Oscar René Vargas: el país vive en precariedad laboral

Nicaragua se encuentra acechada por la decadencia y por quienes se aprovechan de esa decadencia. En el país se está viviendo una precariedad laboral, es decir, una degradación en las condiciones de trabajo en materia salarial. Los trabajos están siendo peor pagados, lo cual se traduce en un aumento de la pobreza laboral.

Más del 70 por ciento de los cotizantes al Seguro Social, trabajadores formales, ganan menos de C$ 10 mil córdobas mensuales, por lo tanto, no pueden cubrir sus necesidades básicas al no poder comprar la canasta básica cuyo valor es de C$ 15 mil córdobas mensuales, lo que repercute en la calidad de vida de las personas.

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El problema ya no es sólo que la velocidad a la que crece el valor de la canasta básica que va más rápido al nivel general de precios. La velocidad a la que crece el valor de la canasta básica también resulta muy superior al ritmo de los salarios registrados, arrojando lo que se denomina un mayor número de “trabajadores formales pobres”. La pobreza alcanza a seis a siete de cada diez habitantes.

La pérdida del poder adquisitivo del salario trajo aparejado un fenómeno complejo cuyo volumen se fue haciendo cada vez más importante en los últimos años: asalariados cuyos ingresos no permiten superar la línea de pobreza, es decir, trabajadores que reciben un sueldo mensual y, aunque mantienen un empleo formal, éste no les permite afrontar el costo una canasta básica.

De acuerdo a las cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta el mes de marzo de 2021, el salario promedio de los asegurados del INSS se ubicó en C$ 12,025.8 córdobas mensuales. Por su parte, los trabajadores del Estado, hasta el mes de marzo, se situó en C$ 11,844.0 córdobas mensuales. Ambos salarios promedio muestran que estos trabajadores viven en pobreza laboral; es decir, aunque tenga un trabajo formal no tiene capacidad de adquirir una canasta básica.

Por otro lado, el salario mínimo no tiene congruencia con el costo de la canasta básica, diseñada para cinco personas, ya que el salario mínimo más alto asciende a C$ 9,592.0 córdobas mensuales que corresponde a los trabajadores del sector de la construcción, mientras que el salario mínimo más bajo es de C$ 4,286 córdobas mensuales corresponden a los trabajadores del sector agrícola.

Entramos en una nueva etapa social en nuestro país donde la pobreza ya no afecta solamente a aquellos hogares de adultos desempleados o que no tienen ingresos formales. En muchos sectores de la economía local y formal, los salarios han ido quedando por debajo de lo que precisa una familia tipo para no ser considerada pobre. De nuevo, suponiendo que la remuneración de la persona asalariada formal tuviese como único ingreso en el hogar su salario, éste no llega a cubrir el costo de una canasta, es decir, se enfrenta a una situación de pobreza medida por ingreso.

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 Los bajos salarios tienen que ver con el tipo de empleo que se crean, en el marco de una debilidad sindical (menos negociaciones colectivas, la subordinación de los líderes sindicales al gobierno, la alianza capital más gobierno), todo lo cual se traduce que los reajustes de los salarios mínimos sean menores a la inflación y la devaluación de la moneda, la mayor competencia económica regional, el alto nivel de desempleo existente, que ha hecho que el país compita con mano de obra barata y no con personal calificado, con una infraestructura deficiente y con un ambiente laboral enmarcado en la represión.

Las perspectivas son que el empleo que se vaya recuperando se dará con remuneraciones más bajas a las preexistentes en el 2017. Las personas que perdieron su trabajo entre el 2018-2020, si lo pueden recuperar lo harán con una remuneración menor. En esa medida habrá una pérdida de bienestar y de calidad de vida en la familia.

La inflación en Estados Unidos, cuyo nivel está en su punto más alto en 12 años, tiene efectos expansivos: va a generar presión en los bolsillos de las familias nicaragüenses, las cuales no sólo han visto disminuidos sus ingresos y mermados sus ahorros, sino que enfrentarán incrementos en la canasta básica de alimentos, así como en bienes y servicios esenciales.

El principal impacto en Nicaragua de la inflación de Estados Unidos es determinado por la importación de materias primas, producto como el gas, el diésel y la gasolina, claves en la industria, la agricultura y el transporte del país. Lo cual ha dado pie a que otros alimentos básicos registren alzas en sus precios.

El alza de los insumos agrícolas importados, la tendencia alcista del precio de los combustibles, el alto costo de la energía eléctrica y la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, impacta en los costos de la siembra que se traducirá en el incremento de los precios de los alimentos.

Desde 1990, en Nicaragua, en lo productivo ha cambiado muy poco o nada. La economía se volvió abierta, volcada a la exportación de materias primas, sin haber logrado brincar la barrera del crecimiento lento. Ha habido años de ritmos de crecimiento alto, pero insatisfactorios coeficientes de desempeño social. El dinamismo del sector externo no se trasladó al empleo formal ni a la diversificación productiva.

El desempeño económico ha sido insuficiente y la evolución social ahogada por grandes cuotas de pobreza y una aguda desigualdad. Estamos atrapados en una economía que no rinde y una política que da. Los embates del dictador ahondan y enredan más esta encrucijada para volverla círculo vicioso, remolino que más que levantarnos nos hunde.

Mientras tanto un sector de clase empresarial quiere una ruptura con el régimen Ortega-Murillo y otro que está dispuesto a un nuevo arreglo. Esas oscilaciones pendulares de la clase dominante más la precariedad laboral de los asalariados, los altos niveles de desempleo, la represión contra todas voces contraria al régimen y el no reivindicar los temas más sensibles de la gente por parte de la oposición formal, favorecen el mantenimiento de la dictadura.