Las nuevas confiscaciones

Un extenso grupo de ex presos políticos condenados al exilio han suscrito un documento en el cual exponen la brutalidad con la que el régimen de los Ortega Murillo ha procedido en la confiscación de sus pertenencias.

Al igual que la Dictadura Sandinista expropió y confiscó bienes muebles e inmuebles de miles de nicaragüenses en la década perdida de los ochentas, nuevamente el mismo sandinismo repite la historia y, de forma ilegal, ilegítima, improcedente y contra todo principio fundamental de respeto a la propiedad privada, ha iniciado una oleada de confiscaciones contra no solo dichos hermanos ex presos políticos, sino que igualmente contra otro par de centenares de exiliados, contra la Iglesia Católica, contra múltiples medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.

Estas medidas confiscatorias no solo atentan contra el patrimonio de las personas, sino que, es tal la brutalidad de las mismas, que inclusive amenazan a las personas, fundamentalmente a los obispos confiscados que aún residen en Nicaragua, a no tener ni siquiera los recursos económicos básicos para poderse alimentar y adquirir medicamentos, bienes de aseo e higiene personal y otros de básica necesidad.

El Liberalismo, como dogma social, político y económico establece como uno de los valores fundamentales de las sociedades la libertad a la posesión de bienes y a la actividad económica privada sin persecución ni coacción ni restricción, mas allá de aquellas medidas que impliquen igualdad de oportunidades.

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Es imperativa y necesaria la solidaridad con todas y cada una de las personas e instituciones que han sido afectadas por la voracidad delincuencial del Dictador Daniel Ortega y su familia en esta nueva fase de confiscaciones.

Un nuevo gobierno deberá garantizar que todos los bienes que arbitrariamente han sido arrebatados deberán ser devueltos a sus legítimos propietarios; que deberá indemnizarse por la desaparición de cuentas bancarias, acciones, lucro cesante y daños y perjuicios a los afectados, pero en esta ocasión, se deberá resarcir por dichos daños con los recursos económicos de la familia Ortega Murillo, de sus testaferros, de sus cómplices de su círculo político y de las arcas del partido sandinista, dineros que todos los nicaragüenses sabemos que han sido el producto de la estafa al erario nacional y un burdo asalto a mano armada contra las finanzas públicas del país.

Un nuevo pacto social deberá ratificar el irrestricto e inalienable derecho a la propiedad privada y la actividad económica privada señalando severos castigos para quienes atenten contra estos principios.

Alfredo Gutiérrez

Dirigente Liberal Exiliado Político

Ex Candidato a Alcalde de Managua