Lucía Camacho: Crítica situación de los derechos en entornos digitales en Nicaragua

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), Nicaragua fue evaluada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es decir, un mecanismo de escrutinio internacional que sucede cada cuatro años y en el que los Estados se evalúan entre sí y se recomiendan mutuamente acciones para la garantía, protección y respeto de los derechos humanos en línea y fuera de ella.

El pasado miércoles 13 de noviembre, en la audiencia de la sesión, la comitiva que representó en línea al Estado nicaragüense expuso una narrativa muy favorable y positiva sobre su desempeño en la protección y garantía de los derechos humanos. Primó el argumento de la defensa del “ejercicio de la libre autodeterminación” en el dictado de las políticas públicas, y la solicitud a los Estados asistentes en la audiencia que se abstuvieran de intervenir en los asuntos internos del Estado bajo examen.

El estado actual de cumplimiento de los derechos digitales en el país fue uno de los tantos asuntos omitidos por la representación de Nicaragua. Y sabemos que la situación del ejercicio de los derechos humanos en la esfera digital en este país es crítica.

Resulta preocupante el silencio de la comitiva. Tal y como lo documentó el reporte sobre el estado de los derechos digitales en Nicaragua, elaborado por la ONG Derechos Digitales e IPANDETEC, en el país se han reportado en los últimos cuatro años serias amenazas al ejercicio de la libertad prensa y de expresión en internet, al acceso a la información y la protesta en línea, entre otros. En el informe se destacan tres hitos. 

1. El impacto de los apagones e interrupciones temporales del servicio de internet. Por una parte, se han empleado por el Estado para apagar la protesta social, y por otra, se han utilizado como herramienta para el silenciamiento de la ciudadanía, medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos.

2. La expedición de la Ley 1042 de Ciberdelitos, aprobada en 2020. En aplicación con otro conjunto de leyes restrictivas de los derechos, ha sido usada por las autoridades como una herramienta para amordazar e intimidar a personas críticas del gobierno y silenciar el debate público con la excusa de la persecución del delito de difusión de noticias falsas, donde el juez de la verdad es el Estado.

Aunque el Estado nicaragüense reconociese en la audiencia que la Ley de Ciberdelitos es aplicada en tanto como una “ley válida”, la realidad es que su contenido es incompatible en todo sentido con los estándares básicos de derechos humanos de necesidad, proporcionalidad y legalidad. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado previamente su adecuación a estándares interamericanos. Hasta el día de hoy, el Estado no ha tomado ninguna medida para hacerlo.  

Por otra parte, vale la pena recordar que Nicaragua se retiró oficialmente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un año atrás. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de dicho organismo documentó por su cuenta que la aplicación del delito de difusión de “fake news”, contemplado en la Ley 1042, también ha estado aunado a la violación al debido proceso judicial, lo que ha conducido a cientos de detenciones y condenas injustas y arbitrarias.

Una de las investigaciones abiertas en aplicación de esa ley, por ejemplo, se documentó en otro informe elaborado por la ONG Derechos Digitales respecto de la influenciadora y activista trans “Lady la Vulgaraza”, quien se exilió en Costa Rica y luego en Estados Unidos por el riesgo de la imposición de una condena en su contra por los comentarios que habría efectuado en redes sociales contra diversas medidas del régimen actual. Las críticas a las autoridades, aunque se encuentren protegidas por los derechos humanos, en Nicaragua pueden significar una persecución a tal punto que lleve a la privación de la libertad de las personas.

3. La adquisición del software ruso de vigilancia masiva.

El Sistema de Operativos de Investigación de Actividades, o también conocido como SORM-3 por sus siglas en inglés, representa una grave amenaza para la privacidad y libertad de expresión. Dicho software, según pudo documentar la organización Freedom on the Net en 2023, puede ser empleado para el monitoreo de las redes sociales, correos electrónicos y otras comunicaciones privadas de manera imperceptible y silenciosa. Su uso no se encuentra acompañado de garantías ni límites legales que prevengan su abuso, y mucho menos de la transparencia debida que permita entender para qué casos será desplegado dicho software o cuáles fueron las condiciones de su adquisición.

¿Qué se puede esperar luego de esta nueva audiencia del EPU?

Atravesada por tensiones evidentes que quedaron registradas en vivo desde Ginebra, la audiencia de Nicaragua ante Naciones Unidas se extendió durante tres horas. El momento más crítico se produjo cuando los Estados del Consejo de Derechos Humanos concluyeron sus recomendaciones al país, enfatizando, entre otros puntos, la necesidad de una mayor cooperación y apertura hacia los organismos internacionales en derechos humanos, la mejora del espacio cívico y el restablecimiento de las garantías del Estado de derecho. El representante de Nicaragua ante la ONU pidió la palabra y elevó una moción de orden para instar a los Estados a referirse “con respeto” al Estado nicaragüense.

Al finalizar, la comitiva del país que se conectó a la audiencia también elevó sus respectivas réplicas ante las diversas recomendaciones recibidas, cuyo texto oficial y definitivo se conocerá próximamente. Manifestaron que la aplicación de la Ley de Ciberdelitos se ajusta a un marco jurídico legalmente aprobado, entre los comentarios elevados en defensa de la visión oficial. No hubo en ese momento mención alguna de compromisos del país a futuro.

Países como Estonia recomendaron expresamente a Nicaragua derogar el marco jurídico que restringe el ejercicio de derechos en línea y el acceso a internet. Este señalamiento fue celebrado por las organizaciones de la sociedad civil como un logro significativo en tanto que reconoce la situación crítica que experimenta el ejercicio de derechos en línea. Sin embargo, los representantes del país omitieron nuevamente cualquier alusión al contenido de esa recomendación. 

Luego de que la ONU publique las recomendaciones elevadas por cada país que integra el Consejo de Derechos Humanos, se difundirá con posterioridad otro informe en donde constará el registro de las recomendaciones que el Estado nicaragüense decidió aceptar para cumplir con su contenido en los próximos cuatro años.

Desde las organizaciones de la sociedad civil continuaremos nuestra tarea de ejercer presión a la comunidad internacional para que no se olvide de la crítica situación de los derechos humanos ahora, ni en los años que vienen. Desde luego, no perdemos de vista que el Estado sigue avanzando en su estrategia de exclusión de la esfera internacional, lo que sin duda será un reto que sortear en la pregunta sobre cómo contribuir a la mejora de la protección de derechos de cara a un Estado que cada vez más se cierra a la posibilidad de diálogo.

Lucía Camacho, es coordinadora de Políticas Públicas en Derechos Digitales.