Oscar René Vargas: Al final del 2020 cumpliremos 11 trimestres continuos de recesión económica
Al final del 2020 cumpliremos 11 trimestres continuos de recesión económica y el tamaño de la economía nicaragüense será más pequeña en relación a 2017. El gasto de consumo de las familias y el gasto de inversión de las empresas mantendrán un comportamiento declinante por la disminución de los ingresos y la incertidumbre aún imperante.
En el corto y mediano plazo, Nicaragua está condenada a sufrir dos efectos: una recesión profunda en 2020 y una pérdida de capacidad productiva a mediano plazo que determinará un decrecimiento económico en 2021 y un crecimiento anímico a partir de 2022, lo cual afectará el tiempo de la recuperación positiva de la economía dada la destrucción del capital físico y humano causado por las políticas públicas (sanitarias, políticas y económicas) erradas del régimen.
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El consumo privado, gasto de las familias, en bienes y servicios nacionales e importados, así como el de empresas en el sector de la construcción y la compra de maquinaria y equipo, han resentido las caídas desde 2018. Ambos factores se han contraído aún más con la crisis sanitaria, los daños a la economía no han terminado.
Esa reducción del consumo privado se acentuado con la crisis del coronavirus y se prevé una contracción del 7.2 por ciento en el año 2020. Primero, porque se ha mantenido una contracción desde el segundo trimestre de 2018. Segundo, porque el miedo al contagio provoca incertidumbre en el gasto de los hogares y los empleos destruidos, lo que frena cualquier avance.
Los hogares dejaron de gastar en todo tipo de bienes. Particularmente en los duraderos, por la contracción del crédito. También han dejado de consumir bienes perecederos. La contracción del consumo privado y público tiene efectos inmediatos en el cierre de empresas y comercios. Las actividades productivas esenciales tardarán algunos años en recuperarse por completo tras 9 trimestres continuos (abril 2018 a junio 2020) de contracción económica.
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Para finales del año 2020 se pronostica que habrá una caída de las inversiones de capital, en las exportaciones, importaciones, agricultura, servicios, industria, turismo y el consumo estatal. La recesión económica se suma a la crisis sanitaria y a la inseguridad alimentaria y nutricional de miles de nicaragüenses.
La pérdida y desperdicio de alimentos es un problema regional y local que antecede la pandemia, aunque la información nacional indica que ésta ha empeorado. La combinación de la recesión y el coronavirus ha dislocado los eslabones de la cadena de valor del sistema agroalimentario teniendo como uno de sus resultados mayores pérdidas y desperdicios de alimentos.
Nicaragua con altos niveles de inseguridad alimentaria, debería concentrar sus esfuerzos en impedir las pérdidas de alimentos. Para ello es fundamental extender la vida postcosecha de los productos frescos y fomentar una comercialización más directa (entre agricultor y consumidor).
Se prevé para los años 2020 y 2021 déficits tanto en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en las empresas estatales de ENATREL (transmisión eléctrica), ENEL (generación eléctrica) y ENACAL (agua). Entre el 70 al 80 por ciento de las personas se consideran que no tienen capacidad de ahorro, es una condición muy frágil y que en muchas ocasiones está sostenido en el endeudamiento de los hogares. Todos estos factores harán que Nicaragua pase por la crisis más profunda desde los años 1930-1936.
Ello se traduce en que a finales del año 2020 alrededor de 4.0 millones de personas serán pobres, dos de cada tres habitantes y decenas de miles no tendrán ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos para asegurar una nutrición conforme a los criterios nacionales e internacionales. También se incrementará el número de personas en desempleo tanto abierto como encubierto (alta informalidad). El hambre, la pobreza, el desempleo y la desigualdad no deben ser el horizonte humano para nadie.
La caída sistemática de la inversión total (pública y privada) está dañando fundamentalmente el potencial de crecimiento económico del país. Se prevé que el producto interno bruto (PIB) sólo volverá a su nivel de diciembre de 2017 hasta en el 2025, lo que se traduce a siete años perdidos. En mi criterio, la economía nicaragüense sufrirá este año un desplome entre menos 9.0 por ciento y menos 10.0 por ciento del PIB. The Economist Intelligence Unit prevé una contracción de menos 8.2 por ciento.
La inversión de capital fijo bruto, es decir, la que efectúan las empresas en maquinaria, equipo y construcción para exponencial los procesos productivos, que se ha venido contrayendo desde abril 2018. La inversión fija bruta es la que sienta las bases para que la economía nacional incremente su potencial de crecimiento en el futuro inmediato. La rama de la construcción, sector dinámico de la economía, cayó con énfasis en el componente residencial.
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La baja de los principales indicadores redunda en la confianza de los empresarios, de los hogares y de los agentes económicos. Esa es la que tiene que recuperarse para que se tenga la esperanza de una recuperación sostenida a mediano y largo plazo. En consumo, no se prevé una mejora, debido a la elevada incertidumbre y menor gasto de los hogares, tampoco en la inversión. Las perspectivas en el 2021 no reflejan una recuperación inmediata, se prevé una caída negativa del PIB de menos 2.1 por ciento.
Nicaragua se encuentra en una posición débil para responder a los requerimientos que serán necesarios para impulsar la recuperación económica. Las finanzas públicas están afectadas por diversos motivos: pagos por el servicio de la deuda (se ha incrementado el rendimiento de los bonos emitidos por el régimen), menores ingresos fiscales tributarios y no tributarios, requerimientos inaplazables de gasto en los servicios de salud, caída de la cooperación internacional y de las remesas.
Lo cierto es que para conseguir que haya recuperación se demandarán cuantiosos recursos que tendrá que inyectarse a la economía que el país no los tiene; por lo tanto, esos recursos que dependerán de los préstamos de los organismos financieros internacional a los cuales la dictadura Ortega-Murillo no tiene acceso. Esos créditos, sin embargo, así sea en condiciones preferenciales de plazos y tasas, significarán mayores cargas sobre los presupuestos públicos futuros, de modo que la solución de corto plazo se convierte en un problema en el mediano y largo plazos.
En el corto y mediano plazo, la única receta para una recuperación económica sostenida pasa a través de la restauración de la capacidad productiva perdida con inversiones tanto privada como pública, lo cual sólo será posible a partir de la salida inmediata de la dictadura que permita la recuperación de la confianza de los actores económicos.
En un nuevo gobierno es indispensable que se convoque a un nuevo pacto fiscal, en el que se establezcan estructuras tributarias progresivas que permitan el gasto público redistributivo, pero al mismo tiempo eficiente y eficaz. El nuevo pacto fiscal debe terminar con la evasión fiscal y las exoneraciones indiscriminadas al gran capital que equivalen en la actualidad alrededor del 10 por ciento del PIB y priorizar las necesidades sociales.
El nuevo pacto fiscal tiene que ser redistributivo, eficiente y eficaz en el impulso a una recuperación que ponga el acento en una economía verde que puede ser muy demandante de mano de obra y que, por ello, estimulará salarios remunerados. En este pacto resulta necesario acordar otra estructura tributaria en la que los grandes ingresos paguen proporciones mayores, en tanto que el impuesto al ingreso de la mayoría se mantenga en proporciones razonables.
La desigualdad en Nicaragua se ha vuelto insostenible; por ello es necesario abordar los problemas estructurales y transformar el modelo de desarrollo. Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas; implica promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social.
Se debe poner como prioridad la reducción de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, priorizar la educación, dar continuidad a los servicios dedicados a la infancia y enfocar apoyos a los grupos más vulnerables: los niños, las mujeres y los indígenas. El nuevo modelo de desarrollo debe de contemplar una mayor integración económica regional donde las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica. También se debe reestablecer la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, así como la rendición de cuentas y la transparencia que son fundamentales.