Enrique Sáenz: UPOLI: La paz de los cementerios
Artículo de opinión
La expulsión de una estudiante universitaria por parte de las autoridades de la Universidad Politécnica, conocida por sus siglas UPOLI, a causa del chantaje de dirigentes orteguistas enquistados en esa universidad, es un caso grave, que trasciende los muros de este centro de educación superior.
Para comenzar, se trata de una violación flagrante a los derechos humanos de una nicaragüense: el derecho a la educación, su libertad de pensamiento y de opinión, el derecho a organizarse. Expulsaron a Dolly Mora sin proceso y sin derecho a la defensa.
Si vemos la página web de la universidad, allí se consignan como valores fundamentales: justicia y equidad, Cultura de paz, Libertad y expresión de pensamiento. Esos valores fueron pisoteados por las autoridades universitarias.
Dos evidencias de los hechos son de conocimiento público: la carta de expulsión y el audio de una conversación del rector con la estudiante. En esa conversación el rector explica a la estudiante que se había reunido con representantes estudiantiles y sindicales quienes, en palabras del mismo rector, lisa y llanamente profirieron dos advertencias si no expulsaban a Dolly Mora: desatar la guerra en la universidad y amenazas en contra de la integridad física y la vida de la estudiante.
La UPOLI es una universidad privada, gestada y gestionada por la Iglesia Bautista. Por consiguiente, el primer emplazamiento que corresponde hacer es a esta congregación religiosa, así como a las autoridades de la universidad, como colectivo ¿Qué ejemplo están dando a la sociedad nicaragüense si no son capaces de tutelar ni los propios valores que proclaman?
¿Qué ejemplo están dando a sus estudiantes, profesores y trabajadores si se someten al chantaje y a las amenazas de estas fuerzas tenebrosas?
En la UPOLI se imparte la carrera de Derecho: ¿Qué tipo de abogados están formando?
¿Cómo pueden enseñar Derecho Constitucional, por ejemplo, si la misma institución viola los derechos humanos de sus estudiantes?
¿Y qué delito cometió Dolly Mora para ameritar su expulsión?
Su delito es ser miembro de la Alianza Cívica. Ya sabemos que esto no constituye delito: pertenecer a una organización cívica es un derecho elemental en cualquier país democrático y para la mayoría de los nicaragüenses. Para las fuerzas tenebrosas del orteguismo es causa suficiente para ser amenazado con la muerte.
La carta del Rector habla de preservar la paz y la vida de sus estudiantes, profesores y trabajadores administrativos.
¿Quién amenaza la paz y la vida de los estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad? ¿Una estudiante o las fuerzas tenebrosas?
¿De qué vale tener tan elocuente escultura a la entrada de la universidad “La mano por la paz” si esa paz no se defiende?
¿De cuál paz estamos hablando? ¿De la paz de los cementerios? ¿De la paz de los sometidos? ¿De la paz de los esclavos?
Esa no es ninguna paz. La paz de los cementerios es la paz de los difuntos, no es la paz en una universidad.
Parte de las imputaciones que sus acusadores formularon fue que expresaba sus opiniones a los demás estudiantes, incluso de otras aulas. Dolly lo negó y puso como testigos a sus propios profesores. No le valió de nada este argumento. Pero aun cuando la imputación fuera cierta, se trataría del legítimo derecho a expresar sus opiniones. Un derecho elemental, con mucha mayor razón en un centro de educación superior.
Pero bueno. El incidente es un retrato de la sociedad quieren imponernos. La normalidad que quieren imponernos: Una sociedad doblegada. Una sociedad sometida a los designios fascistas de la camarilla gobernante.
La decisión de las autoridades del UPOLI, exactamente al contrario de lo que argumentan, dejan a estudiantes, profesores y trabajadores administrativos, totalmente indefensos. Totalmente desvalidos. Sin derechos, sin libertades, totalmente sometidos a la voluntad y al arbitrio de unos delincuentes.
¿Se atreverán los estudiantes a expresar libremente sus opiniones? ¿Se atreverán los profesores a ejercer su libertad de cátedra? Las dos opciones que les ofrece el UPOLI son: someterse a los delincuentes o ser expulsados.
La trayectoria de la iglesia bautista es conocida. Tienen la suficiente fuerza moral y legitimidad social para volver por la honra de sus valores. Cualquiera puede tener un momento de debilidad, así que tienen la oportunidad de rectificar y dar una verdadera lección de fortaleza espiritual y cristiana al conjunto de la sociedad nicaragüense. Restablecer la matrícula de Dolly sería una lección ejemplar, ante una sociedad empeñada en restaurar la dignidad, el decoro y la fuerza moral.
Finalmente, cabe la siguiente reflexión: si esto ocurre en la UPOLI, que es una universidad privada, bajo la autoridad de una institución religiosa que ha gozado de prestigio ¿Qué estará ocurriendo en las universidades públicas?
¿Qué tipo de profesionales pretende heredarnos el orteguismo?
Evidentemente, el orteguismo pretende conducirnos a la edad de las cavernas. Pero no lo logrará.
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