Expediente Público: Nicaragua enfrenta el COVID-19 con un servicio de salud politizado

Muy por debajo del perfil científico de sus médicos o su juramento hipocrático, en Nicaragua el sistema de salud público huele a sangre desde el 2018.

Ahora con la pandemia del coronavirus 2019 (COVID-19), “existe una gravísima preocupación” entre la opinión pública que teme un doble estándar en las atenciones por parte del Minsa y que se utilice nuevamente al sistema de salud público en venganza contra los que no comulgan con el régimen, señaló José Pallais a Expediente Público, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

En efecto, el Minsa repite el comportamiento del régimen en medio de una crisis sanitaria tomando como política de Estado el secretismo. A juicio del presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, José Antonio Vásquez, ya hay contagio comunitario del COVID-19 en el país, pero el Gobierno se niega a hacer las pruebas, porque entre más pruebas haga, más posibilidades hay de confirmar casos de transmisión.

Las pruebas del COVID-19 son muy costosas, en Costa Rica las clínicas privadas autorizadas realizan el test a un costo de 60 mil colones, un poco más de cien dólares, pero deben analizar una segunda muestra para confirmar el resultado. En Nicaragua, el sistema público recibió las pruebas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero las acaparó el Minsa y solo el laboratorio central en Managua puede realizarlas. Los hospitales y clínicas privadas deben enviar sus casos ahí, porque no tienen permitido hacerlas por su cuenta, pero primero les preguntan si el paciente estuvo en el extranjero o en contacto con alguien que viajó al extranjero, si la respuesta es negativa, entonces no reciben la prueba, revela el doctor Vásquez.

El Gobierno ha aceptado cinco casos positivos, incluyendo una muerte, y dos sospechosos hasta el primero de abril 2020, a los confirmados se denomina “importados” porque adquirieron el virus en un viaje al extranjero, eso le permite mantener las medidas de protección y prevención con los estándares más bajos, pero la UMN ha verificado “casos de pacientes en diferentes unidades de salud que ingresan con cuadros de fiebre, tos y que han evolucionado a una neumonía severa, pero no les quieren realizar las pruebas del COVID-19, tienen todas las características sintomáticas, pero les dicen que no tiene ningún familiar que haya estado en el extranjero o que se haya enfermado, a pesar de eso, hay una paciente que llegó a Cuba enferma de Nicaragua”.

“Ya tenemos contagio comunitario”, insiste el doctor Vásquez, “hay muchos casos en departamentos con fiebres y sintomatología, pero por el temor y secretismo que debe tener Gobierno no se hacen pruebas ni lo dan a conocer a la población, no sé por qué lo hacen”, sostien Vásquez.

MINSA POLITIZADO

Sonia Castro es asesora principal en salubridad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la ginecóloga fue ministra de Salud entre 2010 y 2019, hasta que fue sancionada por el Gobierno de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.

Cuando estalló la crisis de abril 2018 fue la responsable de cerrar puertas a la atención de manifestantes heridos y el despido de más de 400 médicos, enfermeras y auxiliares del sistema sanitario público por haber ayudado a curar manifestantes heridos o ser opositores.

“El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica. El personal del hospital recibió órdenes de denunciar a los manifestantes permitiendo que los parapolicías los sacaran de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas. El Ministerio de Salud amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos de personal médico que trató a los manifestantes”, explica el comunicado del Tesoro estadounidense, cuando se dio a conocer la sanción contra Castro y otros funcionarios en julio de 2019.

Castro era recordada por los miembros de la Resistencia Nicaragüense, porque fue la subdirectora del hospitalito de Waslala, a 240 kilómetros al norte de Managua, que en 1990 ordenó no atender a un excontra herido, apenas seis meses después de iniciarse el proceso de desmovilización de más de 20 mil campesinos que pertenecieron a la contra.

Marvin Saénz Castillo, un excontra desmovilizado señaló a Expediente Público que cuando “estábamos en un restaurante en Waslala, el Ejército nos atacó en la calle y el Licenciado (seudónimo del guerrillero) respondió al ataque y salió herido. Lo llevamos al hospitalito y estaba de directora la doctora Castro y le negó la atención, cuando el Licenciado salió del hospital, ahí mismo el Ejército lo ejecutó”.

A pesar de todo, Castro sigue siendo una funcionaria de alto perfil, el 24 de marzo de 2020 estuvo en la reunión virtual de ministros de Relaciones Exteriores y Ministros de Salud de la región del Caribe convocada por la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Días antes, el 20 de marzo acompañó a la representante de la Organización Panamericana de la Salud al Hospital Regional Ernesto Sequeira de Bluefields, en el Caribe nicaragüense.

El 16 de marzo de 2020 dirigió un recorrido con delegados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Hospital Humberto Alvarado Vásquez, el Centro de Salud de Monimbó y el Centro de Salud Abejitas entre otras unidades de salud de la ciudad de Masaya, ubicada a 27 kilómetros de la capital Managua.

En los últimos días de marzo, la institución que se hace llamar Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, trató de minimizar los riesgos del COVID-19 y su gestión es mantener una campaña preventiva de lavado de manos.

El Minsa descontinuó el reporte epidemiológico desde la semana 10, informe que se actualizaba cada siete días. Solo hasta el 30 de marzo se presentaron datos porcentuales de neumonía, dengue y malaria, todos con una baja interanual de 11%, 64% y 20%, respectivamente, según la segunda del régimen, Rosario Murillo.

Por su parte, Daniel Ortega apareció por última vez el 12 de marzo de 2020, en una conferencia virtual con los jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) sobre el COVID-19, desde entonces no da la cara públicamente.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), en su informe sobre el periodo de protestas de abril a mayo 2018 en Nicaragua, dedicó un capítulo al sistema de salud público.

El caso más conocido es el de Álvaro Conrado que no fue atendido en el Hospital Cruz Azul y murió herido de bala, pero también hay acusaciones contra el Hospital España, el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello de León (Heodra), el hospitalito de Ciudad Sandino, el Hospital Lenín Fonseca y el Hospital Alemán.

Los señalamientos contra el Minsa son múltiples: negar asistencia, alterar historias clínicas, atenciones superficiales y de altas médicas apresuradas, maltrato a familiares de heridos, y finalmente el despido y acoso de personal médico que asistió a los protestantes.

A pacientes se les cambió infusión de dextrosa por solución salina y el suero por agua, a otro le donaron en una clínica privada una placa de platino que colocaron dentro de una de sus piernas y en un hospital público se la extrajeron, investigó el GIEI.

“La desconfianza en el sistema de salud y las severas irregularidades que se fueron conociendo motivaron a que muchas personas que resultaron heridas durante las protestas optasen por no acudir a los centros de salud y a hospitales dependientes del Estado”.

Eso llevó a improvisar puestos médicos. “Se atendieron más 800 emergencias entre los meses de abril y junio de 2018, de ese número, aproximadamente 150 fueron intervenidas quirúrgicamente”.

Por su parte, el Minsa informó que más de 1,400 personas heridas durante las protestas fueron atendidas en hospitales públicos entre el 18 de abril al 30 de mayo. También existen videos y fotografías donde paramilitares utilizan ambulancias para trasladarse.

No eran la primera vez, los medios de transporte de las instituciones públicas se usan para trasladar a los simpatizantes sandinistas a sus actividades, también era común antes de 2018 enviar al personal médico a “rotondear” como se conocen los plantones progobierno en las rotondas capitalinas.

PRIORIDAD DEL RÉGIMEN NO ES SALVAR VIDAS

Dentro de la Alianza Cívica solo pueden especular sobre la estrategia del régimen para enfrentar el COVID-19, según Pallais, el régimen no quiere permitirse una caída de la economía, pues necesita mantener la carga fiscal que sostenga su aparato de control, además, exige mantener a los empleados públicos movilizados, porque es su principal soporte de agitación política.

Por eso, muchos nicaragüenses han escuchado la insistencia de los médicos progobierno y de los mensajes diarios de Murillo que los cuatro casos reportados de COVID-19, incluyendo un fallecido hasta el 31 de marzo, son todos importados, porque las normas de la OMS se mantienen así en fase uno, es decir, la fase dos que se refiere a la transmisión local o contagio comunitario tendría que llamar a medidas más puntuales de prevención como cancelar eventos públicos y multitudinarios. La fase tres es la etapa epidemiológica e involucra medidas drásticas como la cuarentena.

Más información en  https://expedientepublico.org/