último, que, a partir de abril del 2018, el sector privado como un todo, optó por favorecer la aprobación del Nica Act.

Si perdemos nuestra membrecía en CAFTA, los ganadores serán nuestros vecinos del Triangulo Norte, como fue el caso de República Dominicana con Haití.

Esta sería otra oportunidad perdida, como tenemos tantas a lo largo de nuestra historia. A modo de ejemplo, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, de la cual fuimos excluidos por la administración Reagan durante los años ochenta, iniciativa que Costa Rica aprovechó para transformarse de una economía agraria, a una más industrial, más compleja, más innovadora.

A finales de 2011 como comentario a un trabajo sobre la gobernanza democrática en Nicaragua del reconocido politólogo José Luis Velásquez, publicado por FUNIDES en 2011, afirmé: “Nicaragua se ha distinguido por su volatilidad económica, espejo de su volatilidad política”. Esto me llevó a concluir, junto con José Luis, que “la política” es lo que explica que en nuestra historia los ciclos de descapitalización sean más numerosos que los ciclos de capitalización.

En medio de la lucha por salir del régimen dictatorial del momento, no nos hemos preocupado por conservar lo bueno, que toda sociedad es capaz de producir, particularmente en lo económico, alegando que lo que estamos perdiendo será fácil de recuperar, puesto que tendremos una nueva sociedad política, libre de los pecados de generaciones pasadas.

Lo dicho, cuando lo vemos con la mirada larga de la historia, es lo que ha hecho que nosotros los nicaragüenses, seamos una sociedad de restas y divisiones, en vez de ser una sociedad de sumas y multiplicaciones.

Encontrar qué se debe hacer para remediar las deficiencias políticas que constituyen el impedimento principal para un desarrollo económico sostenido, no solo ha sido el desafío de nosotros los nicaragüenses, sino también para otras sociedades, tanto en nuestro vecindario como en otros más distantes.

En este tema, permítanme hacer una breve reflexión histórica sobre nuestra América Española en aquellos momentos cuando nos queríamos desprender del poder metropolitano y sobraban las advertencias de que inevitablemente caeríamos en la anarquía y en el desgobierno.

La respuesta de los independentistas para apaciguar estos temores fue lo que ellos llamaban “el arte científico del buen gobierno”, basado en el ejemplo de Estados Unidos de Norte América, con la redacción de una buena constitución, de la cual fluiría un buen gobierno, tal como estaba ocurriendo en la América inglesa.

Y con la esperanza de que solo se requería de esa buena constitución para garantizarnos la gobernanza republicana, los padres de la patria se abocaron en toda nuestra América a redactar con entusiasmo y esmero todo tipo de constituciones, ya fuesen de corte liberal o conservadora, constituciones que, para muchos expertos en la materia, eran ejemplos de finura legal.

Sin embargo, los pleitos y resentimientos acumulados a lo largo de la colonia eterna entre los propios criollos independentistas provocaron desconfianza, rencillas y odios entre ellos, a tal extremo que muchos se terminaron matando, destruyendo con sus desuniones esos magníficos edificios legales, que fueron sustituidos, en nombre del orden, por las grandes figuras militares, los celebrados caudillos, los remedos del Rey.

Si se quiere, ese fue nuestro primer esfuerzo en pretender una gobernanza basada en leyes y no sobre la base de la personalización de la cosa pública. Y aunque en la mayoría de los países de la región este esfuerzo no prosperó, no deja de ser admirable, y todavía fue más admirable cuando finalmente en algunos países se redactaron constituciones, de menos elegancia legal, pero las cuales se cumplían a cabalidad.

Tal como advertía Aristóteles (y ofrezco disculpas si creen que estoy cayendo en la pedantería de citar a los griegos de antaño):

“La ley, en efecto, deriva sólo de la costumbre de la fuerza que tiene para inducir a la obediencia, y como la costumbre no nace sino en el transcurso del tiempo, esto de pasar a la ligera de las leyes vigentes a otras nuevas, acabará por debilitar la fuerza de la ley”.

Además de forjar marcos legales apropiados para los tiempos, y cumplir con ellos, se trata también de forjar resguardos alrededor de estos marcos legales, es decir, códigos no escritos de conducta ciudadana, sobre todo, entre los que participan activamente en la cosa pública.

Durante nuestra propia República Conservadora de la segunda mitad del Siglo XIX, la constitución de 1858, en el Capitulo 9, articulo 32, con referencia al periodo presidencial y las veces que el mismo individuo podía repetir en el cargo, rezaba: “El ciudadano que lo haya servido no puede ser reelecto para el inmediato”. Esto obviamente se prestaba para que cualquiera de los que hubiese ocupado el cargo, después de un periodo, podía aspirar legalmente de nuevo. Solo el el primero y el último de los ocho presidentes de ese periodo buscaron la reelección, y ninguno de los otros, ya que eran respetuosos de los códigos no escritos, resultado de los temores que la reelección presidencial provocaba entre los nicaragüenses de la época.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Como mueren las democracias (2018), en referencia a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, alegan que, para preservar las democracias, “además de buenas leyes”, se necesitan “normas”, o, dicho de otra manera, buenas conductas ciudadanas y el respeto a los códigos no escritos, que resguarden esas buenas leyes.

Cuando nos llegue el momento de construir nuestro marco legal del futuro, sin duda, será necesario acudir a las mejores luces de “los que saben”, tal como ya se esta haciendo en diferentes espacios ciudadanos; pero es igualmente importante recordar la advertencia de Aristóteles, y cumplir con ellas, aún si para este propósito, estas leyes no sean las más sofisticadas, o no cumplan con todas las partes de lo que deberían ser las “leyes ideales”.

Y por supuesto, lo más difícil: ¿Cómo forjar las normas, las buenas conductas ciudadanas?, Sin ellas, lo dicho, pierde su significado. Y esas normas requieren de tiempo para asentarse, y sin ellas, las instituciones democráticas están desprotegidas, puesto que las instituciones no son hechas de cemento, como los puentes o los edificios, sino que más bien, son el resultado de esa conducta ciudadana de los códigos no escritos, que se trasmiten de una generación a la otra.

Regresando a los años ochenta y noventa, debo apuntar que no me parece aceptable la narrativa que algunos de nuestros compatriotas han querido construir señalando un trayecto directo de Somoza a Ortega. Eso no fue así, tal como lo ha señalado el economista Donald Castillo Rivas. Hubo un intermedio de la Revolución sandinista, durante la cual el partido igualaba en peso a los órganos del Estado y la Dirección Nacional del FSLN cogobernaba con la presidencia de Daniel Ortega.

Pero también, tal y como dije anteriormente, cuando llegó al gobierno doña Violeta, la herencia de la Revolución sandinista fue la de un desierto económico, con un PIB p/h tan bajo que, proporcionalmente, como he alegado en otras ocasiones, había mas ciudadanía, una clase media más robusta, y una base material más solida en 1979, cuando el derrocamiento de los Somoza, que, en 1990, cuando la derrota electoral de los sandinistas.

La gobernanza durante los primeros años de doña Violeta fue muy difícil, puesto que el país no terminaba de reanimarse económicamente, abrumado por relaciones de propiedad trastocadas durante la década revolucionaria, sin empresarios dispuestos a invertir sus ahorros en Nicaragua, y con flujos de recursos externos menores a los anticipados.

Incluso, los flujos bilaterales de Estados Unidos fueron interrumpidos temporalmente por las objeciones del entonces Senador J. Helms, y en años subsiguientes, hubo cooperación internacional cuando ocurría un desastre natural — como fue el huracán Mitch durante la presidencia de Arnoldo Alemán –, pero sin un desastre de esta naturaleza, la cooperación fue raquítica y, por lo que recuerdo, don Enrique Bolaños siempre se quejó de la escasa ayuda bilateral que los EE. UU. le ofreció a su gobierno.

El presupuesto del gasto público de don Enrique no paso de 1,400 millones de USD, con los cuales, además de apaciguar los reclamos de los nicaragüenses, tenía que cumplir con partidas presupuestarias obligatorias, darle servicio a la deuda pública y enfrentar imprevistos como el colapso de los precios internacionales del café y los incrementos mayúsculos en los precios del petróleo. Todo esto, conservando el equilibrio macroeconómico, respetando los techos del gasto público acordados con el FMI y sentando los cimientos para una economía que creciese sobre la base de la inversión privada.

Claramente, las “condiciones objetivas” de 1990 no eran las más propicias para que en Nicaragua se pudiese consolidar el tipo de modelo de sociedad de “lo que debe ser”, es decir: una democracia representativa, acompañada de una economía mayoritariamente de iniciativa privada, pero con un estado preocupado, por medio de su política fiscal, de procurar una mejor distribución del ingreso entre los nicaragüenses. Sobre todo, como nos recuerda permanentemente Monseñor Álvarez, una política económica que favorezca a los más vulnerables, la opción preferencial por los pobres, tal como lo estipula la doctrina social de la Iglesia Católica.

En otras palabras, tanto a don Enrique como a doña Violeta les tocó gobernar para el futuro, pero ofreciendo muy poco en el presente, lo cual, le permitió a Daniel Ortega conservar su base electoral, y continuar con la política de siempre, basada en arreglos personales y clientelistas, la cual se presta a los populismos de todos los colores, a premiar a los gobernantes “efectivos”, que resuelven para lo inmediato, independientemente del modo en que lo hacen.

Uno de los peligros de un tránsito prolongado a una salida electoral, es el deterioro de la economía, la cual decreció dramáticamente el año pasado, continuará decreciendo este año, y seguramente el próximo, y también en el 2021. Cuatro años de decrecimiento consecutivos es cierto que no dejan un desierto, pero si dejan las secuelas de una sequía severa, complicando una vez más el desarrollo de la Nicaragua “que debe ser”, ya que el país estará de nuevo abrumado por la inmediatez de sus múltiples problemas, especialmente si en estos años perdemos los motores de nuestro crecimiento económico, y si la cooperación internacional, igual a los noventa, no alcanza los niveles esperados, con desembolsos lentos, que pueden tomar fácilmente un año, tomando en cuenta los ciclos de la aprobación de prestamos propios de los organismos multilaterales.

El alegato de Daniel Ortega para justificar su permanencia en la presidencia se basa en que su mandato, legalmente estipulado, termina en noviembre del 2021. Pero nosotros sabemos que esta es una legalidad que, en el mejor de los casos, es dudosa, puesto que carece de legitimidad de origen, tomando en cuenta el fiasco electoral de noviembre del 2016.

Es el mismo alegato del último de los Somoza, quien argüía que su mandato presidencial, legalmente terminaba en 1981, por lo cual rehusó a proceder con elecciones adelantadas.

Lo mismo podemos esperar de Ortega, pretendiendo llegar hasta noviembre del 2021, independientemente de los costos de su permanencia para el país, con la diferencia de que su régimen tiene una correlación de fuerzas más favorable para sostenerse en lo inmediato.

¿Cuál es el cálculo de Daniel Ortega?

A estas alturas, con su aparato coercitivo fortalecido, Ortega no le teme a un desenlace como el de julio de 1979, y más bien su expectativa es de prolongar los comicios hasta noviembre de 2021 con el fin de que la oposición, durante este trayecto, se fragmente, abrumada por sus pleitos, algunos de los cuales son de vieja data, ya que se remontan a los años ochenta; mientras que otros pleitos son más recientes, ya sea porque algunos sienten que sus motivos de lucha son “más puros” que los de los otros, o bien, por ambiciones de protagonismo personales, propios de la condición humana.

De lo que se trata, en el cálculo de Ortega, es que la oposición, además de fragmentarse, radicalice su discurso, atemorizando a la sociedad económica, y que cualquier reforma en el tema electoral, negociada — por ejemplo — con la Secretaria General de la OEA, independientemente de su seriedad, sea rechazada por la oposición “más vertical”, presta a devaluar en las redes sociales, a los que estén dispuestos a explorar la seriedad de la propuesta de reforma.

Pero si con algo cuenta Daniel Ortega es con que, una vez reelecto D. Trump en noviembre del 2020 suponiendo que dure hasta entonces, sin la preocupación de garantizarse los 29 votos electorales de la Florida, su entusiasmo por terminar con la Troika de la Tiranía se evapore, sobre todo con los cambios que ocurren con frecuencia en los altos cargos del aparato de la política exterior de los Estados Unidos.

Todo lo cual, lo hace pensar que debe “aguantar” hasta noviembre del 2021, independientemente de que, de acá a la fecha de las elecciones, los Estados Unidos y la comunidad internacional sancione a los miembros de su familia, a sus asociados más cercanos y a sus conglomerados empresariales, inclusive, esta dispuesto como he dicho en otra ocasión, a llevar al país, a la economía más básica, la del arroz y la de los frijoles.

Lo notable de lo que está ocurriendo en nuestra patria a partir de la explosión social de abril del 2018, es que la oposición nicaragüense como universo amplio, en vez de polarizarse y radicalizarse, tal como anticipa Ortega y como suele ocurrir en momentos de grandes cambios sociales, más bien tiende a la moderación y a buscar puntos de encuentro entre sus diferentes fuerzas.

Y en vez de frustrarse porque el régimen todavía se conserva, la oposición tiende a ser más realista y pragmática en sus reivindicaciones.

Me pregunto, ¿como veríamos hoy que regresase Caleb McCarry, el asistente del expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos?, ¿Tendríamos la misma actitud de desconfianza y rechazó que tuvimos como cuando vino de buena fe, a principios de junio de 2018, para indagar si se podía encontrar una salida negociada a la crisis?

También tengo la impresión, cuando sostengo conversaciones con los más jóvenes entre los opositores, de que existe el animo de aceptar un arreglo electoral, negociado principalmente entre el gobierno y la Secretaria General de la OEA, siempre y cuando el gobierno cumpla, previamente, con los protocolos negociados con la Alianza Cívica sobre la liberación de los presos políticos, el cumplimiento de garantías ciudadanas y la protección internacional que se le debe brindar a los exiliados ansiosos de regresar a Nicaragua.

Es interesante observar como cada uno de los miembros del amplio universo opositor en Nicaragua, se bajan de sus respectivos pedestales, sin reclamos de superioridad entre ellos, reconociendo la labor que los otros hacen.

Inclusive, entre los que fueron comandantes de la Revolución Sandinista, como es el caso de Luis Carrión, hay un sentimiento de auto critica genuina, que recientemente los ha llevado a reconocer que en los ochenta se “impuso la lógica del partido único”, y que, producto de sus ortodoxias ideológicas, “los campesinos de todo el centro del país se alzaron contra la revolución y el gobierno sandinista”, aceptando también que se cometieron injusticias en contra de los propios somocistas, como la que se cometió con el señor en Boaco que le quitaron su finca, “que la hizo con su trabajo, no se la robó a nadie ni nadie se la regalo”.

La disposición de bajarse de los pedestales es fundamental para un mejor entendimiento entre los miembros de la sociedad civil organizada y los dirigentes de un partido político del talante de Ciudadanos por la Libertad.

Es comprensible que algunas de las organizaciones de la sociedad civil estén deseosas de conformarse como corporaciones partidarias, pero tal vez este no es el mejor momento para hacerlo, puesto que se puede prestar a la desunión, y, también, porque estarían a la merced de las manipulaciones y las trampas del gobierno.

La formación de un partido político requiere de un tendido territorial, lo que no es fácil de organizar, como le pueden preguntar a Kitty Monterrey quien, junto con los militantes de su partido, con el amparo de la OEA, lograron superar tantos obstáculos para obtener la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad.

Y hoy, precisamente por ese esfuerzo tan vilipendiado en su momento, la oposición tiene un vehículo electoral confiable, alrededor del cual se puede conformar la UNO del futuro. Esta puede ser la opción para el 70,0% de los nicaragüenses que no tienen preferencia ni de partido ni de candidato, y que están deseosos de salir del orteguismo, pero sin un muerto más, sin un preso más, sin un exiliado más, sin un desempleado más.

En la Nicaragua democrática, que florezcan los partidos que quieran y puedan florecer. Mientras tanto, se puede forjar la unidad electoral sobre la base de la representación parlamentaria, aunque en el futuro, precisamente, la diversidad de voces y de intereses en el parlamento puede terminar llevando al país a una condición de pluralismo débil, sobre la cual ahora se puede afirmar, con la perspectiva del tiempo, que es una fase inevitable en el desarrollo de las democracias.

El reto del universo opositor consiste ahora en coincidir en el vehículo electoral, en unificar voces, en forjar un radio de confianza entre los actores más relevantes de la oposición, en construir una defensa común, en la que los ataques a unos resulten ser un ataque a todos, en evitar la destrucción económica del país, en pedirle a los empresarios que continúen invirtiendo en Nicaragua con el fin de recuperar los miles de empleos perdidos, en continuar exigiendo del gobierno una ruta electoral creíble, para lo cual hay que mantener la presión por todas las vías, desde las presiones en los órganos internacionales, hasta la protesta ciudadana pacifica.

El escenario más probable no es el de elecciones adelantadas, aunque hay que insistir en ellas. Esto significa que llegaremos hasta noviembre del 2021 en condiciones difíciles y complejas, con una economía golpeada resultado de las intransigencias y las medidas del gobierno. Pero hay que hacer todo lo posible, para evitar una economía deshecha, que le permita a Ortega, perdiendo las elecciones, continuar con su estrategia de aprovecharse de una economía tan devaluada, que no se preste a una pronta recuperación, obligando a los nuevos gobernantes a ofrecer futuro sin presente, a prometer instituciones democráticas, a cambio del subsidio al transporte público, algo similar a lo que ocurre hoy en Ecuador, con Correa actuando como Ortega en los 90, haciéndole a Lenin Moreno casi imposible gobernar.

Me hubiese resultado fácil venirles a decir que Ortega, parafraseando a Mao, es un “tigre de papel”, que sus días están contados, y que, por lo tanto, para apresurar su caída, hay que sacar a Nicaragua de CAFTA; y que el gran capital se declare en paro económico indefinido, supuestamente, según algunos, para multiplicar los desempleados, para crear las condiciones que provoquen un “levantamiento de hambre”; que el costo de todo esto es temporal; y que los Estados Unidos, con el FMI, Banco Mundial y el BID, juntarán fondos para ofrecernos un mini-plan Marshall. Pero sabemos que el tigre no es de papel y que el hambre no provoca levantamientos, tal como hemos insistido a lo largo de esta presentación.

El 26 de octubre de 2016, en este mismo foro de AMCHAM, con alguno de ustedes presentes en esa ocasión, argumente que el esquema de poder de Daniel Ortega se le estaba agotando, puesto que las expectativas ciudadanas de los nicaragüenses iban en ascenso, mientras los recursos venezolanos decrecían aceleradamente. Que le estaba llegando el momento de ir preparando su salida, si no quería correr el riesgo del último de los Somoza, es decir, de provocar una crisis de sucesión mayúscula, en la que el país perdía sus avances económicos, pero, sobre todo, de provocar la muerte, el encarcelamiento, el exilio de muchos de nuestros compatriotas.

Es por esto, por las tantas crisis de sucesión que hemos vivido, por tantos gobernantes que no se quieren ir, que, a partir de hoy, el slogan de todos los aspirantes a la presidencia de Nicaragua en el futuro debe ser: “Yo si me voy”

Inicié esta presentación agradeciéndole a monseñor Piccioni y al señor Nuncio, por todas sus gestiones a favor de encontrarle una salida pacifica a la crisis en la cual nos encontramos; y también le agradecí a nuestra Iglesia Católica Nicaragüense, por todo lo que hacen a favor de su pueblo.

Quiero concluir con dos reflexiones de Monseñor Rolando José Álvarez: la primera, cuando nos recuerda que “los buenos políticos, buscan la unidad de todo un pueblo, desde la diversidad de pensamientos, para lograr el bien común”; y la segunda, cuando nos pide que seamos los nicaragüenses capaces de sentarnos en “una mesa común donde alcancen todos sin excluir a nadie. Y donde el pobre tenga el lugar central”.