Ejecutivo llama a consultas a embajadora en Nicaragua tras Ortega impedir un viaje del secretario de Estado

Exteriores insta a la capital de Nicaragua a poner fin a la represión y restituir las libertades, al recrudecerse una crisis que ha dejado más de 300 muertos

La embajadora de España en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, ha sido llamada a consultas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, "para analizar la situación de la relación bilateral" con este país.

El llamado fue realizado luego de que el régimen de Daniel Ortega impidiera, por tercera vez, una visita del secretario de Estado español para Iberoamérica, según informó el Departamento en un comunicado.

"España revisará su relación bilateral", ha afirmado el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en su cuenta de Twitter. 

De Laiglesia ha llamado al embajador nicaragüense en Madrid, Carlos Midence "para trasladarle el malestar del Gobierno español"

Hacer el llamado a un embajador extranjero es sinónimo de protesta diplomática, que va más allá de presentar una simple nota, pero llamar a consultas al embajador español acreditado en un país, si bien no es tan grave como retirarlo completamente, es una medida excepcional que muestra un alto nivel de molestía.

Nicaragua, cuyo presidente es uno de los escasos aliados del venezolano Nicolás Maduro, lleva ya un año y medio inmersa en una crisis política, protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y una represión que ha dejado más de 300 muertos y más de 120 presos políticos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más de 70.000 personas han dejado el país desde abril de 2018.

La decisión "dificulta la interlocución"

"España ha mantenido, históricamente, unas buenas relaciones con Nicaragua", continúa el comunicado, pero la decisión del Gobierno nicaragüense de rechazar, por tercera vez, una visita de alto nivel, "dificulta la mutua interlocución".

El Departamento que dirige en funciones Josep Borrell ha señalado que, desde que comenzaron las primeras manifestaciones en abril de 2018, la situación "continúa deteriorándose" y en los últimos días se está produciendo "un recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales contra familiares de manifestantes presos que reclaman su libertad", así como "episodios violentos y asedios" a la Iglesia de San Miguel, en la ciudad de Masaya, y a la Catedral Metropolitana de Managua.

Así, el Gobierno español ha redoblado su llamamiento "a que cesen los actos represivos contra la población" y a que "se restituyan y garanticen los derechos de manifestación, expresión y prensa de conformidad con la constitución nicaragüense". También llama a recuperar "la negociación política basada en el respeto de los Derechos Humanos y los principios democráticos".

Exteriores ya había emitido, el pasado fin de semana, un comunicado en el que reclamaba al Gobierno de Daniel Ortega que levantase el asedio contra la iglesia de San Miguel de Masaya, en cuyo interior permanecen el párroco y 14 personas en huelga de hambre para pedir la liberación de sus familiares, presos políticos.

En el mismo comunicado, expresaba "preocupación" por la detención de 13 personas que les prestaban apoyo y recordaba que la libertad de expresión, manifestación y reunión son "pilares básicos de la democracia garantizados por la Constitución nicaragüense".

El PSOE Internacional también se pronunció ante este hecho, a través de su cuenta en Twitter.