OACNUDH: Estado de Nicaragua continua restringiendo derecho a la Libertad de Expresión

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH) emitió el boletín que cubre entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2019, el cual destaca que a lo largo de este periodo, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica continuó siendo indebidamente restringido. Las personas que fueron privadas de su libertad en el contexto de las protestas de 2018 y luego liberadas bajo la Ley de Amnistía, son objeto de acoso y persecución, especialmente aquellas que desempeñan un papel de liderazgo. 

Según la OACNUDH, la Policía Nacional siguió restringiendo las libertades fundamentales mediante el despliegue de un gran número de agentes de policía en lugares públicos y a través de la prohibición sistemática de las protestas.

La OACNUDH documentó restricciones a la libertad de los medios a través de amenazas y actos de vandalismo de particulares contra sus dispositivos multimedia, afectando a medios de comunicación independientes y a periodistas que habían expresado críticas contra el Gobierno.

En septiembre, diferentes organizaciones, entre ellas la Unidad Médica Nicaragüense, el Comité Pro- Liberación de Presos Políticos, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüense, el movimiento campesino y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), entre otras, intentaron organizar diferentes protestas en Managua. Éstas trataron de presentar documentación a la Policía Nacional para informarle acerca de su intención de realizar manifestaciones, sin embargo, las autoridades se habrían negado a recibir dicha documentación.

El 21 de septiembre, cientos de manifestantes se reunieron en cuatro zonas comerciales de Managua, después de que la UNAB convocara a una protesta para conmemorar el primer aniversario de la muerte de un joven manifestaciones de 2018. Aunque los participantes manifestaron pacíficamente y estaban desarmados, la Policía Nacional desplegó un gran número de agentes policiales, incluidos antimotines y unidades caninas en diferentes partes de la ciudad, y utilizó granadas aturdidoras para impedir que los manifestantes salieran a las calles.

Según la información recibida por la OACNUDH, un hombre de 21 años sufrió heridas leves en la cabeza al haber sido herido presuntamente por una bomba aturdidora. También se informó a la OACNUDH que elementos progubernamentales con cascos de motocicleta habrían tomado fotografías de los manifestantes.

El 27 de septiembre, los periódicos El Nuevo Diario y Metro, así como Maje, medio de comunicación digital, anunciaron la suspensión de operaciones "debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas a las que [se] enfrenta[ban]". Desde septiembre de 2018, estos periódicos, así como La Prensa y Hoy, todos críticos del Gobierno, sufrieron la retención de papel y otros materiales de imprenta por parte de las autoridades aduaneras. En julio de 2019, El Nuevo Diario reclamó la entrega del material de imprenta, pero solo obtuvo parte de éste. Cuando La Prensa presentó un reclamo similar, no recibió ninguna respuesta. El 30 de agosto de 2019, un tribunal administrativo de Nicaragua condenó el retraso indebido en la respuesta de las autoridades aduaneras. La retención de material de imprenta por parte de las autoridades podría constituir una violación a la libertad de expresión.

Durante el período que abarca este boletín, la OACNUDH observó un patrón de acoso y persecución por parte de las autoridades contra personas que fueron privadas de libertad en el contexto de las protestas de 2018, especialmente contra aquellas consideradas como líderes.

Entre el 12 de agosto y el 21 de septiembre, la OACNUDH recogió cinco testimonios concurrentes de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que informaron haber sido sometidas a controles excesivos por parte de las autoridades de migración y de la policía cuando cruzaban la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, en la localidad de Peñas Blancas. A diferencia del resto de los pasajeros, a las personas afectadas se les ordenó bajar de los autobuses con su equipaje y tuvieron que pasar por largos interrogatorios y registros que duraron hasta tres horas. La policía también les tomó varias fotografías.

También es preocupante la situación de los abogados que prestan asistencia legal a las personas detenidas en el contexto de las protestas y, en casos más recientes, a personas que participaron en las protestas acusadas de delitos comunes. Dos miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunciaron haber sido víctimas de amenazas y acoso judicial. El 19 de agosto, a raíz de una denuncia presentada por un agente de policía, la Corte Suprema de Justicia ordenó una sanción disciplinaria contra una de estas abogadas, María Oviedo, suspendiéndola por seis meses del ejercicio de la abogacía. El 2 de septiembre, también fue condenada por un tribunal penal a un mes de prisión, por obstrucción de funciones a un agente de policía, sanción que no fue ejecutada. La abogada  apeló  ambas  decisiones.  Asimismo, otra abogada de la CPDH, Leila Prado, huyó de Nicaragua tras haber recibido, amenazas de elementos progubernamentales en contra de ella y de sus hijos.

Entre agosto y septiembre continuó el patrón de arrestos breves, de menos de 48 horas, por parte de la policía contra personas que protestaban o tenían la intención de llevar a cabo manifestaciones contra el Gobierno. Fuentes no gubernamentales indicaron que más de 70 personas fueron privadas de su libertad. La mayoría de estos arrestos se produjo sin orden de detención o sin que existiera delito flagrante y las personas fueron liberadas sin cargo alguno al cabo de unas horas. Personas que habían participado en las manifestaciones de 2018, entre ellas algunas que abandonaron Nicaragua y que, recientemente, decidieron regresar del exilio, también fueron arrestadas por breves períodos de tiempo.

El 19 de agosto, dos grupos de tres y dos defensoras de derechos humanos, respectivamente, fueron presuntamente detenidos por la policía y elementos progubernamentales en Managua, después de colgar pancartas en lugares públicos con el mensaje de liberar a todos los presos políticos. Las cinco mujeres habrían sido trasladadas al Distrito Policial N.º 1, antes de ser transferidas a la Dirección de Auxilio Judicial y ser liberadas36. De acuerdo con la información recibida por la OACNUDH, tres de ellas tuvieron que usar el uniforme de las reclusas mientras estuvieron detenidas y, al menos en un caso, el celular de una de ellas fue confiscado por la policía  y no le fue devuelto después de su liberación.

Según organizaciones de la sociedad civil, a fecha de 23 de septiembre, 139 personas continuaban privadas de libertad en relación con las protestas37. De ellas, 55 fueron detenidas después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, entre ellas al menos ocho personas que habían sido detenidas previamente en el contexto de las protestas y luego liberadas en cumplimiento de la mencionada ley. Según la información recibida por la OACNUDH, estas personas fueron acusadas de delitos comunes, como posesión de drogas y robo agravado, entre otros. Al respecto, el Gobierno reiteró a la OACNUDH que todas las personas investigadas, procesadas o que estaban cumpliendo condenas en relación con los sucesos acontecidos entre el 18 de abril de 2018 y el 10 de junio 2019, fueron liberadas.

Una de las 139 personas privadas de libertad es María Guadalupe Ruiz Briceño, estudiante universitaria de 22 años que fue detenida el 13 de julio de 2019 mientras participaba en una protesta antigubernamental cerca de la catedral de Managua. En este caso, la policía habría proporcionado información errónea a la madre de la detenida, indicándole que la estudiante no había sido detenida, mientras que su nombre aparecía como imputada en la base de datos del poder judicial. Por otra parte, el abogado de la Defensoría Pública que la representó en la audiencia preliminar no impugnó las acusaciones, y a la actual abogada no le habrían permitido reunirse con su cliente en el centro penal de La Esperanza, a pesar de haberlo solicitado en dos ocasiones al juez. El 26 de agosto, 57 organizaciones de mujeres exigieron públicamente la liberación de Ruiz Briceño.

Otro caso documentado por la OACNUDH, es el de Ulises Josué Rivas Pérez, defensor medioambiental que participó en las protestas de 2018. El 1 de septiembre fue detenido en el municipio de Comalapa, departamento de Chontales, en virtud de una orden de detención por robo agravado y lesiones que presuntamente habrían tenido lugar en abril de 2018. Rivas Pérez había permanecido nueve meses en el exilio en Costa Rica y había regresado a Nicaragua en julio de 2019 para visitar a su padre agonizante. Durante su audiencia preliminar, que tuvo lugar el 3 de septiembre, fue acusado de robo agravado y lesiones.

La OACNUDH continuó registrando detenciones arbitrarias o ilegales y restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión. Defensores y defensoras de derechos humanos, abogados defensores, dirigentes sociales opuestos al Gobierno, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación continuaron siendo víctimas de ataques, hostigamientos y actos de intimidación por parte de agentes del Estado y elementos progubernamentales, quienes, en algunos casos, habrían actuado de manera coordinada y con la aprobación de las fuerzas de seguridad.

La OACNUDH no ha tenido conocimiento de ninguna investigación penal abierta contra agentes de policía o elementos progubernamentales por las violaciones mencionadas. Lo mismo ocurre con respecto a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas desde mitad de abril de 2018 en el contexto de las protestas. Es urgente que las autoridades competentes adopten medidas eficaces para desmantelar y desarmar a los elementos progubernamentales, así como para investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

La OACNUDH insta al Gobierno de Nicaragua a que reanude un diálogo significativo e inclusivo, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a fin de resolver la crisis sociopolítica en curso.