Empresario pyme estuvo 15 días preso por cobro de la DGI

El régimen ya pasó de las amenazas de cárcel, a los hechos: el dueño de una pyme del sector industrial estuvo preso “unos quince días”, por una deuda que no podía pagar, relató Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).

Desde hace meses, dueños, administradores y representantes legales de decenas de empresas, así como propietarios particulares de casas, están denunciando el cobro arbitrario del impuesto de bienes inmuebles (IBI), por parte de la Alcaldía de Managua, que exige el pago inmediato de sumas que duplican, triplican y más, el monto real que por ley deberían pagar.

Los denunciantes indican que, cuando han querido objetar legalmente el elevado cobro, fueron amenazados con cárcel inmediata, por lo que optaron por pagar para evitar ir a prisión, pese a que en Nicaragua no existe cárcel por deuda. Otra irregularidad es el cobro de tributos que ya prescribieron, conforme a la misma ley.“En el caso de las pymes, ya se ha cumplido la amenaza de cárcel. Hay uno, que por no poder pagar 300 córdobas lo tuvieron detenido unos quince días. Es que las pymes son más expuestas y vulnerables”, explicó Maltez.

Kenia Sánchez, directora ejecutiva de Cadin, explicó que este empresario “no pagó antes, por la crisis”, que lo había obligado a cerrar su pequeño negocio. Ni Maltez ni Sánchez quisieron identificar al afectado, para evitarle nuevos problemas con la autoridad.

“Él le había dado de baja a su negocito, pero no lo había reportado, así que siguió generando impuestos, aunque ya no existía. La DGI hizo el cobro correspondiente, pero él no pagó porque ya no tenía posibilidades para pagar”, explicó la directora de la Cámara.

Luego de casi dos semanas de encierro, el afectado recuperó su libertad hasta después que pudo juntar la suma requerida, y pagarla.

Aunque hasta ahora solo se habían conocido amenazas, el caso de este pequeño empresario muestra la disposición de ir más allá en la aplicación de una “política de recaudación a toda costa, sin importar la ley o el reglamento que se tenga que aplicar”, tal como la definió Maltez.

Contra todos, en todas partes

La información brindada por Maltez y Sánchez señala que también reciben presiones de parte de la Aduana, que estaría haciéndoles cobros mayores a los que manda la ley. La amenaza de la DGI, de publicar las listas de morosos, también se inscribe en ese modelo de represalias gubernamentales contra los que en algún momento fueron sus únicos interlocutores: el sector privado.

“Las alcaldías están incrementando el cobro al sector productivo a nivel nacional. Esto es algo que venimos denunciando desde hace dos o tres años, aunque tal vez aquí en Managua [los cobros exagerados] comenzaron hace dos, tres, o cinco meses, dijo Michael Healy, presidente de  Upanic.

El productor asegura que “de manera arbitraria, las alcaldías aplican el nuevo cobro, duplicando y triplicando el valor de la propiedad”, ilegalidad que está ocurriendo en la mayoría de las fincas por todo el país, aseveró.

Dado que no existen opciones legales porque “Nicaragua no es un país normal”, por la sumisión total del Poder Judicial a los mandatos de Daniel Ortega, a las cámaras empresariales solo les queda recibir los informes de sus agremiados para documentarlos apropiadamente, y denunciarlo ante los medios de comunicación.

“Denunciar” es lo que también responde Mike Healy, de Upanic, cuando se le pregunta qué se puede hacer, o cómo responder ante lo que el sector privado interpreta como agresiones del Gobierno.

“Haremos una campaña fuerte”, promete. “Los productores nos van a informar de cómo está el cobro del IBI y del IMI [impuesto municipal a los ingresos] en los departamentos y asociaciones, para desarrollar esa campaña en los medios de comunicación”, añade.

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Su colega, el presidente de Cadin, solo puede decir que “lo que podemos hacer es denunciar esto”.

Luego, recuerda que están trabajando con varios asesores fiscales que dan ideas a las empresas sobre cómo proceder ante la voracidad recaudatoria del Gobierno municipal, y que el Cosep realizará un foro tributario en la tercera semana de febrero, en el que esperan seguir “denunciando todas estas arbitrariedades”.

Si bien reconoce que la estrategia de contratar asesores fiscales para enfrentar la embestida tributaria oficialista tiene sentido en un Estado de derecho, Maltez defiende la iniciativa diciendo que “hay algunos tips que ellos dan para poder recurrir”.

También cree que hay que asegurarse que los concejales independientes estén enterados de lo que pasa, y de cómo lo interpretan los empresarios, pues considera que “a veces, por desconocimiento, ellos [los munícipes independientes] no están defendiendo este tipo de temas”.

Un problema de todos

Industriales, productores, comerciantes, propietarios, exportadores, ganaderos… no hay sector que parezca estar exento de sufrir por la presión recaudatoria que muestra la administración, exacerbada durante los últimos meses.

El sector de los bienes raíces está en la primera línea de ataque. Su negocio se ha visto afectado por las alzas en los impuestos que debe pagar el cliente que está vendiendo el inmueble, lo que de cualquier manera afecta el desarrollo de la transacción, en un mercado que ya tiene dos años de estar deprimido.

“Sé que hubo un aumento en 2019, y que producto de eso, todos están pegando el grito al cielo. No sé en qué resolución se están basando, ni sé si ese cobro es parejo, porque conozco casos en que aumentó mucho y otros no tanto. Tampoco sé en qué ley se están basando, porque no nos han dicho nada”, aseguró un corredor de bienes raíces que pidió el anonimato.

La fuente dice que conoce casos en donde un propietario que pagó 3000 córdobas el período anterior, tuvo que hacer frente a un cobro de 5000 este año. Otro cliente suyo pasó de pagar 7500 córdobas por su propiedad, a tener que enterar 52 000 córdobas a la municipalidad.

“El otro día escuché a una señora que contaba que antes pagaba 5000 de impuesto, y ahora le llegó un cobro de 100 000 córdobas”, relata.

La consecuencia para él y sus competidores es que les perjudica porque “para poder vender, la gente tiene que ponerse al día obteniendo la solvencia municipal, pero ahora para dártela, te cobran todos los impuestos que estés debiendo”, lo que es ilegal.

Otra forma en que la administración edilicia está contraviniendo la ley es cuando cobran todos los años que estén pendientes de pago (hasta una década en algunos casos), cuando la ley misma estipula que solo pueden cobrar los últimos dos años.

La fuente señala que ha visto “filas interminables de gente buscando arreglos, o solicitando una revisión. Primero los llaman a mediación, y si no hay arreglo, los mandan a los juzgados”, confirmó.

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), también ha recibido reportes en la misma dirección, pero su presidente, Guillermo Jacoby opina que “hay que ver caso por caso, porque hay gente que dice que les han cobrado mucho más, pero no es a todos. A algunos, el cobro les llegó normal”, asevera.

El líder gremial tiene una duda que también comparten los expertos en materia fiscal, así como los profesionales de bienes raíces: si las compañías evaluadoras dicen que las propiedades valen 30% a 40% menos, ¿cómo es que la Alcaldía aparece ahora cobrando más?

De los testimonios recabados, Jacoby entiende que muchos la piensan para exponer su caso en público, porque cuando se quejan les han cobrado hasta el doble.

“Si te quedás callado, la arbitrariedad se vuelve normal, y por eso no hay que quedarse callado, pero muchos tienen miedo de denunciarlo, y eligen buscar cómo llegar a un acuerdo, por miedo a las represalias que pueden sufrir si hablan”, relató.

A mayor cobro, mayor estrés empresarial

Los líderes gremiales reconocen en el cobro del IBI, un nuevo golpe a sus menguantes presupuestos, y advierten que, en la medida en que se encojan las empresas, lo hará la economía, las recaudaciones… y el empleo.

“Estos cobros han aumentado los gastos en las empresas, que ahora tienen que pagar más impuestos, una mayor cuota patronal al INSS, mayores tarifas de servicios, y cumplir algunas discrecionalidades abusivas de cualquier funcionario, lo que aumenta los gastos”, detalla Jacoby, de APEN.

Admite que, como las empresas no pueden reducir ese incremento dejando de pagar, recurren a la alternativa de disminuir personal, con lo que, el dinero que debería usarse para pagar salarios en el sector privado, “se usa para gasto corriente estatal, principalmente para mantener la planilla y la estabilidad laboral del sector público”.

“Estos cobros son un costo, y el costo se traspasa al producto”, señala por su parte Mike Healy, de Upanic.

En una semana en que se cerró la discusión en torno al aumento del salario mínimo, el productor cita a los que llama “sindicalistas títeres”, diciendo que ‘la canasta básica se ha disparado’, “pero quien disparó la canasta básica fue Daniel Ortega, al subir entre 25% y 30%, los costos de producción en todos los productos del sector agropecuario”, aseveró.

En lo que considera “un doble impuesto”, Healy recuerda que una decisión de Ortega fue la que gravó 22 productos de la canasta básica que vienen del sector agropecuario “y deberían estar exentos de impuestos, de acuerdo con la Constitución”.

Su colega de Cadin, Sergio Maltez, grafica que hay momentos en que los dueños de las empresas deben dedicar hasta 30% a 40% de su tiempo en “buscar cómo defenderse de muchas de estas ilegalidades… en vez de pensar cómo sobrevivir, cómo producir, cómo desarrollarse, o cómo implementar medidas de eficiencia energética”.