"Cumplimiento de acuerdos depende del gobierno" aseguró Nuncio Apostólico en Nicaragua
El Nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, tras celebrar una misa de acción de gracias por el 94 aniversario del Diario La Prensa, aseguró que el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica, "dependen del gobierno".
"El cumplimiento de acuerdos dependen del gobierno de la evalución del gobierno, el gobierno está evaluando, estas cosas pueden abrir hacia una plena normalidad, recuperar el camino que se perdió" dijo el nuncio y agregó "hay que hacer un esfuerzo común, sino no vamos a llegar a ningún lado" dijo.
"Pienso que el gobierno está haciendo algunos esfuerzos y esto que celebrando hoy en esta fecha de los 94 años, se está haciendo algo, yo no soy gobiero, pero espero muchísimo, para bien de todos, aqui no hay que buscar que uno prevale sobre otro , hay que anteponer las cosas que son más importantes en la vida" aseguró el Nuncio al ser consultado por los periodistas.
Los acuerdos entre alianza cívica y el régimen de Daniel Ortega fueron firmados el pasado 29 de marzo del 2019, van enmarcados en la libertad de todos los presos políticos, que se garantice la libertad de expresión, libertad de prensa y devolución de bienes confiscado.
"Aqui estoy de pasaje, hoy estoy aqui mañana puedo estar en otro lado desarrollando mi papel como diplomático de la santa sede...me gustaría dejar este país cuando y ver que se abracen todos es lo ideal" aseguró el Nuncio.
El régimen se comprometió a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”.
También se destaca que “no requiere de permiso previo el de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”.
Otro de los puntos es que se reconoce el “derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional”.
El Estado garantizará que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la ley”.
En el documento se especifica que las viviendas de los ciudadanos podrán ser allanadas con una orden escrita de un juez competente, debiendo realizarse entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.
El Estado garantizaría que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la Ley con arreglo a un procedimiento legal, la detención solo podrá efectuarse en virtud del mandamiento escrito de juez competente o de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Constitución Política y el procedimiento de la Ley”, manifiesta el texto.
Restablecer libertad de prensa
Entre las demandas que se plantearon el año pasado al régimen, destaca el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, así como la devolución de los bienes confiscados y retenidos a los medios de comunicación independientes.
En este aspecto el acuerdo señala que “el Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos”.
Sobre las confiscaciones hechas a medios de comunicación, como el canal de televisión 100% Noticias y Confidencial, la dictadura de Daniel Ortega se comprometió a “revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la ley”.
“El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo establecido en la Constitución y la Ley o que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna”, agrega el documento de cinco páginas.
Desarme de paramilitares
Igualmente, en las negociaciones se habló del desarme de los paramilitares. En este punto, se insta a que las autoridades tomen las “medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización o de quienes se organicen como grupos armados fuera del orden constitucional y legal. A efecto de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad”.
Garantías procesales
Por otra parte, el convenio recomienda “a las autoridades competentes que procedan a la tramitación y agilización de los procesos de exhibición personal, hageas data y amparo, cuyas resoluciones son de ineludible cumplimiento”.
También demanda “garantizar a los trabajadores el derecho de participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con Ley”, al igual que “garantizar que ningún trabajador del sector público o privado sea despedido por razones de sus preferencias políticas de conformidad con la Constitución y las leyes en la materia”.
Implementación de los acuerdos
Asimismo, el documento detalla que “la implementación del presente acuerdo iniciará a partir de su firma”. Tanto este acuerdo de derechos y garantías ciudadanas, como el convenio de facilitación del proceso de liberación de los presos políticos, fueron firmados el 29 de marzo del 2019 por los representantes del gobierno de Ortega y los miembros de la Alianza Cívica, en presencia del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, que participa como testigo y acompañante del Diálogo Nacional, y en presencia de Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).