Valdrack aboga en la ONU por suspensión de sanciones

El vicecanciller orteguista aseguró que la administración de Daniel Ortega  “ha venido resolviendo de raíz los principales retos heredados de la protección integral de los derechos humanos”, y acusó a Estados Unidos de aplicar sanciones “impunemente”.

El régimen de Daniel Ortega ha pedido este jueves desde Ginebra, Suiza, el respaldo de la comunidad internacional para que Estados Unidos suspenda las sanciones impuestas a su círculo de poder vinculado a la violaciones de derechos humanos y graves actos de corrupción.

El vicecanciller Valdrack Jaentschke, durante su intervención ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a la actualización sobre Nicaragua a cargo de Michelle Bachelet, calificó como “agresiones” las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Asimismo, solicitó a las naciones “a que se pronuncien en contra de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos cuando se multiplican y recrudecen dichas sanciones”, dijo en alusión a las medidas advertidas por la Unión Europa y Estados Unidos.

La libre movilización y expresión política están garantizados para quiénes se expresan en paz y sin intenciones de perturbar la tranquilidad de la población

Vicecanciller Valdrack Jaentschke ante la ONU

El funcionario orteguista alegó que la administración de Daniel Ortega  “ha venido resolviendo de raíz los principales retos heredados de la protección integral de los derechos humanos”, y acusó a Estados Unidos de aplicar sanciones “impunemente”.

“Continuamos respetando el orden constitucional y los derechos políticos de los nicaragüenses. La libre movilización y expresión política están garantizados para quiénes se expresan en paz y sin intenciones de perturbar la tranquilidad de la población”, sostuvo ante el plenario que previamente había escuchado en voz de la Alta Comisionada todo lo contrario y sustentado en hechos.

Por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y actos de corrupción del erario público, Estados Unidos ha sancionado a 15 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y a cuatro empresas.

RÉGIMEN OMITE REPRESIÓN SISTEMÁTICA

Jaentschke inició su intervención de 5:19 minutos manifestando su rechazo a la resolución sobre Nicaragua emitida en marzo de 2019, alegando que la misma tiene un carácter intervencionista que transgrede “la Carta de Naciones Unidas y los principios básicos para la convivencia respetuosa entre los Estados y que se ensañan en nuestros pueblos con  sanciones, es decir, agresiones que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica continúa aplicando impunemente en contra de Cuba Venezuela y Nicaragua”.

El delegado de Ortega insistió en que las sanciones “atentan contra los derechos humanos de los pueblos. Desde este foro hacemos un llamado a la comunidad internacional para que juntos demandemos al gobierno de los Estados Unidos la suspensión estas sanciones, agresiones, contribuyendo de esta forma al respeto de los derechos humanos de los pueblos y a la paz”.

REPRESIÓN CONTINÚA, AFIRMA BACHELET

Tras el informe de Bachelet que recoge la sistemática violación de derechos humanos en Nicaragua a cargo de la fuerza pública y grupos de choque leales a Ortega, el vicecanciller declaró que hacen esfuerzos “por la restitución derechos sociales, económicos, naturales y ambientales de los  nicaragüenses”, omitiendo la jornada violenta registrada en Managua hace apenas dos días contra opositores, periodistas y ciudadanos fueron agredidos por agentes policiales.

En su informe, la Alta Comisionada Michelle Bachelet fue enfática al señalar que las violaciones de derechos humanos continúan en Nicaragua, y señaló que no hay condiciones para el retorno seguro de los exiliados y la situación económica empeora. 

“Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”, dijo Bachelet en el marco del 43 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, destacando que “el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado”.

La Alta Comisionada hizo referencia a que los “masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos progubernamentales los atacaron violentamente”, detalló en su informe.