La posición desacertada del presidente Lula da Silva y llamado a la comunidad internacional sobre Nicaragua

La posición del presidente Lula da Silva de Brasil con relación al proceso preparatorio de la Asamblea de la OEA del próximo 21 al 23 de junio en Washington DC es desacertada. Lamentablemente, no es nueva.

Comprendemos que Brasil—al igual que muchos países del mundo—ha abogado por mantener abierta una puerta diplomática en caso de que en algún momento el régimen de Daniel Ortega envíe señales de acercamiento diplomático. A pesar de esa postura, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidad (ONU) en Ginebra, aprobó la resolución A/HRC/RES/52/2 del 27 de marzo de 2023, que renovó por dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido en la resolución 49/3. El objetivo central de dicha resolución, es extender por dos años más el Grupo de Expertos encargado de realizar investigaciones independientes sobre todas las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Es, además, una resolución que se refiere a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como individuos involucrados en crímenes de lesa humanidad. Dicha resolución hace una serie de recomendaciones que la OEA debería escuchar.

El texto de la Resolución A/HRC/RES/52/2 del 27 de marzo de 2023 de la ONU, es precisamente el resultado de la ampliación de las resoluciones previas de la OEA. Es una continuidad de un proceso largo y complejo que abre el camino hacia el derecho a la memoria y la justicia. Es un camino que se inició con las gestiones ante el Consejo de Seguridad de la ONU en New York en septiembre de 2018, e incluso antes. Por tanto, los nicaragüenses que queremos la democracia—especialmente las víctimas y sus familiares—hemos dado todas las muestras de búsqueda de una salida pacífica a la grave crisis de Nicaragua, provocada por la dictadura. El régimen de Ortega-Murillo, por su parte, ha incumplido todas sus obligaciones internacionales en especial los tratados suscritos en materia de derechos humanos y  los compromisos  establecidos en la carta democrática interamericana.

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Comprendemos, además, que la postura de Brasil es parte de un debate global en materia de derecho internacional. Es naturalmente un tema diplomáticamente complejo en el marco de las relaciones internacionales y la búsqueda de una resolución pacífica de conflictos, frente a dos visiones diferentes:

¿Deben los organismos multilaterales mantener una postura permanentemente abierta al diálogo, aún frente a los casos más adversos de conflictos?

¿O, por otro lado, debería acaso reconocer la comunidad internacional de que existen contextos específicos en los cuales las negociaciones diplomáticas han dejado de ser opción y por tanto se deben abrir otras opciones diplomáticas de mayor presión?

Estos son temas que llevan décadas en discusión y que trascienden ampliamente el caso específico de Nicaragua. No esperamos que ese debate se resuelva antes de la próxima Asamblea de la OEA, pero sí exigimos que se reconozca de que la comunidad internacional ya le dio a Daniel Ortega demasiadas oportunidades a pesar de las exigencias y abogacía de opositores que hemos pedido mayor contundencia.

Los demócratas de Nicaragua y del mundo priorizamos el diálogo respetuoso como la forma en que las personas y los estados se entienden en medio de diferencias. Sin embargo, Ortega no es ni democrático ni respetuoso, es un tirano que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, es un error creer que él estaría abierto a un proceso sincero de acercamiento con la comunidad internacional o un proceso de diálogo con la verdadera oposición.

Por esta razón, es lamentable el nivel de desinformación mostrado por el presidente Lula en relación con Nicaragua y otras tiranías como Venezuela. Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son reales y han sido documentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son una narrativa; son la verdad.  Se requiere, pues, la respuesta más contundente posible de parte de la comunidad internacional.

Como defensores de los derechos humanos y activistas prodemocracia, es nuestro deber insistir en que la OEA debe aprobar una resolución que apunte en la dirección ya señalada por el Grupo de Expertos de la ONU. De lo contrario, se continuará afianzando la idea de que la OEA y los organismos internacionales le siguen dando la espalda al sufrimiento y a los anhelos de justicia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.