Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a la policía sandinista como institución y tres comisionados
Este jueves 05 de marzo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Policía sandinista junto a tres comisionados de está organización.
Entre los sancionados se encuentran:
El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que fue el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a violaciones aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según lo informado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH).
El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), una unidad policial que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según lo ha señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El comisionado mayor Juan Valle Valle jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.
Para la ex guerrillera Dora María Téllez, "las sanciones que aplica Estados Unidos reconocen la demanda de los nicaragüenses dado que la población señala que la policía sandinista dejó de ser una institución profesional, para pasar a ser una policía al servicio de la pareja dictatorial Ortega-Murillo".
Haydee Castillo, Defensora de Derechos Humanos, apuntó que "La Policía sembró lo que cosechó por prestarse a someter al pueblo de Nicaragua a represión y hostigamiento"
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH se pronunció en su cuenta en twitter al señalar que estas sanciones vienen enhorabuena.
Para Max Jerez de la Alianza Cívica señaló "La PN perdió su profesionalismo, dejó de servir al pueblo y la constitución"
En Octubre del 2019 la organización Human Rights Watch pidió a la Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros actuar con urgencia aplicando el marco de sanciones dirigidas contra el Presidente Daniel Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Entre los propuestos por Human Rights Watch están:
El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;
La general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional, quien encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018;
El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual, que empezó en septiembre de 2018;
El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes;
El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables;
El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que fue el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a violaciones aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según lo informado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH); y
El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), una unidad policial que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según lo ha señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).