Oscar René Vargas: Las perspectivas económicas para el 2021

La política económica del régimen no contiene programas específicos para la recuperación económica. Por ejemplo, no hay una propuesta para las personas de más bajos ingresos que han sido donde más daño encontramos por la recesión de 10 trimestres, así como en las micro, pequeñas y medianas empresas.

La caída de la actividad turística entre 2018 y 2019, se acentuó con la pandemia del coronavirus, lo que implicó que los ingresos del turismo se desplomaran en el 2020 y se incrementó el desempleo y el cierre de empresas en ese sector.

Los factores que van a limitar el crecimiento económico del país en el 2021 son: la incertidumbre sobre la economía, la crisis política interna, el endeudamiento de las familias y empresas, alza en el incumplimiento de pago de los clientes a la banca, el encogimiento del crédito bancario, los problemas de inseguridad pública, la política del gasto público, contracción del mercado interno, alto nivel de desempleo, falta de estado de derecho, corrupción gubernamental, impunidad, ausencia de cambio estructural y la política tributaria recesiva.

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El costo financiero de la deuda pública será mayor los recursos para abonar a la deuda que los asignados a la compra de medicamentos en el sector salud. Esto sería terrible en cualquier época, pero más ahora que estamos viviendo la peor crisis sanitaria de los tiempos recientes. El renglón deuda pública incluye abonar intereses, comisiones y costos adicionales.

Lo más triste es que no sabemos adónde se fue el dinero de los préstamos internacionales ni del dinero proveniente de Venezuela. Ni siquiera dejaron una red de hospitales bien equipada, que en estos momentos ayudaría a solventar la crisis sanitaria. Una recuperación, muy poco probable, de la actividad económica en el año 2021, tras la contracción de 2020, dependerá de los mensajes de certidumbre que mande el régimen para poder incrementar los niveles de inversión tanto privada como pública. El nivel de endeudamiento de las empresas y familias será una limitante más para el crecimiento de la economía nicaragüense en el corto plazo. Todos los pronósticos indican que la depresión continuará en el 2021.

La recuperación económica del 2022 depende de los motores de la parte exportadora, de los préstamos de las organizaciones financieras internacionales de la inversión pública y extranjera y de la solución a la crisis política. Para que sea una recuperación más sostenible y robusta, se necesita fortalecer el mercado interno, tratar de generar condiciones favorables para la inversión nacional mediante una política económica que sea creíble. También, es necesario dar mensajes de certidumbre, credibilidad, respeto a los contratos para que la inversión privada, que es clave para la recuperación en el corto y largo plazo, pueda restablecerse.c

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Por tener menos recursos en los próximos años y por la caída del producto interno bruto superior al menos en un 14 por ciento al cerrar el año 2020, se incrementa la posibilidad que Nicaragua enfrente una nueva década perdida de desarrollo hasta el 2030. Para recuperar los niveles de crecimiento registrados antes de la contracción de 2018 serán necesarios al menos cinco años (2025-2026). El sector agropecuario ha sido uno de los principales que ha aminorado la caída de la actividad económica tras la crisis de abril 2018 a la fecha.

Los niveles de deuda y el pago por su servicio acortan el margen para atender la inversión en salud y educación y bloquea nuevas inversiones públicas. El impacto negativo de la recesión económica en la inversión en salud y en educación puede durar décadas. Los niveles de deuda son tal, en el marco de una depresión económica, que puede ser necesaria una reestructuración. A ello se suma la falta de transparencia en contratos importantes.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en 2019, alrededor del 47 por ciento de los ocupados estaba subempleado. El mercado laboral de Nicaragua, ha sido afectado desde abril 2018 y seguirá deteriorándose producto del decrecimiento económico durante 11 trimestre (abril 2018-diciembre 2020). Es un hecho que el sector informal precariza de forma muy importante sus condiciones laborales.

Es decir, el desempleo y el subempleo aumentaron y el sector informal creció. Se calcula que, a finales de 2020, los desempleados, abiertos y subempleo, serán alrededor de 1 millón 300 mil personas. El escenario del mercado laboral de Nicaragua nos corrobora que la recuperación económica del país en el año 2022 será lenta y desigual.

De acuerdo al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el 2017, alrededor del 26 por ciento de la población económicamente activa (PEA) trabajaba en el sector formal. Se calcula que ese porcentaje habrá disminuido hasta el 18 por ciento a finales del 2020, lo que significa una caída de 8 puntos porcentuales. Los empleos formales permanentes son los más difíciles de recuperar.

Por su parte, el salario promedio nacional permanece congelado desde diciembre de 2018. De acuerdo a un documento oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Pública el salario permanecerá congelado en el 2021, mientras que la inflación acumulada desde enero de 2019 hasta junio de 2020 fue 7.45 por ciento. En el año 2021, la economía nicaragüense continuaría retrocediendo como consecuencia de la confluencia de las cinco crisis (económica, social, política, sanitaria e internacional). A partir de la recesión y el congelamiento salarial se puede inferir que uno de cada seis o siete trabajadores percibe ahora un ingreso que no supera el costo de la canasta básica.

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El ingreso interno bruto per cápita promedio anual fue, en el 2017, de US$ 2,182 dólares anuales y se calcula que a finales del año 2020 habrá caído hasta los US$ 1,700 dólares anuales. No ha habido una política para contribuir a una mayor productividad que dé a los trabajadores también la posibilidad de un mayor poder adquisitivo. Con el actual nivel de actividad económica, los trabajadores no formales se están integrando con peores condiciones, menor salario y más horas de trabajo. Se requiere una política salarial, porque la reducción ha sido brutal, el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo desde abril 2018. La política económica debe crear riqueza y distribuirla mejor. Son procesos simultáneos.

En el año 2021, la pérdida de empleos formales va a continuar puesto que la debilidad y deterioro del mercado de trabajo no se detendrá en una fase de depresión económica. También se prevé un aumento en el índice de morosidad por la cartera vencida. La caída del ingreso y empleo digno ha golpeado negativamente en los hogares para enfrentar necesidades como educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad disminuyendo la calidad de vida básica. La pobreza y el hambre están presentes con las crisis para la gran mayoría de la población nicaragüenses.

De manera general, a partir del 2018, el financiamiento que otorgó la banca al consumo, integrado por tarjetas de créditos, préstamos para adquisición de automóviles, casas, créditos personales y de nómina, entre otros, se contrajo. En contraste, hay un aumento en el crédito canalizado al sector público con la compra de bonos.

Por otro lado, los bancos no han contemplado la posibilidad de sacrificar parte de sus utilidades para hacer quitas al capital (es decir, condonar parte de la deuda) de los usuarios deudores que se han visto afectados por la recesión económica. Para los banqueros no se trata de sacrificar las utilidades de los bancos; se trata de mantener la solvencia de las instituciones bancarias. La política que han adoptado los bancos es hacer una reestructuración de su débito, pero caso por caso, y no como parte de un programa general.

Las utilidades promedio de la banca en lo que va de este año 2020 se han contraído sustancialmente en relación al 2016. Los banqueros expresan que no pagar capital a un banco es una pérdida para el banco, de recursos que no son propios, que son de los ahorradores. Sin embargo, negarse a sacrificar una parte de las utilidades en lo inmediato podría desquiciar la situación de muchos deudores, empujarlos a la insolvencia y provocar un efecto dominó sobre el conjunto de la economía que borraría más ganancias que las que se busca proteger ahora.

Las instituciones de Microfinanzas (IMF) también han visto un deterioro en la cartera de crédito. La cartera ha pasado de un equivalente de US$ 550 millones de dólares a finales de marzo de 2018 a US$ 277 millones de dólares en junio de 2020. Es decir, una disminución del 50.36 por ciento.

El indicador de la cartera en riesgo ha aumentado de un promedio de 2.7 por ciento en el período de enero 2017 a abril 2018 a un valor de 15.1 por ciento en junio de 2020. Por su parte, el índice de la cartera de mora ha aumentado de un promedio de 1.0 por ciento en el período enero 2017 a abril 2018 a un valor de 3.6 por ciento en junio de 2020. Al final del 2020, Nicaragua tendrá 11 trimestres de decrecimiento negativo del PIB, con un alto nivel de desempleo, acompañada con una depresión económica, sin recursos externos de los principales organismos financieros internacionales (BID, FMI y Banco Mundial), todo lo cual impactará en la inversión pública en infraestructura económica y social, acelerará la tasa de caída de la producción de bienes y servicios, las tasas de aumento del desempleo y el subempleo y del índice de pobreza.

Por todo lo anterior, el régimen tiene miedo que el deterioro del nivel de vida de la población y una crisis del sistema financiero pueda alimentar una nueva ola sociopolítica y colapsar la actual política monetaria. Previendo ese posible tsunami social, la dictadura lanza tres iniciativas de leyes (cadena perpetua, agentes extranjeros y ciberdelitos) para crear una sociedad subordinada que actúe como las ruedecillas de un engranaje controlado por el poder autoritario.