Del Ejército de Nicaragua al Brazo Armado del Sultanato Ortega-Murillo

Como recordaba Samuel Huntington en su icónico estudio sobre las transiciones democráticas, el control civil democrático sobre las fuerzas armadas es el pilar fundamental para consolidar una democracia. Un Ejército que no esté subordinado al control de un partido o de un autócrata garantiza que la institución militar sirva al Estado y no a los intereses particulares de quienes ostentan el poder. En Nicaragua, Daniel Ortega ha demolido este principio, colocando la última piedra funeraria sobre los rezagos de los principios constitucionales que aún sobrevivían. Lo que queda en su lugar es un nuevo modelo de Estado: un sultanato tiránico, bicéfalo y medieval, en el que las instituciones están subordinadas a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes consolidan su poder con el Ejército como brazo armado de su régimen.

1. Tapón en la cúspide militar: frustración y servilismo

El control absoluto de Ortega sobre el Ejército y la continuidad del general Julio César Avilés, que lleva catorce años en el cargo,  no solo consolida el carácter partidista de las Fuerzas Armadas, sino que bloquea cualquier posibilidad de renovación interna. Junto a Avilés, los mayores generales Bayardo Rodríguez (jefe del Estado Mayor) y Marvin Corrales (inspector general) han formado un tapón institucional al permanecer en la Comandancia General durante siete años. Este esquema perpetúa una estructura cerrada en la que los ascensos y retiros dependen únicamente de los caprichos de Ortega y Murillo, anulando cualquier criterio de mérito militar.

Este bloqueo seguramente ha generado frustración entre los oficiales de menor rango, quienes ven truncadas sus aspiraciones profesionales al enfrentarse a una cúpula que premia el servilismo político por encima de la profesionalización militar. Este sistema erosiona aún más los valores institucionales y refuerza la lealtad absoluta al régimen como único camino para progresar dentro del Ejército de Nicaragua, que de hecho es un ejército del sandinismo.

2. "Empresarios y políticos en uniforme"

Bajo el mandato de Avilés y su cúpula, los altos mandos del Ejército han dejado de ser soldados al servicio de la nación para convertirse en "empresarios y políticos en uniforme". Aprovechando su cercanía con Ortega y Murillo, la cúpula militar participa en negocios ilícitos y prebendas económicas, muchas de ellas derivadas de bienes y propiedades confiscadas a opositores políticos. Además, participan del control de sectores estratégicos de la economía, como es por ejemplo la construcción y el negocio de bienes raíces, lo que les permite acumular riqueza mientras aseguran su posición dentro del régimen.

Este modelo de enriquecimiento mutuo ha convertido al Ejército en un actor económico y político más que en una institución profesional. La extensión del mandato de Avilés no es solo una medida para consolidar el poder de Ortega, sino también un mecanismo para que la cúpula militar siga enriqueciéndose y protegiendo sus privilegios, mientras garantiza la lealtad incondicional al régimen.

3. Influencia perversa de potencias autoritarias

La creciente influencia de China, Rusia, Irán y Cuba en Nicaragua profundiza la conversión del Ejército en una herramienta servil a los intereses de estas potencias autoritarias. Con conflictos globales en curso, Ortega utiliza a las Fuerzas Armadas como un vehículo para alinearse con los adversarios de las democracias occidentales, especialmente de Estados Unidos. Esa intención ha quedado clara no sólo por los intentos de Ortega de incorporar a Rusia y China en instituciones de la integración regional, sino además por los acuerdos firmadas entre la dictadura y esas otras autocracias.

En ese sentido, el odio enfermizo de Ortega hacia las democracias occidentales y su alineación estratégica con Rusia aumentan el riesgo de que el Ejército de Nicaragua sea arrastrado a conflictos lejanos y ajenos, como apoyo a intereses geopolíticos de Moscú. Esta subordinación no responde a ningún interés legítimo de Nicaragua, sino a los caprichos de Ortega y su alianza con regímenes que comparten su modelo autoritario. Al igual que ya lo hizo la primera dictadura sandinista en los años ochenta durante la Guerra Fría, estamos ante el peligro de que Ortega involucre nuevamente a Nicaragua en conflictos geopolíticos en los que no deberíamos participar.

4. Corrupción y prebendas en el Ejército

La extensión del mandato de Avilés también consolida un modelo prebendario y corrupto, en el que la lealtad de los altos mandos se compra mediante:

Nombramientos en puestos públicos y cargos estratégicos para oficiales leales al régimen.

Entrega de propiedades confiscadas, muchas de las cuales pertenecían a opositores políticos, como recompensa para garantizar la fidelidad.

Control sobre los recursos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que ha dejado de servir a los intereses legítimos de los oficiales retirados para convertirse en un instrumento de enriquecimiento de la cúpula militar.

Las empresas y activos del IPSM, en lugar de servir para atender las necesidades de todos los miembros retirados del Ejército, enriquece principalmente a los altos mandos leales a Ortega, desviando recursos hacia la perpetuación del régimen. Esta situación refuerza la necesidad de que la comunidad internacional imponga sanciones específicas sobre los activos del IPSM y otros mecanismos financieros corruptos.

Un Ejército al servicio de la tiranía

Con la prolongación del mandato de Avilés, el Ejército de Nicaragua ha dejado de ser una institución nacional para convertirse en el brazo armado de la dictadura Ortega-Murillo. Este proceso ha desmantelado décadas de esfuerzos e inversión en su modernización institucional, transformándolo en un actor económico y político subordinado a intereses personales y externos. Los principios de la anterior Constitución Política, la Ley 290 y otros instrumentos jurídicos diseñados para garantizar un Ejército apartidista, profesional y no deliberante han quedado completamente anulados.

La corrupción, la influencia extranjera de potencias como China y Rusia, y el servilismo político han hecho del Ejército el pilar central para la continuidad del régimen. Ante esta realidad, es imperativo que la comunidad internacional y los movimientos democráticos redoblen esfuerzos para denunciar y sancionar estas prácticas, al tiempo que respalden los anhelos del pueblo nicaragüense por recuperar la democracia.

Cuando Nicaragua logre reconstituirse como una democracia, será imprescindible replantear el rol de las Fuerzas Armadas. Se deberá construir una institución militar o de seguridad que sea verdaderamente apartidista, profesional y al servicio de la nación. Incluso, sería pertinente abrir el debate sobre si Nicaragua necesita un Ejército o si, como han hecho otros países, puede prescindir de él para evitar su uso como herramienta de opresión.