Belga exige la libertad de su hija Amaya Coppens

Unas veinte personas esperan sentadas sobre la hierba, bajo el sol implacable, en las afueras de la nueva cárcel de El Chipote, sede de la Dirección de Auxilio Judicial. Un hombre de ojos azules compra una botella de agua y se la lleva a su esposa, que aguarda el permiso para ver a Amaya, su hija. "Solo puede entrar una persona y nada más diez minutos”, les dice el policía. Federico y Tamara Coppens no pueden creer estar reviviendo esta pesadilla.

"Es un golpe duro, pero no es una sorpresa”, dice a DW Federico Coppens, belga, sociólogo y padre de Amaya. "Desde la renuncia de (el expresidente boliviano) Evo Morales, escuchamos el discurso de Daniel Ortega y supimos que iba a aumentar la represión”, comenta.

Amaya Eva Coppens, líder estudiantil de 25 años, fue detenida la primera vez por participar en marchas callejeras, al calor de la revuelta social que estalló en Nicaragua en abril de 2018. Estuvo presa nueve meses y fue excarcelada el 11 de junio junto a otros 55 líderes sociales, bajo una polémica ley de amnistía.

"Intentamos persuadirla que dejara el país, pero fue imposible… Se puso furiosa, me colgó el teléfono y volvió a las barricadas”, recuerda el padre. Poco después, el 10 de septiembre de 2018, caería presa en la ciudad de León (occidente), donde cursaba el quinto y último año de la carrera de medicina.

Becada por tener excelencia académica, en 2015 se había graduado también con honores como bachiller en un colegio internacional de Hong Kong, adscrito a la red United World College.

En enero pasado, una delegación del Parlamento Europeo encabezada por el español Ramón Jáuregui visitó la cárcel de mujeres en Managua y le propuso a Amaya interceder por su libertad "como ciudadana belga”, pero ella se negó alegando que no saldría sin sus compañeras de celda.

"Agua, no armas”

"Desde niña fue muy alegre, pero también terca e independiente. Ella pelea contra lo que considera injusto”, recuerda Federico Coppens. Piensa que ese mismo carácter llevó a su hija a unirse a otros doce activistas opositores que la noche del 14 de noviembre viajaron a la vecina ciudad de Masaya para apoyar una huelga de hambre de once madres de "presos políticos” que demandaban su libertad.

La huelga había iniciado horas antes –y duró nueve días– en la pequeña iglesia San Miguel, regentada por Edwin Román, un sacerdote de 62 años que apoyó las protestas antigubernamentales de 2018. Román denunció que la Policía tenía rodeada la parroquia y que el gobierno les había cortado el servicio de agua y energía eléctrica.

El grupo que llegó a Masaya logró arrojar varias botellas de agua al interior del templo y al salir de la ciudad fueron detenidos. Cuatro días después, el lunes 18, los activistas fueron acusados por la Fiscalía por "traslado ilegal de armas” y enviados a prisión preventiva.

La Policía informó que les decomisó al grupo tres revólveres, 12 bombas molotov, una escopeta y municiones. "Pretendían efectuar ataques a unidades policiales y a monumentos de héroes y mártires” sandinistas, indicó el informe oficial.

Esa misma tarde, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, advirtió enfáticamente que el gobierno "no permitirá que nadie amenace la paz” y acusó a los obispos católicos de "tocar a Dios con las manos sucias”. "Con la paz no se juega, porque en este país queremos trabajo y tranquilidad”, dijo la esposa de Ortega.

"Todo esto es absurdo. Fue un secuestro, los detuvieron sin orden judicial y les fabricaron evidencias colocando armas en los vehículos”, alega Federico Coppens. "Todos vimos los videos de los muchachos esa noche. ¡Llevaban agua, no armas!”.

Revolución y pesadilla

Durante las primeras horas detenida en El Chipote, Amaya Coppens tuvo una crisis asmática. "Ha sido maltratada sicológicamente y golpeada, tiene moretones en varias partes del cuerpo”, asegura su madre, Tamara Zamora, tras la brevísima visita.

El novio de la joven, el estudiante Sergio Midence, de 27 años y que también estuvo preso en 2018 por apoyar las protestas, teme ser detenido otra vez. "La semana pasada allanaron mi casa y Amaya dice que en los interrogatorios que le han hecho le preguntan insistentemente por mí”, cuenta en una entrevista telefónica con DW, escondido en "algún lugar” de la ciudad.

Al igual que su novia, Midence fue expulsado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), donde estudiaba administración de empresas. La misma suerte corrieron otros 150 alumnos excluidos del sistema público de educación por intervenir en las protestas contra Ortega, según registros del movimiento estudiantil.

"Siento que estoy en una pesadilla que vuelve. Nos despertamos, nos volvemos a dormir y la pesadilla sigue”, comenta Federico Coppens, sentado junto al único pequeño kiosko de gaseosas y comida instalado en las afueras de El Chipote.

Tenía 24 años, casi la edad de Amaya, cuando dejó su casa en la ciudad de Ottignies, al sur de Bruselas, y tomó un avión rumbo a Managua. Llegó "como muchos jóvenes, lleno de sueños, enamorado de la revolución sandinista”. Corría el año 1987 y Daniel Ortega era presidente de Nicaragua.

"¿Será una ley de la historia que las revoluciones terminan desvirtuándose, asfixiadas por el poder que corrompe?”, se pregunta ahora Coppens. "Todavía hace 20 años yo ponía mis manos al fuego por Ortega”, dice.

Con 74 años a cuestas y sin relevo visible en el Frente Sandinista, Ortega gobierna desde 2007 y sus simpatizantes piensan que volverá postularse en 2021, para un quinto mandato. Federico Coppens afirma que el presidente es "un hombre ambicioso y sin escrúpulos” y cuestiona "la torpeza de este régimen, que se ha creado enemigos de puro gusto en su afán de controlar absolutamente todo”.

Pese a su condición de extranjero, no teme hablar en contra del gobierno. "¿Cuánto daño más pueden hacernos? Han encarcelado dos veces a mi hija y yo no voy a dejar de denunciarlos”, subraya. (dz)