Confiscación de bienes y violación de derechos en Nicaragua

Un tribunal de apelaciones de Managua, al servicio de la dictadura, ha ordenado la confiscación de los bienes inmuebles y el decomiso de todas las acciones o sociedades mercantiles de los 222 presos políticos que fuimos desterrados del país y despojados de nuestra nacionalidad nicaragüense el 9 de febrero de 2023. Esta sentencia fue emitida en un oficio de ese tribunal el 19 de mayo, sumándose así a la lista de vejámenes que la dictadura ha cometido contra ese grupo de nicaragüenses, quienes además han sufrido encarcelamiento, torturas, campañas públicas de difamación, separación familiar y violación de sus derechos constitucionales.

Este robo es otra grave violación a los derechos humanos fundamentales, ya que la propiedad privada es un derecho constitucional y una garantía jurídica básica consignada en múltiples convenios internacionales suscritos por Nicaragua. Es una acción gravísima contra los 222 presos políticos, que se suma a la que había sido tomada previamente contra otras 94 personas en otra lista, incluyendo a mi esposa Berta Valle.

Este robo daña irreparablemente todo el estamento jurídico nicaragüense en materia de propiedad privada. Con la familia Ortega Murillo en el poder, nadie en Nicaragua está a salvo. No hay ningún nicaragüense que pueda sentir que su vida, libertad, propiedad personal, integridad física o incluso su derecho a su propia religión estén protegidos. Esa dictadura es una bestia sin límites que lo devora todo. Sin embargo, hay algo que esa dictadura nunca podrá quebrantar: nuestra dignidad y profundo compromiso de amor a Nicaragua. Algunos de nosotros, que ya habíamos sido acusados de forma arbitraria en 2018, también hemos sufrido procesos de confiscación de nuestra propiedad. Por ejemplo, en mi caso, ninguna de las cuentas bancarias personales o institucionales que fueron inmovilizadas en 2018 fue devuelta. Además, se habían robado vehículos y artículos personales de valor.

Esta indignación por este nuevo robo de la propiedad privada es la tercera confiscación que mi familia ha experimentado en carne propia. En los años 80, fuimos víctimas de la "piñata". Así como de esa experiencia de la "piñata" surgió desde mi infancia un sentimiento de mayor compromiso con la justicia y una determinación en contra del frente sandinista, de esta tercera confiscación surge un compromiso aún más firme de consagrar mi vida entera a la búsqueda de la justicia para Nicaragua. Así como el régimen de Ortega también ha expropiado bienes que legítimamente le pertenece a la iglesia católica, el mensaje que manda es que ningún nicaragüense podrá tener tranquilidad o garantías de sus bienes. Esa lista de los 222 confiscados, en su gran mayoría son obreras y trabajadoras, jóvenes, trabajadores del campo, y sólo un pequeño grupo son empresarios. Sabemos que la dictadura tratará de vender la falsa narrativa de la lucha de clases, diseñada por esos regímenes totalitarios para envenenar el corazón de la ciudadanía con resentimientos entre nosotros.

El atropello contra una persona sea quien sea, es un atropello contra todos. No sólo nosotros estamos siendo confiscados. La libertad de todo el pueblo de Nicaragua está confiscada. Cuando a un católico nicaragüense se le impide ejercer su fe, también se violenta el derecho de todos los cristianos. Cuando se encarcela a un obispo, a una mujer o un joven, sólo por pensar diferente o hacer uso de su libre expresión, se lesiona la libertad de toda una nación en su conjunto. Es por esa razón que esta acción perversa de la dictadura debe ser tomada como un llamado a la unidad inequívoca de todos los nicaragüenses. La dictadura no hace diferencia de quiénes son sus enemigos. No tiene punto intermedio pues actúa bajo la lógica de todos conmigo o nadie conmigo. No tendríamos que hacer diferencia entre los opositores más allá de aquellos que estamos del lado de los derechos humanos, de la libertad y la justicia y los que se han colocado a lado de la dictadura. De esta tercera confiscación salgo más fortalecido en todas y cada una de mis convicciones. Los nicaragüenses de buena voluntad, que somos la mayoría, no podemos dejar de luchar cívicamente para salvar a la nación de quienes la tienen secuestrada.

Cuando los nicaragüenses hayamos eliminado por completo cualquier rastro de totalitarismo en Nicaragua, nuestro compromiso es asegurarnos de que aquellos a quienes se les hayan robado sus bienes los recuperen. Además, aquellos que se atrevan a beneficiarse de lo robado deben saber que también enfrentarán las consecuencias por el daño causado a los propietarios legítimos.