Elecciones adelantadas se esfuman
Casi 30 años después de la transición a la democracia con Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua y la oposición política asisten a un escenario similar al que vivieron en 1990: lograr la unidad de todos partidos y sectores de la sociedad y presionar al régimen de Daniel Ortega para que acepte adelantar las elecciones generales de 2021, como solución pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018. Sin embargo, de esas dos misiones, la primera ha entrado en el sinuoso camino del consenso de las fuerzas políticas, mientras que la otra parece esfumarse.
Así, la euforia por unas generales antes de 2021 que emanó de la rebelión cívica de abril de 2018, y luego capitalizada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se esfuma en el país, o al menos hasta lo que resta de este año. “Ya no se enfatiza en adelantar elecciones, aunque las firmas encuestadoras demuestran que la oposición está dividida, débil, mal organizada o desorganizada, y que el Frente Sandinista, aunque está golpeado, se encuentra más listo”, dice el excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa.
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LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LAS ELECCIONES
Esa visión de la oposición nicaragüense, de acuerdo con especialistas, ha provocado que la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, se desencante por presionar un anticipo electoral y, más bien, apueste por reformas que den credibilidad y transparencia a los comicios de 2021.
Sobre esto, Aguirre Sacasa comenta que ha cambiado el discurso sobre el tema electoral en Nicaragua, y recuerda cómo cualquier comunicación que salía del Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado o la misma Casa Blanca de Donald Trump, incluía de cajón una referencia al adelanto de las elecciones presidenciales.
“Con el pasar del tiempo, las expectativas de la oposición y de las capitales del mundo que están involucradas en la crisis, han ido aterrizando a la realidad”, expuso Sacasa el mismo día que el Consejo Europeo de la Unión Europea aprobó un marco para aplicar sanciones individuales a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y en el que se hizo referencia a reformas electorales que permitieran restaurar la confianza de las instituciones públicas.
“Las elecciones adelantadas se vienen esfumando porque el Gobierno no tiene interés en ella”, dice por su parte el analista político y exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila. También valora que, aunque no se presione por un adelanto, la comunidad internacional sigue constatando el cierre irracional del régimen por buscar una solución a la crisis, e insiste, dice, en la liberación de los presos políticos, la restauración de libertades públicas, y un proceso electoral creíble.
“Es cierto que la UE ya no está hablando de elecciones adelantadas, pero el marco jurídico que aprobó la UE habla de un proceso electoral y da a entender que respaldan elecciones libres, no hablan de elecciones adelantadas, pero abogan por la solución política que es electoral. Si el Gobierno quiere resolver la crisis tiene que contemplar hacer elecciones lo más pronto posible”, señala.
Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, dijo que no han abandonado la postura de que las elecciones se debería de adelantar, porque la realidad refleja que hay un sentido de urgencia en la población para salir de esta crisis. “Creemos que la mejor manera de resolverla es recurriendo al soberano, a través de una elección”, señala.
“Ortega le ha dado largas a las elecciones, y para ir a elecciones necesitás reformas, y entre lo que hacés reforma y que podás tener una elección, estás básicamente a un año de eso, y eso empieza en el momento en que inicia una negociación, y de momento no se ve indicio de que se está encaminando. Asumo que Ortega se abrirá a una negociación de reformas electorales, se necesitan, son vitales, sino difícilmente habrá legitimidad”, añadió el economista.
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De momento, Ortega se muestra convencido de no convocar a elecciones anticipadas, aunque los expertos consideran que el panorama podría cambiar si los países como Canadá, Estados Unidos y UE sancionan más fuerte al régimen. El 11 de noviembre se vence el plazo para que la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua entregue a la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre la situación del país, y no se ve ahí un medida que presione al régimen para aceptar reformar o adelantar elecciones, pues suspender a Nicaragua de ese organismo panamericano se muestra difícil en tanto no se tenga los 24 votos necesarios. Según fuentes de la Alianza, lo que podría surgir es una resolución de advertencia al régimen de que si no aplica reformas electorales, desconocerían el proceso de 2021.
SUICIDIO PARA LA OPOSICIÓN
Aún así Ortega aceptara adelantar las elecciones, que es improbable, la que se llevaría la peor parte será la oposición, dada su marcada diferencia, y más, si no logra que el dictador acepte implementar las reformas electorales para que el proceso sea transparente. Las agrupaciones cívicas que surgieron a raíz de la crisis -la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica y el Grupo Pro Reforma- han presentado propuestas que se centran principalmente en eliminar la reelección, devolver la confianza en el sistema electoral y el restablecimiento de los mecanismos de participación ciudadana.
Una encuesta de la firma CID Gallup, presentada en septiembre pasado, reveló la impopularidad que enfrentan los partidos políticos tradicionales entre la ciudadanía nicaragüense, al punto que el 66% dijo no identificarse con facciones políticas existentes y solo 4% mostró afinidad con el Partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán y 2% con Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Pese a la mala imagen que carga el Frente Sandinista, el 25% de los encuestados respondió tener preferencias con este. “Adelantar elecciones sería un suicidio para la oposición, pero Daniel Ortega, cuenta con la experiencia de 1990, año en el que todas las encuestas le daban una victoria. Ortega no se confía de sus simpatizantes, y teme que en elecciones libres, podría perder, si es que se logra organizar la oposición, algo que hasta la fecha no ha pasado”, valora Aguirre Sacasa.
Mientras la oposición no logre una verdadera unidad y puje por reformas verdaderas al sistema electoral, Ortega llegaría a 2021 con amplias ventajas para perpetuarse en el poder por otro quinquenio más. El único partido que se muestra opositor es Ciudadanos por la Libertad (CxL), – con escaso respaldo entre el electorado – que recientemente presentó a un grupo de asesores para que consigan la unidad de todos los sectores sociales.
Entre esas figuras están el exministro de Educación, Humberto Belli, y los exembajadores de Nicaragua en Washington, Bosco Matamoros y Arturo Cruz. Este último dijo en un evento de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amchan) que el reto de los sectores sociales es elegir un partido confiable para participar en un proceso electoral, descartando que se forme uno nuevo, y apostando por la casilla de CxL como el “vehículo” confiable sobre el que se puede organizar la Unión Nacional Opositora (UNO) del futuro.
COALICIÓN OPOSITORA SÍ
Otra encuesta de la firma Borge & Asociados, realizada entre el 12 y el 20 de septiembre, reveló que un 27.2% de la población estaría dispuesta a votar por una coalición opositora, integrada por Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, en unas eventuales elecciones.
La firma costarricense también publicó un sondeo de opinión que mostró un aumento del apoyo a una coalición azul y blanco. El ejercicio dio un puntaje positivo de 44% a la oposición mientras al Frente Sandinista 36%.
En un sondeo, Gallup se registró que un 44% de la ciudadanía ve positivo una coalición entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia con la Unidad Nacional Azul y Blanco, mientras un 28% declara una opinión desfavorable hacia esa posibilidad.
ACUSACIONES
A lo interno del partido político CxL ven a la Unidad como una agrupación de oenegés que se identifican con el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). “CxL no quiere nada con la UNAB, o sea, que la división entre ellos es rampante, y otra división son las quejas de algunos representantes de excarcelados y campesinos que acusan a la UNAB de andar conociendo el mundo”, dijo una fuente cercana a CxL.
En la otra acera de las agrupaciones corre la crítica que CxL quiere liderar la gran coalición como la de 1990 que encabezó Violeta Barrios de Chamorro, una apuesta, dicen, de las élites económicas. Despacho 505 intentó comunicarse con la presidente de este partido, Kitty Monterrey, pero no hubo respuesta.
La coalición, según Arana, tiene que ir más allá de la Alianza y la UNAB, por tanto deberá involucrar a partidos políticos. “Hemos dicho que la postura de Arturo Cruz es personal, y la Alianza se pronunció por una amplia coalición. Se debe procurar la unidad más amplia posible”, insiste, aunque reconoce que CxL es un partido cercano a la Alianza Cívica.
“Hay una gran voluntad por la unidad, pero hay mucho que debatir y negociar, es un proceso y cada quién tiene derecho a su punto de vista. Estamos llamando a organizarnos y prepararnos a lo que venga, para que se salga de la crisis. Todos estos años, el régimen ha moldeado el poder a su semejanza, las propuestas que estamos viendo hablan de la despartidización de las instituciones”, plantea.
El miembro de la Alianza manifestó que esa búsqueda de la unidad los llevará a acercarse a partidos tildados como satélites de la dictadura, una movida arriesgada que podría ensuciar la búsqueda de esa gran coalición. En otro comunicado emitido este martes por la UNAB, se informó que ambas agrupaciones civiles han logrado consenso en algunos puntos, sin embargo está pendiente discutir la relación con “el colapsado sistema de partidos políticos”.
“En estas circunstancias una cosa son los partidos y otras sus bases, muchas de estas bases estuvieron en los frentes de lucha. Eso tiene un valor muy importante que no puede ser ignorado, la Alianza está abierta a todos los partidos políticos. No hay una postura sectaria, todo lo contrario, y eso incluye hablar con los partidos zancudos. La coalición está en fase de explorar su viabilidad”, defiende Arana.
Para este reportaje, Despacho 505 se comunicó con el Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Liberal Independiente, que con otras facciones llegan a 19 diputados en la Asamblea Nacional. María Fernanda Flores, jefa de la bancada del PLC no respondió nuestras llamadas que buscaban consultarle si su partido buscaría la unidad por su cuenta o respaldaría a la UNAB y Alianza Cívica.
La historiadora y excomandante guerrillera Dora María Téllez considera que hay acercamiento de posiciones en materia de reformas electorales. “Yo no veo división o unidad, eso es estático, si lo vemos como algo dinámico, pues tenés a la Alianza Cívica que no tiene expresiones territoriales, pero si tiene expresión sectorial y la UNAB tiene expresiones sectoriales y territoriales, ahí tenés dos grandes ejes, lo que se trata es de ir construyendo los caminos para acercar las oposiciones”, analiza.
La oposición nicaragüense, agrupada en partidos políticos y agrupación civiles que surgieron por la insurrección de abril, está llamada ahora a lograr una unidad verdadera con la que puedan derrotar a Ortega en las urnas, siempre y cuando existan garantías para celebrar elecciones en 2021. Si bien la UNAB y la Alianza tienen un camino político claro, deben lidiar para que no se impongan las ambiciones de las élites económicas o de los partidos que han jugado al ritmo de Ortega, o, peor aún, que organizaciones y liderazgos comiencen a maniobrar unos contra otros.