Manifestante opositora al orteguismo: “Fueron 30 policías los que me violaron … hicieron conmigo lo que quisieron”

“Era mucho dolor porque me metían objetos, me amarraban la quijada para tener abierta la boca, me golpeaban y daban puñetazos”, relata Leonardo Rivas, sobre esa noche del 11 de junio de 2019, cuando en una de las celdas de la Estación Tres de la Policía Orteguista fue violado.

Según el relato, el joven fue secuestrado por civiles armados progobierno en las afueras del bar donde laboraba y, posteriormente, trasladado a las celdas en las que sufrió torturas físicas y sicológicas.

Rivas, quien estudiaba la carrera de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), recuerda que paramilitares y agentes policiales, durante los interrogatorios y en la misma violación, le llamaban “golpista”, “asesino” y “tranquero”, asegurándole que pagaría por oponerse al régimen.

La organización Amnistía Internacional en su informe “Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua”, publicado en octubre de 2018, revela que el resultado de la respuesta represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la insurrección cívica, que inició en abril 2018, fue la ejecución de “graves violaciones a derechos humanos”, entre las que también se practicaron las “torturas sexuales”.

“A través de la documentación de al menos doce casos de posibles actos de tortura, Amnistía Internacional concluye que agentes estatales o parapoliciales actuando bajo su mando inigieron actos de dolor y sufrimiento en contra de personas manifestantes como método de castigo e investigación para obtener información sobre la organización de las protestas, lo cual constituye una grave violación de derechos humanos y un crimen de derecho internacional. Al menos uno de los casos documentados era de tortura sexual en contra de una joven en un centro ocial de detención”, señala parte del escrito.

Horas antes de la violación, Rivas arma que fue torturado más de cuatro ocasiones, lo cual hizo que perdiera la conciencia y al recobrarla se encontraba nuevamente en el mismo escenario: hombres encapuchados que le gritaban que solo recibía su merecido. “Abro los ojos y veo a seis personas vestidas de negro con amansa bolos (tonfas) en las manos y una mesa con tubos y objetos circulares alargados.

Yo no me percato que lo que querían hacer era abusarme, sentía que me iban a asesinar, me pasaban los cuchillos por el cuello y en todo el cuerpo”, relató indignado el universitario. El estudiante agregó que en ese momento solo “sentía el deseo de morir, no quería salir vivo, no podía creer lo que estaba viviendo. Me decían que a mí me gustaba eso, que yo era un golpista cochón (homosexual)”.

La tortura sexual no solo fue ejecutada contra Rivas, ya que la práctica de este tipo de violaciones a los derechos humanos fue registrada desde que iniciaron las detenciones de manifestantes, que exigían y mantienen la misma demanda de libertad, justicia y democracia.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) revela en su informe de “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” que entre el 18 de abril y el 18 de agosto de 2018 hubo violencia sexual en los centros de detención del país.

“Las violaciones de derechos humanos documentadas por la OACNUDH incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacíca y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno”.

El organismo de Naciones Unidas resaltó que algunos de los testimonios que recibieron de los manifestantes que fueron detenidos señalan que fueron objeto de “violencia sexual mientras estaban privados de libertad. Algunas mujeres fueron objeto de violencia sexual, incluyendo violación, y señalaron que son comunes las amenazas de abuso sexual. Los detenidos varones también denunciaron casos de violaciones, incluyendo violaciones con ries y otros objetos”.

Violaciones múltiples

Otros de los casos denunciados fue el de una ciudadana a la que llamaremos Cadenas, de 22 años, una estudiante de medicina que brindó asistencia médica durante las protestas sociales, principalmente, en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), cuando ambos centros de estudios sirvieron como trincheras durante las protestas contra la régimen de Daniel Ortega.

La universitaria fue capturada la madrugada del 23 de septiembre de 2018, en una casa de seguridad de Managua, junto a otros tres manifestantes. Durante la detención, Cadenas fue obligada a desnudarse y realizar sentadillas frente a agentes de la Policía. En ese instante, en su defensa informó que tenía dos meses de embarazo.

“Me hicieron desnudarme, me obligaron a realizar 25 sentadillas, pese a que les dije que estaba embarazada. Uno de los hombres me dio con la cacha de la pistola en la cara”, narró Cadenas. La joven fue traslada a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como “El Chipote”. En ese centro de tortura fue interrogada en tres ocasiones; el último considera que fue el “peor” y lo calica como “algo que no le desea a nadie”.

Durante el primer interrogatorio a Cadenas la llevaron a un cuarto pequeño, caliente, donde solo había una ventana polarizada, un escritorio y una persona sentada frente a ella. Este fue el interrogatorio “más suave”, según remarca la estudiante de medicina. A eso de las 11 de la noche del mismo 28 de septiembre, fue expuesta a un segundo interrogatorio.

Primeramente, la pusieron dentro de un cuarto oscuro en el que no podía ni ver las palmas de sus manos y tampoco supo de dónde llegaban los golpes a su cuerpo, sentía animales que rozaban y caminaban en su cuerpo, mientras rogaba a Dios que no fuera un animal venenoso, que no le picara y que no le causara daños al hijo que llevaba en su vientre.

En ese interrogatorio, luego que la sacaron del cuarto oscuro, a Cadenas le mostraron un libro con fotos de estudiantes de la UNAN-Managua, le insistieron en que intentara reconocer a los muchachos. Además, la obligaron a leer una acusación preparada por los agentes del régimen mientras la grababan y apuntaban con las armas de reglamento de los custodios de “El Chipote”.

“Me llevaron a un interrogatorio donde incluso tenían un libro con fotos de todos los chavalos de la UNAN, siempre dije que no sabía nada, me golpearon con las AK en las piernas y, cuando no aguanté, caí hincada. La mujer que me estaba interrogando me dijo que me levantara, me dijo ´nadie te ha puesto a descansar, perra´, me volvieron a golpear y me tiraron un diente y me hicieron leer una acusación que ellos prepararon, mientras me grababan y apuntaban con sus armas”, rememoró Cadenas.

Horas después, en la madrugada del 29 de septiembre, la universitaria fue llevada a un tercer interrogatorio y ahí pasó lo que ella calica como “la cosa más horrible que no le deseo a nadie”. Cadenas fue violada sexualmente por 30 policías, según su testimonio. La universitaria fue amarrada de pies y manos, aproximadamente, por una hora y fue abusada hasta quedar inconsciente en una de sala de interrogatorios de El Chipote.

“Me llevaron al siguiente día (la mañana del 29 de septiembre) inconsciente a la celda, fueron 30 policías los que me violaron, eran 30 hombres que no me dejaron en paz toda la madrugada, lo hicieron por penetración anal y vaginal, me agarraron como su muñequita de trapo. Los últimos (en violarme) fueron unos gordos asquerosos, al nal me dejaron tirada en una mesa”, relató Cadenas, mientras su voz se quebrantaba y las lágrimas recorrían sus mejillas.

Cadenas considera que el motivo de la tortura sexual era hacerla decir quiénes eran los estudiantes y ciudadanos que protestaban contra el régimen Ortega-Murillo, para luego girar órdenes de captura en contra de ellos.

María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva adjunta de monitoreo, cooperación técnica y promoción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), armó que en agresiones de esta naturaleza cometidas por agentes del Estado dentro de los centros de detención tienen casos “en los que cuatro o cinco ociales violaron a una misma persona, entonces, podemos entender que hubo violaciones múltiples”.

Agregó que en estos casos encontraron “algunos elementos que son coincidentes, por ejemplo: se trata de personas que ya habían estado sujetas de control de las autoridades, que estaban en un centro policial o que estaban en un centro de detención como El Chipote, inclusive, se habla de violaciones múltiples

Las víctimas de violencia sexual

Pulido resaltó que, hasta la fecha, han recibido por lo menos una “decena” de casos sobre violencia sexual, aunque explicó que todavía no cuentan con un dato especíco sobre el número de manifestantes que han sido víctimas de la ejecución de este tipo de torturas.

“Nosotros hablaríamos de una decena de casos sobre violencia sexual dentro de los centros de detención de Nicaragua, porque algunas violaciones se dieron dentro de comisarías y otras en “El Chipote”, no solo en los sistemas penitenciarios”

Asimismo, señaló que, en cuanto a las violaciones a derechos humanos, han recibido centenares de testimonios de víctimas, a través de diferentes patrones de represión que se han venido registrando y que siguen ocurriendo en Nicaragua en contra de las personas que han protestado en rechazo a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Nosotros estamos realizando un informe sobre las personas privadas de libertad en Nicaragua. En este informe uno de los puntos de los que daremos cuenta será precisamente eso (las violaciones sexuales en los centros de detención), hasta ahora lo que hemos hecho es sistematizar los testimonios que hemos recogido, analizarlos y este material va a ser tenido en cuenta en ese informe”.

La Secretaria Ejecutiva de monitoreo de la CIDH aseguró que, personalmente, recibió los testimonios de varios ciudadanos que fueron víctimas de violaciones sexuales al momento de ser detenidos o al encontrarse bajo la custodia de autoridades nicaragüenses, tal como sucedió con los universitarios Cadenas, dentro de las celdas de El Chipote, y Rivas, en la estación tres de la Policía.

Igualmente, denunció que la violencia sexual ha ido desde los tocamientos en partes íntimas de mujeres y hombres, hasta ataques sexuales con objetos que causan graves daños físicos en las víctimas. “Tenemos casos de ataques sexuales con bastones policiales de goma, tenemos casos de agresiones sexuales con los cañones de los fusiles AK, tenemos casos de toques inapropiados en partes privadas y tenemos casos de amenazas y retaliaciones a personas que han sido objeto de estos tratos denigrantes, que estaban en un centro policial o que estaban en un centro de detención como El Chipote”.

Sin asistencia médica

La violencia sexual no solo se cometió en los centros policiales o de detención de la capital, Rafael Acevedo, de 43 años, dice que vivió en carne propia este agelo del que responsabiliza a agente policiales y paramilitares de Jinotepe, Carazo, ubicado a 43 kilómetros de la capital. Acevedo fue capturado por parapolicías, el 08 de julio de 2018, mientras se desarrollaba en Jinotepe la llamada “Operación Limpieza”, orientada por el régimen de Daniel Ortega para, según informes de organismos internacionales defensores de derechos humanos, levantar los tranques colocados por ciudadanos en diferentes puntos de Nicaragua, Amnistía Internacional, en su informe “Sembrando el Terror”, denunció la ejecución de este plan.

“La respuesta del Gobierno fue recrudecer su estrategia represiva, mientras anunciaba una Operación para la Paz, que se conoció popularmente como Operación Limpieza. Esta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enfrentar a las personas manifestantes a través de grupos combinados de parapolicías armados y agentes de la Policía Nacional, que llegaban a las localidades organizados en operaciones sosticadas, atacando y haciendo uso generalizado de armamento letal militar”.

Al ser detenido portando su mortero y la bandera de Nicaragua, Acevedo fue pateado, amarrado de pies y manos, taparon su cabeza con un trapo y lo lanzaron en la tina de una camioneta Hylux, identicadas como el medio de transporte donde operaban los temidos paramilitares del orteguismo.

El manifestante, reconocido en Jinotepe como “El Teacher” porque se ha dedicado a entrenar a jovencitos que se unían a sus ligas de fútbol, recuerda que le anduvieron dando vueltas por varias horas hasta que, a eso de las 4 de la tarde, fue llevado a un lugar que calicó como “clandestino”, donde lo volvieron a golpear y lo tiraron a otra camioneta Hylux.

Tres horas después, Acevedo fue llevado a la estación policial de Jinotepe, donde le soltaron los pies y manos, le colocaron las esposas y lo obligaron a pasar por un túnel humano, formado por policías y parapolicías armados de tonfas y garrotes de madera, que lo latigaban mientras caminaba por el medio. “Un policía me bajó y me dijo: ´pasa por ahí hijo de puta, este es el camino del diablo y vas a pasar por ahí´. Pasé por ahí y comienzan a darme, a darme y darme. Fue como 20 o 30 metros después que caí inconsciente, luego llegó un momento donde ya no sentí de tanto que me golpearon”, denunció Acevedo.

Una vez que “El Teacher” pasó por “El Camino del Diablo” fue dejado tirado en el piso, mientras de sus ojos, nariz y boca continuaba emanando sangre y aún sin poder recuperarse, Acevedo asegura que sintió, pues estaba de espalda, como alguien llegó y le ensartó un objeto de hierro en su ano. “Una vez que paso el camino del diablo me dejan tirado en el suelo, tiraba sangre por todos lados; la nariz, los ojos y los oídos reventados. Estoy en el suelo y escucho que alguien se acerca -yo estoy en el suelo y de espalda- y esa persona con algo de hierro vino y me lo ensartó, de ahí perdí el conocimiento. Me desmayé prácticamente”, recordó Acevedo.

Luego de la golpiza y violación, el jinotepino despertó en las instalaciones de “El Chipote” todavía con su cuerpo ensangrentado y dolorido. “Me desnudaron y me metieron a la celda 29 en “El Chipote”. Ya dentro, uno de los muchachos, que también habían apresado, me dice que me miraba con mucha sangre de ahí atrás (el trasero), me quité el bóxer y era sangre con heces fecales, me bañé a como pude con la poca agua que había en una pileta y me acosté de un lado”, rememoró el ahora excarcelado político.

Acevedo pasó seis días en ese centro de tortura y, posteriormente, fue trasladado a las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocidas como “La Modelo”. El manifestante pasó tres meses defecando sangre como consecuencia de la violación que sufrió en la estación policial de Jinotepe.

“Los custodios de “La Modelo” lo saben porque yo desde el servicio les decía que no saldría a recuento, una especie de revisión que ellos hacen, porque estaba defecando sangre y les enseñaba con el papel higiénico en la mano, entonces, me permitían quedarme en la celda”, señaló el ex prisionero del régimen.

Acevedo denunció que nunca recibió atención médica. El manifestante permaneció encarcelado 312 días, acusado de robo, lesiones, tortura y obstrucción a la vía pública, supuestos delitos por los que fue condenado a 13 años de prisión, aunque fue liberado con la polémica Ley de Amnistía el 20 de junio de 2019.

“Fue un proceso de 3 o 4 meses, presentaban testigos falsos, personas que trabajaban en la Alcaldía (de Jinotepe), llevaron personas con las que trabajé cuando era árbitro, me acusaban de robarme motos y camionetas, cuando yo no sé conducir, solo mi bicicleta vieja. Entonces, para mí fue todo un circo”.

El excarcelado político resaltó que, durante la audiencia en la que lo condenan, dijo ante el juez séptimo distrito de juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas, la violación de la que fue víctima en Jinotepe, pero éste guardó silencio. “En la última audiencia en la que nos condenan a 13 años fue que le dije al juez, porque en las otras no nos permitían hablar, que me violaron y torturaron, pero al juez no le importó, no hicieron nada, entonces, era un circo completo, un montaje.

Yo le dije al juez lo que me hicieron, pero no dijo nada”, lamentó Acevedo, quien confesó que toda su vida fue “militante del Frente Sandinista, CLS (Consejo de Liderazgo Sandinista) y coordinador del Movimiento Alexis Argüello a nivel municipal”.

No obstante, resaltó que, al iniciar las protestas sociales contra el régimen, en abril de 2018, no toleró la forma en la que el Gobierno en el que él creía “torturaba y reprimía a muchos jóvenes que intentaban manifestarse, así me metí en los tranques, eso me motivó a protestar en abril y no me arrepiento”, armó el excarcelado político.

Víctimas obligadas al exilio

Un mes antes de lo que vivió Acevedo, “La Chela”, a como llamaremos a una enfermera que brindó asistencia médica en los traques de Masaya, fue víctima de una violación sexual múltiple en la estación policial de ese municipio.

“Ellos me tenían vendada, pero lo que yo miraba eran los pies, es decir, las botas, eran como cinco policías porque vi 10 pies y, desgraciadamente, en ese momento ellos empezaron abusar de mí, me mordían, me golpeaban, mientras uno me violaba por un lado el otro lo hacía por el otro”, reveló “La Chela”, ahora desde el exilio en Costa Rica. Arma que no solo fue violada a través de penetraciones genitales, sino que sintió que “usaron otras cosas que no era el pene, creo que hubo otro tipo de objetos que usaron para violarme”.

La enfermera fue detenida el primero de junio de 2018, permaneció encarcelada durante tres días, la interrogaron desnuda en más de 10 ocasiones, fue fotograada sin ropa, la obligaron a leer un documento mientras era grabada y en los interrogatorios insistían en preguntarle si conocía a la comandante guerrillera e historiadora Dora María Téllez, le consultaban si ella era quien le mandaba las armas a los “tranqueros”.

“La Chela” denunció que la violación que sufrió en Masaya no fue casualidad, sino que fue una orden directa de tortura, que fue emitida por una de las jefas de celda en la estación policial de ese municipio. “Ellos abusaron de mí por orden de la jefa de celda. Ella les dijo: ´ustedes saben lo que tienen que hacer´”, recordó la ciudadana. Horas después de ser abusada, fue llevada desnuda a una celda donde se encontraban reos que también fueron detenidos con ella. Posteriormente, unos agentes llegaron a dejarle su ropa y le dijeron que se vistiera.

A “La Chela” posteriormente la trasladaron a “El Chipote” con sus ojos vendados. En ese centro de detención fue, según su testimonio, recibida a patadas por un comisionado policial del que recuerda haber visto una placa que decía “Somarriba”.

La mujer también fue obligada a desnudarse y realizar sentadillas, mientras sus genitales eran golpeados con una tonfa. La enfermera mencionó que ya en prisión en un espacio “putrefacto” escuchó a una joven que entre llantos decía que la habían violado y que estaba sangrando. “Estaba llorando junto a mi celda, decía que la habían violado, que estaba sangrando. Yo sabía que era muy doloroso y pedía a Dios que nos ayudara”.

Cojeando y sostenida por los brazos de sus compañeros, salió de “El Chipote”, luego de 72 horas de detención. La mujer fue liberada y entregada a los defensores de derechos humanos de la Asociación Nicaragüense ProDerechos Humanos (ANPDH) y al sacerdote Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya.

Pese a todas las torturas que recibió, “La Chela”, en vez de salir de su casa o exiliarse inmediatamente, decidió regresar a su municipio, donde continuó protestando contra el régimen Ortega-Murillo. Sin embargo, el 17 de julio de 2018, “La Chela” se ve obligada a huir, salió herida por un impacto de bala en su glúteo y en compañía de otros manifestantes heridos se dirigieron a la Laguna de Masaya, donde se escondieron por un día y decidieron irse hasta el departamento de Rivas, desde donde partieron el 19 de julio hacia Costa Rica.

Diagnósticos severos

El exilio forzado le permitió a “La Chela” recibir atención médica física y psicológica. La violación múltiple de la que fue víctima dejó en su cuerpo una enfermedad de transmisión sexual para la que tuvo que someterse a tratamiento. Psicológicamente la enfermera también sigue afectada, asegura que le sigue costando dormir y que tiene episodios de ansiedad y depresión.

No obstante, sostiene que ese episodio en su vida, aunque sintió que le derrumbó todo por lo que había trabajado, la ha hecho más fuerte. “Me arruinaron la vida, pero me han hecho más fuerte, me quitaron mis bienes; los carros, las placas, la casa. Mi casa fue rafagueada, mi casa la intentaron quemar, en la casa había niños y mi madre”.

El doctor Óscar González, cirujano bariatra y parte de los más de 100 médicos que se exiliaron luego de brindar los primeros auxilios a los manifestantes heridos durante las protestas sociales, es uno de los galenos que cada sábado atiende gratuitamente a sus compatriotas nicaragüenses y arma haber registrado, junto a sus colegas, un poco más de 30 casos de protestantes que señalaron que fueron violados en las cárceles de Nicaragua.

Entre los 21 médicos y 29 estudiantes de medicina y carreras anes, atienden a unos 100 nicaragüenses que se refugiaron en Costa Rica. González asevera que desde las primeras consultas que ofrecieron, primeramente, en la Iglesia La Merced y, actualmente, desde las ocinas de la ANPDH, recibieron pacientes que les conrmaron haber sido objeto de violaciones sexuales en las cárceles de Nicaragua. “Recibimos varios casos de muchachas que indicaron que habían sido violadas dentro de las cárceles por policías, algunas, incluso, referían que en casas particulares.

Tenemos dominio de varios de los casos, muchos de ellos con secuelas psicológicas y psiquiátricas por las situaciones a las que fueron sometidos y sometidas”, aseguró el doctor González. Asimismo, explicó que parte de las secuelas físicas, que han encontrado en las víctimas de violencia sexual son enfermedades de transmisión sexual y desgarros pélvicos. “Algunas fueron diagnosticadas con el papiloma humano, además de las secuelas psicológicas y psiquiátricas, algunos hasta han tenido intentos suicidas”.

En las violaciones, según los diagnósticos y testimonios recabados por la Asociación Unidad Médica Nicaragüense en el Exilio-Capítulo Costa Rica, los violadores usaron armas, botellas y palos de escoba. El caso que más le impactó conocer a González, aunque todos constituyen violaciones graves a los derechos humanos e integridad física de los manifestantes, fue el de una “mujer que estaba desgarrada físicamente por múltiples violaciones, fue impactante ese caso.

Por cada palabra que decía ella lloraba, era revivir ese momento, para nosotros fue muy duro, ella tiene menos de 20 años, fue muy duro”. El especialista explicó que a las afectaciones de algunas de las 36 víctimas que tiene en sus reportes se le suman las secuelas en los órganos pélvicos. “Hay casos en los que se les lesionó el esfínter y quedan con incontinencia urinaria, algunos tienen que usar pampers (pañales de adulto), en otras hay que estar vigilantes porque pueden desarrollar otras secuelas.

El ginecólogo Bismark Alberto Somarriba explicó que hay varios tipos de esfínter, pero el que está justo en el ano, que ayuda a sostener las heces fecales, “al introducir algo lo puede desgarrar completamente, el desgarro provoca incontinencia fecal a futuro, según el tipo de introducción (si fue brusca, permanente, o con objeto inanimado), la persona puede llegar a defecarse sin darse cuenta, y en otros casos con dolores”.

También advirtió que la víctima de violación múltiple o de introducción de objetos tiende a presentar hemorroides, ya que “puede encontrarse una alta vascularización en las arterias y venas pueden resultar várices o hemorroides sangrantes, que a futuro puede causar dolores intensos o sangrado a la hora de la limpieza”.

Somarriba detalló que “la parte terminal del ano está compuesta por los vasos sanguíneos grandes e inervación, de tal manera que cualquier problema que ocurra en esa zona va a provocar mucho dolor, va a desgarrar porque es altamente vascularizado y, obviamente, si hay alguna introducción de objetos o cualquier otro elemento que no sea la salida de heces fecales va a lastimar el esfínter interno y externo”.

En el caso de las mujeres que sufrieron violaciones, el médico explicó cuando hay una relación sexual normal, la vagina se lubrica y prepara, pero si hay algo involuntario o forzado, prácticamente, la vagina está cerrada y corta, por lo tanto, “puede darse un desgarro de vagina y a veces, dependiendo del tipo de brusquedad, se puede dar un desgarro vaginal y anal, si la mujer cierra la vagina puede haber un desgarro de fondo vaginal, que corre el riesgo de sangrados masivos y hasta la muerte si no se atiende a tiempo”.

Somarriba insistió en que la agresión va a ser mucho mayor cuando se introducen objetos y no el órgano reproductor masculino, pues eso provoca un “desgarre más severo y perforación anal, romper los intestinos y causar la muerte de la víctima”.

El especialista dijo que, lamentablemente, los procesos quirúrgicos y tratamientos cuestan miles de dólares, más en esas zonas delicadas, pero en esos casos la parte emocional es la que inuye, “el saber que fuiste sometido a esta situación y que mañana no sabes cómo vas a superarlo, cuesta voltear la página”.

Las cifras de violaciones

La abogada Carla Sequeira, directora del área de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), reveló que como defensores y abogados han recibido múltiples denuncias de casos de violaciones sexuales en las cárceles formales y clandestinas en el país.

La CPDH tiene 12 casos de denuncias de violencia sexual, directamente, vinculada a los hechos de protestas en Nicaragua, muchas de ellas, según la abogada, fueron en el contexto de la “Operación Limpieza”. Por su parte, la organización Defensores del Pueblo, dirigida por el abogado Julio Montenegro, registra más de 30 casos. “Dentro de esto hay varones y mujeres, de los casos que yo tengo conocimiento, pero la mayoría preere que no se divulgue, por temores”, explicó Montenegro, quien recalcó que en el caso de los hombres la situación es “más drástica” porque incluye “la introducción de botellas en el ano, puntas de AK y palos”.

El psicólogo Oliver Vanegas Fitoria señaló que los temores a los que las víctimas registradas por los Defensores del Pueblo hacen alusión, pueden deberse “desde mecanismos de defensa de la personalidad como la negación, la racionalización y comportamientos como: miedo, desconanza, hostilidad, aversión al sexo, culpa, y síntomas característicos de sufrimientos mentales como la depresión, ansiedad y fobias”. El abogado Montenegro insistió en decir que ha visto casos muy fuertes de torturas sexuales, “que cuando cuentan se parten en llanto. Hay un problema serio que tienen, hay un temor grande”.

A su vez, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ahora con ocinas en Costa Rica, ha venido recopilando desde septiembre de 2018 testimonios de personas que han sido víctimas de violaciones y abusos dentro de las cárceles de Nicaragua, armó el abogado Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la organización. “Nosotros hemos recibido más de una docena de casos sobre víctimas de violencia sexual como método de tortura”, aseguró Leiva, que además arma que la práctica de violación se ha convertido en una “pericia común ejecutada por el Estado de Nicaragua hacia las víctimas que son secuestradas y encarceladas sin ningún motivo”.

Según Leiva, Nicaragua está frente a “un victimario que no tiene respeto para el género masculino ni para el género femenino”, ni para “los grupos LGTBIQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero, Intersex, Queer) también han sido parte de las atrocidades que el régimen Ortega-Murillo ha cometido contra la población nicaragüense”.

Wendy Flores, miembro de los defensores de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que se vieron obligados a exiliarse, ahora desde el Colectivo Nicaragua Nunca +, cuyas ocinas se encuentran en Costa Rica, enfatizó que ellos han recibido denuncias por violaciones cometidas por agentes paraestatales y policiales. “Los actos que se cometieron contra las víctimas fueron inclusive grupales, participación de una buena cantidad de hasta 5 o 6 elementos”.

Flores insistió que la mayoría de las personas que estuvieron y aún están encarceladas debido al contexto de la rebelión cívica, fueron abusadas sexualmente; incluyendo desde el mínimo tocamiento hasta la máxima expresión de abuso. Juan Carlos Arce, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo, reveló que preparan un informe en que se han dado a la tarea de entrevistar a 53 personas que fueron encarceladas.

“Logramos recabar al menos cuatro testimonios de personas que fueron violadas sexualmente; tres de ellas por fuerzas policiales en Masaya y de El Chipote, uno de ellos también fue en el Sistema Penitenciario (Jorge Navarro); a una de las personas violadas se le introdujo el cañón del AK en su ano”.

EN BUSCA DE JUSTICIA

Las cuatro víctimas de violencia sexual que decidieron revelar sus testimonios, al culminar su relato, demandaron justicia no solo en sus casos sino para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en Nicaragua. El excarcelado político Rafael Acevedo demandó a la comunidad internacional que “no se preste a creer la falsa realidad que el Gobierno de (Daniel) Ortega ha querido imponer a nivel internacional”, pues armó que la realidad es la que viven todos los días los nicaragüenses que disienten de la forma de gobernar del régimen OrtegaMurillo.

“La realidad es esta; yo fui encarcelado, fui torturado, fui violado, no tengo estabilidad laboral, no solo yo. La situación de país es deplorable. Necesitamos un S.O.S”, solicitó Acevedo, que ahora se gana el sustento diario enjuncando sillas en un puesto improvisado que colocó en la calle junto a su casa, pues las autoridades, según su testimonio, ya no le permiten ejercer como entrenador.

A su vez, la universitaria Cadenas armó que un día podrá regresar a Nicaragua para pedir justicia “por las atrocidades que cometieron en contra de su humanidad y la de muchos que pasaron por la misma situación”.  Agregó que todos los días piensa en volver, pues el exilio es duro y no se le ha hecho fácil conseguir trabajo o continuar su carrera de medicina, sin embargo, no lo hace porque sabe que regresar a Nicaragua “no es seguro” .

Mientras que “La Chela”, al igual que Alvarado, externó un grito de auxilio a la comunidad internacional. “Que se pongan la mano en la conciencia, que observen, que crean en los videos porque son reales, que se pongan la mano en la conciencia, en Nicaragua, han matado, pido justicia por todos los muertos, por los heridos, por los detenidos y por los exiliados que somos los que más sufrimos, por los abusados”.

La falta de acceso a la justicia en este tipo de casos sobre tortura sexual fue advertida desde 2008, pero las autoridades han optado en los últimos 10 por alimentar la impunidad. Desde el año 2008 , el Comité contra la Tortura recomendó al Estado de Nicaragua llevar a cabo reformas en el Código Penal para adecuar la denición que se proporciona de la tortura a la dispuesta por la Convención contra la Tortura, contemplando especícamente los delitos cometidos por el funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, así como adoptar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones inmediatas e imparciales de las eventuales quejas por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Ha transcurrido más de una década y el Estado no ha llevado a cabo la reforma legal requerida y la impunidad para estos casos se ha arraigado aún más, a partir de la represión de las protestas de abril 2018. El abogado Juan Carlos Arce, del colectivo Nunca +, confía en que las víctimas en algún momento tendrán que ser reparadas por el daño causado, porque es parte de los esfuerzos de la justicia, pero al no tenerla en el país es importante seguir documentando evidencias.

“Es realmente importante documentar, para que no se pierdan las pocas evidencias que pueda haber, es decir, una evidencia fundamental es el testimonio de las víctimas, el testimonio de por sí ya constituye un elemento fundamental para abrir cualquier proceso judicial”.

Pulido explicó que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, “la tortura no solo se da por el hecho de un acceso físico carnal, pero también cuando se están utilizando instrumentos ajenos y también actos que signiquen atentar contra la dignidad de la persona, entonces, estos elementos que presentan los testimonios que la Comisión ha recibido presentan ese componente de tortura y evidencia”.

La abogada Carla Sequeira manifestó que es necesario agotar todas las instancias correspondientes a nivel nacional para posteriormente acudir a la justicia internacional. “El Estado de Nicaragua es responsable directo de las condiciones y situaciones que se están viviendo estas víctimas. Parte de nuestro trabajo es llevarlo a la justicia internacional, cuando la vía interna se ha agotado. Aunque no sea una justicia pronta”.