Óscar René Vargas: La estrategia, cambiar la correlación de fuerzas y forjar un contrapoder

La experiencia de 1990 confirma que el autoritarismo no va a desaparecer por la simple presencia de las cinco crisis (económica, política, social, ambiental, religiosa) o por su creciente aislamiento internacional. Su remoción requiere la organización del movimiento popular y la creación de un contrapoder. El movimiento social tiene que construir un poder fáctico, que es la sociedad organizada.

El estallido social de abril 2018 fue sorpresivo y espontáneo. Canalizó el descontento popular acumulado contra el régimen Ortega-Murillo. Los jóvenes convocados por las redes sociales protagonizaron una sublevación contra el “pacto público-privado” y en contra de los partidos políticos tradicionales que se disputaban la torta del Estado. La dictadura no supo encontrar los instrumentos políticos adecuados para lidiar con ese desafío, entrando en el camino de la represión.

La rebelión de abril 2018 sacó a la superficie las más profundas desigualdades de Nicaragua: la precariedad laboral, la educación deficiente, un sistema de salud precario y el hambre, todos, fruto de décadas de inversiones de poco impacto en el bienestar social y en los sectores productivos. Abril de 2018 hizo visible la represión (institucional, política, mediática, cultural, social, económica) que el régimen venía ejerciendo desde el 2007.

Desde el 2007, para el régimen Ortega-Murillo el control de la opinión pública se transformó en una prioridad estratégica, lo que explica la represión contra los medios de comunicación y periodistas independientes, con el objetivo de mantener la hegemonía en el campo político, social y cultural. La política comunicacional del régimen está basada en el poder de la comunicación, que la información es fuente de poder, de contrapoder, de dominación, para evitar el cambio social. Por lo tanto, la batalla política también es la batalla de la opinión pública.

Desde el 2018, por la represión generalizada los costos sociales y humanos han sido enormes. Miles de personas han entrado en una situación de pobreza. El empleo permanece por debajo de los niveles previos a abril de 2018 y las desigualdades han aumentado. Todo en beneficio de la familia y sus aliados en el poder. El frágil crecimiento del PIB entre el 2018 y 2023 ha puesto en evidencia la falta de inversión productiva y la ausencia de programas de impacto social.

La coyuntura actual (2024) está signada por el traumático escenario que genera la combinación de las cinco crisis (económica, social, política, religiosa y ambiental) y el control estricto de la información. Se ha profundizado la desigualdad y que afectan duramente al 70% de la masa laboral que sobrevive en la informalidad o en pobreza laboral. Esos sectores acrecentaron sus deudas familiares para contrarrestar la brutal caída de los ingresos.

Las cinco crisis no han sensibilizado a las empresas transnacionales ni a los barones del capital bancario. Prescindieron de cualquier disfraz humanitario, continuaron implementando altas tasas de intereses, exigiendo pagos a los deudores y obteniendo utilidades y ganancias extraordinarias. Pero esta crisis no es sinónimo del final del “orteguismo con o sin Ortega”. El régimen trata de reinventarse con la estrategia de escalar la represión para desescalar y hacer viable la cohabitación a través de un diálogo y negociación con poderes fácticos externos e internos.

Dado que la lucha por los derechos humanos no ha sido una concesión graciosa de un gobierno determinado, sino más bien ha sido y es la expresión de una conquista social de “los de abajo”, resulta ingenuo pensar que la democracia real se logrará prescindiendo de un contrapoder popular o confiando en el poder de los otros a través de arreglos políticos “en frío”. No hay que olvidar que la democracia es producto de una correlación de fuerzas determinada; por lo tanto, el movimiento popular tiene que empoderarse, creando un contrapoder, para asegurar la democracia. Es decir, la democracia es la expresión de una correlación de fuerzas.

El movimiento popular debe aprender a ambicionar el poder con la misma naturalidad con la que lo hacen los poderes fácticos políticos y económicos, y, perseguirlo con la misma vocación de la clase dominante para utilizarlo, al menos, en un doble propósito: de una parte, modificar la correlación de fuerzas; y de otra, ampliar la voluntad de alcanzar el poder político como parte de la estrategia de hacer política.

En otras palabras, no hay que olvidar que la lucha de abril de 2018 fue y es para forjar un contrapoder que permita alcanzar el mando, para poder decidir, para influir y para transformar las estructuras del bloque de poder de la sociedad autoritaria en la que se sustenta la dictadura. A partir de abril de 2018 el poder autoritario y el naciente contrapoder de los “de abajo” se trenzaron en una lucha por la hegemonía en el campo político, social, simbólico y mediático.

El poder de la dictadura está presente en todas las relaciones de fuerza, no como algo que puede ser, sino como algo ejercido en una constante lucha de poder en las esferas de influencia. Para que el movimiento popular pueda ejercer su influencia sobre el sistema político es necesario forjar un contrapoder con el objetivo de cambiar las correlaciones de fuerza entre los movimientos emergentes y el sistema autoritario.

Todo poder está referido a una correlación de fuerzas real. Los ritmos de los acontecimientos políticos nos indican que la transformación del sistema político está congelada. La represión tiene como objetivo impedir que el movimiento popular se reactive, y, al mismo tiempo, evitar una nueva correlación de fuerzas adversas a la dictadura impidiendo la creación de un contrapoder.

Solamente se puede derrotar a la dictadura forjando un contrapoder, lo que permitiría abrir el camino para avanzar hacia una Constituyente soberana y democrática que sepulte para siempre el nefasto régimen de: corrupción, impunidad, pobreza, desigualdad, desempleo y endeudamiento familiar. El reto es llevar la democracia en todos los ámbitos de vida nacional.

El contrapoder no desprecia a utilizar espacios jurídico legales, pero no se atiene solamente a ellos. La investigación y análisis de los “intelectuales orgánicos” (economistas, sociólogos, periodistas, ambientalistas) tiene que tener el objetivo de brindar información a los “de abajo” para que puedan forjar el contrapoder necesario. La fuerza del contrapoder es la defensa de los derechos humanos (económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera) de los distintos sectores populares.

El contrapoder también se organiza y se moviliza para realizar los cambios desde abajo, sin esperar que desde arriba le den esos cambios. El poder del contrapoder está sustentado en la movilización y organización popular. El contrapoder nace de la capacidad de los actores sociales de resistir y desafiar a las relaciones de poder institucionalizadas por la dictadura. Las diferentes maneras de construir el contrapoder tienen que tener el objetivo de conformar un doble poder para enfrentar y doblegar al Estado autoritario.

En cada municipio las organizaciones locales deben construir su propio contrapoder a través de un plan integral (de formación, de organización, de pequeñas protestas, para minar las bases de la dictadura y construir el nuevo estado democrático). La estrategia debe ser pacífica, cívica, auto convocada, clandestina y compartimentada. Somos favorables en el desarrollo de contrapoderes departamentales, municipales y comarcales que permitan el avance en la disolución o erosión del poder dictatorial. Estamos en la fase de que el acordeón político de la dictadura se contraiga o convulsione poco a poco.

Desde el 2018, los poderes fácticos y el Gran Capital han optado por el vaivén y la indefinición postergando cualquier solución que implique la caída de la dictadura. Después de 2018, el Gran Capital frenó cualquier proyecto para sustituir a la dictadura e impuso concesiones políticas al régimen en las negociaciones debajo de la mesa. Su objetivo era y es transitar por un camino político intermedio, el aterrizaje suave o la cohabitación. Sin embargo, la sucesión dinástica está en marcha; esto abre disputas, conflictos y desconfianzas al interior de las distintas fracciones del orteguismo y de los poderes fácticos, el creciente poder de Murillo no aquieta las aguas, sino las agita.

La historia política tradicional no está basada en forjar un contrapoder, está basada en los simulacros, en el sensacionalismo, en el hiperrealismo de las relaciones de poder existentes, tejiendo escenarios cada vez más ficticios, aplicando la lógica de obtener espacios para perdurar. La política y los políticos tradicionales han derivado en una creciente superficialidad. La nueva estrategia política debe de actuar cómo los “comejenes”, que desde abajo y de manera subterránea permita carcomer los pilares de la dictadura.

Los generales, los líderes sindicales, los dirigentes de los partidos políticos comparsas, los políticos tradicionales, los gerentes de bancos y grandes empresas, los dueños del dinero, los poderes fácticos y las elites en general no sólo son varones, sino que operan culturalmente con códigos patriarcales y machistas.

Nicaragua se encuentra en una encrucijada de dos proyectos de dos proyectos de país: uno, deseado por la mayoría de los ciudadanos y sectores populares representados en el tsunami de abril de 2018; pero, el otro, sostenido por la mayoría de los poderes fácticos favorables al “statu quo”, que es opuesto a todos los cambios que el movimiento de abril de 2018 apremia.

El dinero público es sagrado. Existe una hipocresía social en la clase dominante. Se practica un comportamiento asimétrico respecto al gasto y al ingreso del dinero público. Los actuales poderes fácticos, teóricamente, condenan la malversación de fondos públicos y la corrupción, pero contemplan con magnanimidad el delito fiscal, como si no dañasen de la misma forma -y seguramente en mayor medida este último- a la Hacienda Pública. Los que apoyan y hacen negocios con los ladrones, son cómplices. Las ganancias extraordinarias de los empresarios la obtienen de una concesión de la dictadura.

La cúpula del poder de la dictadura está totalmente rebasada por la realidad, no han podido comprender que la rebelión de abril de 2018 expresa un cambio generacional importante que se traduce en un parteaguas sociopolítico. Por ejemplo, el 80 por ciento o más de los principales dirigentes políticos son mayores de 60 años, sin embargo, en número de habitantes representan apenas el 10 por ciento de la población total. Por lo tanto, son políticos viejos que no han comprendido que estamos en la cuarta revolución industrial de la mano de la inteligencia artificial y ellos representan una visión de desarrollo preindustrial.

El problema del régimen autocrático, además de estar desactualizado en la era de la cuarta revolución digital o del conocimiento, es que no logra desarrollar mecanismos de corrección política para reestablecer equilibrio sociopolítico. La autocracia se basa en instituciones donde los individuos son personalmente leales al dictador, lo que conduce al poder piramidal, la ausencia de pluralismo y la opacidad en los procesos de toma de decisiones. A medida que la sociedad cambia y evoluciona, el régimen autocrático carece de mecanismos no solo para representar a amplios segmentos de la sociedad, sino también para corregir y modificar sus propias instituciones políticas.

Nicaragua no tiene horizonte con la permanencia de la dictadura Ortega-Murillo, si la dictadura se mantiene los jóvenes van a vivir peor que sus padres ni podrán cobrar ninguna pensión, van a seguir emigrando para encontrar trabajo; por otro lado, el país se está acostumbrando a que la clase dominante se enriquezca a través del robo, la corrupción y las exoneraciones, a que los jueces sean premiados por condenar sin pruebas a los opositores auto convocados; al mismo tiempo, los poderes fácticos que no quieren cambiar y están pactando, debajo de la mesa, la continuidad del régimen moribundo.

Para el liderazgo opositor tiene que saber que en la política cotidiana hay que aprender a conducir las acciones tácticas, lo que es difícil, porque no es solamente conducir las maneras o formas de la lucha política. Se trata, primero, de organizar; segundo, de educar; tercero, de enseñar; cuarto, de capacitar; y quinto, de conducir estratégicamente las acciones tácticas para derrotar a la dictadura.

Por la cual, se necesita modificar el rumbo de los cánones de la política tradicionales y para ello hace falta un plan estratégico, que desande lo andado y construya cambios que reestructuren el orden social, político, cultural y económico relativos al modelo productivo y de desarrollo, afectando los privilegios de los poderes fácticos y fomentando políticas que satisfagan las amplias necesidades de la mayoría de la población, al tiempo que respeten la vida social, cultural, ambiental y los derechos humanos.

No hay que olvidar que el Estado es un lugar de disputa de fuerzas sociopolíticas; que el poder dictatorial siempre hace trampa; que cuando se gana, ganas, pero cuando pierdes aprende; que la democracia no es solamente votar cada cinco años; que la gente “de a pie” tiene mucho que perder en una guerra; que hablar de abril de 2018 no es el pasado, es hablar del futuro.

Tenemos que cuestionar el relato de los poderes fácticos post abril de 2018 porque quieren tergiversar la verdad; la verdad es importante para construir un nuevo bloque de poder que tenga la capacidad de irradiación, de brillo. Para fundar la democracia tenemos que alcanzar el poder, no es posible la democracia sin poder. El reto del movimiento popular democrático es construir un contrapoder a través de las acciones imprevisibles de los “comejenes sociopolíticos” desde abajo, de manera subterránea.

La oposición real para construir el contrapoder necesita levantar un proyecto político atractivo basado en una poderosa política social que provoque esperanza, que se explique que se va a reducir la pobreza, que se va atenuar la desigualdad, que se va a mejorar los salarios de los más vulnerables, que se va a combatir la corrupción, que se va a rechazar la impunidad, que se va atacar la inequidad, y, por lo tanto, que se va a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y que se va a respetar los derechos humanos.

Oscar-René Vargas, sociólogo y economista. Autor y co-autor de 57 libros. Ex preso de conciencia y miembro de los 222, desterrado, desnacionalizado y confiscado. El hecho de confiscar mis propiedades por parte de la dictadura es un acto de robo y violatorio de las leyes constitucionales e internacionales.