Fuga de capital, contracción del crédito y recesión económica

  La recesión económica se explica, en buena medida, por insoslayables factores que pueden resumirse en una generalizada incertidumbre acerca el rumbo futuro del hace poco incuestionable modelo corporativo.

  Al no modificar el modelo corporativo, el cual es concentrador y excluyente en su matriz productiva, en consecuencia, en términos distributivos. Al no lograr atemperar la desigualdad, amortiguar los problemas ambientales, la recesión económica presiona el descontento social.

La fuga de capital en los últimos 19 meses supera el valor de los préstamos negociados desde abril 2018. Con respecto a marzo de 2018, en septiembre 2019, los depósitos en córdobas y dólares han caído -27.6 por ciento y menos -36.7 por ciento respectivamente.

De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), en el 2019, el saldo de los depósitos en córdobas se incrementó en 2.4 por ciento, al pasar de C$ 31,902.2 millones en diciembre 2018 a C$ 32,659.6 millones en septiembre 2019.

 Sin embargo, los depósitos en moneda extranjera se redujeron en menos -14.4 por ciento, al pasar de US$ 2,954.9 millones de dólares a US$ 2,562.9 millones dólares entre diciembre 2018 a septiembre 2019.

  Entre enero y agosto de 2019, la SIBOIF revela que la cartera del crédito bruto se ha reducido en US$ 1,491.4 millones de dólares respecto a marzo de 2018.

   El crédito acumula 16 meses de caída consecutiva desde el inicio de la crisis sociopolítica de abril 2018. La tendencia es que esto se mantenga así todo el 2019 y 2020.

  Antes de la crisis de abril 2018, el crédito bruto ascendía a US$ 5,172 millones de dólares, 16 meses después alcanza los US$ 3,680.6 millones de dólares, lo que equivale a una contracción de menos -29.4 por ciento.

 En septiembre 2019, la cartera crediticia en riesgo es mayor al 10 por ciento de la cartera total de los bancos y de las entidades financieras.

    El Índice de la Cartera de Riesgo se incrementó al pasar de 2.80 en marzo de 2018, al 8.54 en diciembre de 2018.

   Mientras tanto, el costo de la vida sigue aumentando, con el incremento en la energía eléctrica, el agua potable y la canasta básica, sumado a la pérdida de puestos de trabajo, muchos nicaragüenses están quedando en la insolvencia financiera. No les alcanza el dinero para pagar sus deudas.

       Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), al terminar el mes de julio 2019 el costo de la canasta básica fue de C$ 14,160 córdobas. El componente de la canasta básica correspondiente a alimentos costó C$ 9,472 córdobas. El componente vestuario C$ 1,704 córdobas y los artículos de uso doméstico como jabón, luz, agua, costaron C$ 2,983 córdobas. El costo de la canasta básica aumentó en C$ 595 córdobas entre enero y julio 2019.

   En las zonas francas el salario mínimo vigente desde el año pasado es de C$ 5,461 córdobas. Si la canasta básica de alimentos cuesta C$ 9,472 córdobas, significa que la familia promedio de los 125 mil trabajadores no se están alimentando correctamente. El salario mínimo para el sector comercio, transporte y turismo, es de C$ 7,661 córdobas. Tampoco les alcanza para la comida.

  Las personas están dejando de pagar, (préstamos personales, de consumo y tarjetas de créditos) por diferentes razones entre las que están: pérdida de empleo, reducción de plazas de trabajo en las empresas, cierres de pequeños talleres, empresas y comercios. Otros cambiaron de domicilio o se fueron del país.

   Por lo tanto, miles de personas están siendo demandadas en los juzgados civiles por acción de pago, donde le pueden embargar el salario, perder sus bienes inmuebles (casas, fincas, vehículos, maquinarias) mediante subasta al martillo o ejecuciones forzosas.

  Esta situación se ve refleja en la cartera de cobro judicial de los bancos y financieras, la cual se incrementó en un +277.52 por ciento entre junio 2017 (C$ 427,811.5 córdobas en créditos) en cobro judicial a junio 2019 (C$ 1,615,080.3 córdobas en créditos).

   En el PGR-2020 se mantiene el subsidio a la Empresa Nicaragüense de Petróleo (PETRONIC), controlada por la familia presidencial, en el 2020 recibirá C$ 550.2 millones de córdobas; es decir, C$ 53.1 millones de córdobas más que en el 2019.

  Al mismo tiempo, se mantiene en el 2020, el subsidio para el transporte urbano de buses de Managua y Ciudad Sandino por un monto de C$ 355.2 millones de córdobas.

   El régimen Ortega-Murillo calcula que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) cierre con un déficit de C$ 3,138.8 millones de córdobas en el 2019 y de C$ 3,184.8 millones de córdobas en el 2020; inferiores a los C$ 4,333.19 millones de córdobas en el 2018.

  El problema del INSS es que los ingresos por inversiones están erosionados. En el 2019, las inversiones generarán en ganancias C$ 79.9 millones de córdobas y en el 2020 producirán solamente C$ 57.0 millones de córdobas. Inferior a los C$ 232.9 millones de córdobas en el 2018. Y mucho más bajo de los C$ 1,393.0 millones de córdobas en el 2010.

  Si no se logra revertir la recesión y por las condiciones prácticamente quebrada del INSS, sin duda el régimen impulsará un nuevo ajuste que se traducirá en mayores costos a la población, menos servicios médicos. Esta situación tiene su origen en las malas inversiones, la corrupción y en el incremento de la planilla de trabajadores, muchos de ellos son miembros de las fuerzas de choque del régimen.

  El Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que la deuda externa total (pública y privada), al finalizar el segundo trimestre del 2019, sumó US$ 11,602.8 millones de dólares, de los cuales US$ 6,057.0 millones de dólares correspondieron al sector público y US$ 5,545.8 millones de dólares al sector privado.

   La suma del endeudamiento público con Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) representa el 48.57 por ciento de la deuda pública externa a finales de agosto de 2019.

  A finales de agosto 2019, la deuda pública con el BID asciende a US$ 2,072.3 millones de dólares y de US$ 1,073.0 millones de dólares con el BCIE.

  Es necesario promover un pacto social que dé prioridad al interés público sobre el privado, los propósitos distributivos sobre la acumulación privada del excedente, la protección de la naturaleza sobre el crecimiento indiscriminado, los derechos sociales por encima de valores

 En el centro de este pacto social debe estar una importante reducción de la desigualdad, de la concentración de la riqueza y del ingreso. Es preciso elevar los ingresos presupuestarios disponibles para el impulsar el desarrollo sostenible, a partir de una reforma tributaria progresiva.

Conclusión. El talón de Aquiles del régimen es la combinación de la recesión económica mezclada con la enorme crisis social en desarrollo que se profundiza día a día.