Falta de transparencia y acceso a la información, una constante en las contrataciones públicas

El régimen nicaragüense dedica una alto porcentaje de la inversión pública a realizar obras de infraestructura, que representa anualmente una importante cantidad de recursos públicos, sin embargo, la información publicada sobre los procesos de contratación está incompleta y desactualizada según una reciente investigación de Expediente Público.

La investigación detalla cómo se usan los fondos públicos para proyectos y cuáles son los mecanismos que carecen de transparencia utilizados para realizar las contrataciones amañadas o privilegiadas.

Un equipo de expertos en economía y en contrataciones públicas trabajó en la investigación, realizada en diciembre de 2019, quienes analizaron los procedimientos de contrataciones del Estado durante el periodo 2017-2018, explica Dayra Valle, coordinadora del estudio

“Entre la información utilizada para el desarrollo de la investigación se encuentran informes, entrevistas a expertos, a excontratistas y exfuncionarios públicos. Se evaluó el Programa de Inversión Pública (PIP), se consultó al Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónico (SISCAE), se revisaron informes del Ministerio de Transporte e Infraestructura, del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) y de alcaldías de Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, León, la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Jinotega”, explicó Valle.

De acuerdo a la experta, el Programa Nacional de Desarrollo Humano (2018–2021) del Gobierno señala que la infraestructura es un componente prioritario de su política, sin embargo, a través del Programa de Inversión Pública (PIP) se demuestra una disminución de año a año, específicamente, de 2017 al 2019.

La reducción de la inversión pública afectó especialmente al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en cuya planificación de obras (2017- 2019) se detectó: “Subdivisiones para las contrataciones, es decir, la división una obra en varias aun cuando está prohibida por la Ley, salvo alguna excepción y; uso recurrente de las contrataciones directas con fondos de bancos multilaterales como el BCIE y el BM”, detalló.

“Al subdividir una contratación que pudiera hacerse por un gran bolsón, le resta al Estado el poder de negociación, generan más procedimientos, pero menos estrictos, y con esto, una recarga administrativa en las áreas de adquisiciones”, agrega la investigadora

Valle destaca que “existe información desactualizada e incompleta en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónico (SISCAE) y, que hace falta acceso y disponibilidad de los expedientes de los proyectos de obras públicas para conocer, por ejemplo, información sobre las modificaciones a los contratos”.

Entre las malas prácticas identificadas, por el equipo de investigadores, se enumeran que al momento de realizar las contrataciones de las obras públicas existe: a) elusión de procedimientos más estrictos utilizando la subdivisión o estableciendo causales que no aplican para desarrollar procedimientos menos rigurosos; b) colusión entre proveedores que participan en un mismos procedimiento; c) acuerdos entre la supervisión, el contratista y el equipo de ejecución de los contratos para recibir obras que no cumplen con los requerimientos técnicos o aprobar avalúos y órdenes de compra  ficticios.

Las recomendaciones planteadas por el estudio incluyen exigir el cumplimiento del marco legal vigente ajustados a los principios de las contrataciones como son transparencia, publicidad, libre competencia, eficiencia, entre otros; además, las instituciones del Estado como la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) deben cumplir su rol de fiscalizadores de las adquisiciones en pro del manejo eficiente de los recursos públicos.

La investigación de Expediente Público ve necesario incentivar ejercicios de auditoría social al proceso de adquisiciones estatales por parte de organizaciones de la sociedad civil, sector privado, medios de comunicación y ciudadanía; de igual manera considera importante la incidencia ante organismos internacionales, para presionar al Estado nicaragüense a gestionar sus recursos con mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.