Miguel Mora: "En guerra avisada no muere soldado"

Desde hace semanas, en Nicaragua se vive un ambiente de incertidumbre económica que ha encendido las alarmas de familias, empresarios, banqueros y ciudadanos de a pie. 

Las recientes reformas económicas impulsadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han puesto en jaque al sistema financiero nacional, consolidando un modelo de control absoluto que amenaza acabar con la confianza en las instituciones bancarias.

Una de las finalidades de la nueva iniciativa de ley es sembrar intimidación en la población, demostrando el alcance del poder represivo de la dictadura. 

Un caso ilustra el miedo que se respira en el país: un empresario, preocupado por el futuro de su patrimonio y sus empresas, contactó insistentemente a un diputado sandinista cercano a su familia.

Cuando finalmente logró respuesta, la voz del funcionario reflejaba cansancio, pero también sinceridad. La pregunta del empresario fue directa:

”¿Qué me recomendás hacer con mi dinero, propiedades y mis empresas?”

La respuesta, cargada de desesperanza, no dejó lugar a dudas:

“Si yo pudiera, me iría del país con todo lo que pueda sacar.

Pero no me dejan. Ya estuvieras sacando todo tu dinero, vende lo que podás y ándate, porque el próximo año esto se va a poner peor.”

Y es que las acciones del régimen sandinista no han hecho más que reforzar el temor de quienes ven cómo Nicaragua se hunde cada vez más en el autoritarismo, ahora también en el ámbito económico.

Esta propuesta busca amenazar a los altos ejecutivos de las instituciones financieras supervisadas, quienes podrán ser destituidos arbitrariamente por decisión de una nueva supraentidad.

Hagamos un breve repaso de los movimientos del regimen en los ultimos meses;

Sin asco de caer una ráfaga de leyes para controlar la economía

En los últimos meses del año, el régimen dejó claro que no solo busca controlar el poder político, las libertades públicas sino también el dinero de las familias y empresas nicaragüenses. 

Las reformas legales con la mira en ese objetivo han llegado en cadena, dejando poco tiempo para reaccionar y generando un caos que podría desembocar en el colapso del sistema financiero nacional.

1. La Ley de los Sancionados:

Esta ley, presentada como un intento de obligar a los bancos a abrir cuentas a más de 50 funcionarios sancionados por corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos, fue el primer paso. 

Aunque la Superintendencia de Bancos (SIBOIF) suavizó el golpe al permitir que las instituciones financieras rechacen cuentas que pongan en peligro sus relaciones internacionales, el mensaje fue claro: el régimen quiere doblegar a la banca.

2. Reforma Constitucional total:

A esta ley le siguió una reforma constitucional que, en la práctica, convierte a Nicaragua en un estado dinástico al estilo cubano, donde todos los poderes están sometidos a la voluntad de Ortega y Murillo. Además de quitar derechos económicos como la propiedad privada, derechos laborales y salarios dignos.

3.Cordobización de la economía:

El Banco Central de Nicaragua emitió una normativa que busca reducir el uso del dólar en el mercado interno, una medida que avivó aún más la incertidumbre y encendió las alarmas entre los agentes económicos. 

Por el inminente control de las remesas y el poder de utilizar la maquinita para imprimir billetes sin respaldo en caso de ser necesario.    

4.Control total del sistema financiero:

Finalmente, en medio de las festividades de fin de año, la dictadura aprobó una reforma urgente al sistema financiero nacional. 

Esta medida eliminó el sigilo bancario, otorgó al régimen acceso irrestricto a la información financiera de los ciudadanos, familias y empresas, estableció sanciones extremas, incluyendo la confiscación de bienes, encarcelamiento, destierro y desnacionalización para quienes no cumplan con las nuevas normativas.

La banca, en la cuerda floja

Estas reformas han transformado a los bancos en herramientas del régimen, eliminando su autonomía y convirtiéndolos en instrumentos de control económico. 

Aunque la legislación vigente establece causas específicas para la destitución de funcionarios financieros, como incumplimientos legales o irregularidades en sus funciones, la nueva propuesta habilita destituciones bajo criterios vagos y arbitrarios, como las “razones que determine la Superintendencia”. 

Esto amplía el alcance de las sanciones para incluir a juntas directivas, gerentes, ejecutivos e incluso empleados de las instituciones financieras, lo que crea un clima de inseguridad generalizado.

Un nuevo organismo creado por ley dicatatorial le quita la independencia a los bancos como entidades comerciales. Ahora no podrán tomar decisiones que contradigan al régimen, porque eso podría ser motivo de intervención. 

Peor aún, una simple resolución administrativa será suficiente para liquidar un banco, sin posibilidad de recurrir al Poder Judicial.

Frente a este panorama debemos estar claros que los bancos dependen de la confianza de sus clientes para operar. En cualquier país, el sistema financiero funciona porque las personas, familias y empresas confían en que su dinero estará seguro.

En Nicaragua, esa confianza se ha roto. La fuga de capitales es evidente y se asemeja a lo ocurrido tras las protestas de 2018, cuando miles de nicaragüenses retiraron sus ahorros y trasladaron su dinero al extranjero. 

Hoy, la historia se repite, pero con un contexto aún más grave: con un régimen que tiene las manos metidas directamente en los bolsillos de los ciudadanos.

¿Qué significa para 2025?

El próximo año pinta sombrío para Nicaragua.
 
Con una economía cada vez más cerrada, un sistema financiero bajo control absoluto del régimen y una fuga de capitales que debilita a los bancos, el panorama es incierto.

Para los hogares y empresas, el mensaje es claro: la dictadura no solo busca controlar la política, derechos civiles y libertades públicas sino también cada aspecto de la vida económica para garantizar el sometimiento total.

La iniciativa no solo politiza las leyes para consolidar el poder de la dictadura, sino que también busca obtener información sobre aquellos que considera enemigos, información que hasta ahora no habia podido conseguir.

La falta de confianza, sumada al autoritarismo económico, amenaza con llevar al país al borde del colapso financiero.

Y es que la banca, que en cualquier lugar del mundo debería ser un refugio seguro para los ahorros de las personas, en Nicaragua se ha convertido en una extensión del aparato represivo del régimen. Y cuando los ciudadanos pierden la confianza en los bancos, la quiebra no es un riesgo, es un hecho factico.

El autoritarismo económico se consolida

Con estas medidas, Ortega y Murillo han consolidado su modelo de control totalitario, dejando a los nicaragüenses sin opciones y sin esperanza. 

“Obliga al suministro de información”, lo que otorga un poder ilimitado a las autoridades para exigir datos privados de personas y empresas. “Esto incluye no solo al Banco Central y la Superintendencia de Bancos, sino también a cualquier entidad o persona designada por estos organismos”. ¿Que tal?

En un país donde las leyes se usan para confiscar, castigar y reprimir, la pregunta no es qué pasará con los bancos?  sino ¿cuánto tiempo podrá resistir una economía que ha perdido su libertad y su confianza.?

Muchos caen en la trampa del juego legalista impuesto por la dictadura, olvidando que el problema no radica únicamente en lo que está escrito en las leyes dictatoriales, sino en la calidad moral y la honradez de los funcionarios que esas leyes colocan al mando. 

Estas personas, con antecedentes de corrupción y criminalidad, ahora tienen el poder absoluto para controlar toda la información financiera de los ciudadanos, familias y empresas.

¿Cómo confiar en un sistema donde los administradores del dinero son los mismos que han sido sancionados internacionalmente por actos ilícitos? 

La respuesta parece clara: la confianza está rota, y con ella, el futuro del sistema financiero nacional.

Pusieron a los zorros a cuidar el gallinero: 

Y así la confianza económica de Nicaragua, esta hoy en la cuerda floja

Para los tecnócratas o los que tienen como misión calmar las aguas para mantener lo más que se pueda el statu quo.

Repito y sostengo que en Nicaragua, las recientes reformas impulsadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo buscan controlar el sistema financiero, sino también concentrar el poder absoluto sobre el dinero de las familias, empresas y ahorrantes. 

Ahora los sancionados quienes ni siquiera pueden abrir cuentas en bancos debido a sus antecedentes de lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos, son ahora los encargados de manejar el sistema financiero del país. 

En buen nicaragüense, los zorros están cuidando el gallinero.

Corrupción al mando del dinero de los nicaragüenses

El fin del sigilo bancario: el control absoluto del régimen sobre las finanzas de los nicaragüenses

El régimen de Daniel Ortega ha dado un paso más hacia el control absoluto del sistema financiero en Nicaragua. Ahora, el sigilo bancario, ese principio fundamental que protege la confidencialidad de las cuentas y operaciones financieras, estará completamente a disposición de Ortega a través del Banco Central (BCN) y la Superintendencia de Bancos (SIBOIF).

Estas instituciones podrán solicitar cualquier información sobre clientes bancarios, delegar a terceros para acceder a datos confidenciales, o incluso intervenir directamente en las operaciones de los bancos.

¿Qué significa esto en términos prácticos?

Cualquier funcionario sandinista, con una simple carta emitida por el Banco Central o la SIBOIF, podrá presentarse en cualquier banco para exigir detalles confidenciales de las cuentas, juntas directivas y acciones de empresas que el régimen considere “de interés”. 

Estas acciones abren la puerta a confiscaciones arbitrarias, extorsiones y coerciones contra empresarios, opositores políticos y cualquier ciudadano que caiga en la mira del régimen.

Además, esta nueva normativa le permite al régimen despedir a cualquier empleado de un banco o institución financiera bajo el simple pretexto de “sospechas” de no ser leal al sandinismo. La orden de despido inmediato puede ir acompañada de acusaciones infundadas o detenciones arbitrarias, sembrando el miedo en el sector laboral financiero.

Pero la estrategia va aún más allá. Ortega podrá presionar a los banqueros para que contraten a sus fichas en posiciones clave dentro de las instituciones financieras, con el propósito de infiltrarse y controlar desde adentro. 

Estos “comisarios políticos” no solo supervisarán las operaciones internas, sino que también garantizarán que las órdenes del régimen se cumplan al pie de la letra.

En esencia, el sistema bancario y financiero nicaragüense ha sido secuestrado por un régimen que no solo busca robar el capital de los ahorrantes, sino también destruir cualquier vestigio de confianza en las instituciones financieras privadas del país. 

Esto no es solo una violación de derechos fundamentales, sino un ataque directo al motor económico de las familias y empresas nicaragüenses.

¿Pondría usted su dinero bajo el control de funcionarios sancionados por corrupción? 

¿Apostaría por la estabilidad del sistema financiero sabiendo que son estos mismos funcionarios quienes decidirán sobre su dinero, el de su familia o empresa?

Un sistema financiero en jaque

El impacto ya se debe sentir en el sistema financiero nicaragüense. El miedo impulsaría a miles de millones de dólares a ser drenados hacia cuentas en el extranjero, mientras otros recurren a retirar efectivo, comprar oro o invertir en propiedades fuera del país, intentando minimizar el riesgo de confiscaciones. 

Este éxodo de capitales estaría vaciando los bancos, dejando a los ahorrantes que se queden en Nicaragua expuestos a no poder recuperar su dinero cuando intenten retirarlo.

Otra intención oculta de esta propuesta: ejercer un estricto control sobre el movimiento de capitales, tanto hacia como desde el exterior. Ante el temor de muchos empresarios que deciden proteger sus fondos fuera del país, el régimen intenta frenar la fuga de capitales, obligando a mantener los recursos dentro del territorio nacional y señalando a quienes transfieren dinero al exterior.

A esto se suma la cancelación de cualquier posibilidad de inversión extranjera. Empresas que consideraban traer su dinero al país ahora ven en Nicaragua un terreno minado, donde las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana bajo las órdenes de un régimen que utiliza cada vez  más el miedo como arma.

El fin de la confianza: un sistema basado en la incertidumbre

La dictadura cree que puede controlarlo todo mediante la brutalidad de la fuerza y el autoritarismo, pero ignora que el sistema financiero depende enteramente de la confianza de sus ahorrantes. 

Sin confianza, los bancos no funcionan, la economía se paraliza y, con ello, al final paradójicamente  se destruye también la injerencia del régimen sobre el dinero de los demás.

Esa confianza ya está rota. Los ciudadanos saben que ahora no son los bancos quienes velan por garantizar sus ahorros, sino un grupo de corruptos y criminales que operan como una mafia económica. 

El miedo a una nueva “Operación Bertha”, con corralito financiero y quiebras bancarias, está latente.

El colapso económico como resultado inevitable

Además, de los robos recetados con indemnización millonarias, el control gubernamental del mercado cambiario, impuesto por decreto, envía una pésima señal de cara a un 2025 que ya se proyecta complicado.

El próximo año, Nicaragua enfrentará cuatro grandes desafíos económicos:

1. Deportaciones masivas desde Estados Unidos y el cierre de la migración como válvula de escape a los problemas económicos, sociales y políticos de la población.

2. Un descenso en el flujo de remesas, afectado por la desconfianza económica y la menor capacidad de los migrantes para enviar dinero a sus familias.

3.Una economía dolarizada en crisis, donde el régimen busca imponer el córdoba como moneda dominante, a pesar de la evidente falta de respaldo y credibilidad en las políticas monetarias del Banco Central.

4.La posibilidad del cierre del mercado norteamericano y parte del centroamericano como producto de sanciones económicas del nuevo Presidente Donald Trump y sus aliados.

¿El final de una economía funcional?

El autoritarismo económico de Ortega y Murillo ha dinamitado la confianza necesaria para que la economía funcione a mediano y largo plazo. 

El sistema financiero, que debería ser un pilar de estabilidad, ahora está bajo el control de quienes han demostrado que no tienen escrúpulos para robar, exiliar y reprimir.

En este contexto, queda claro que el futuro financiero de Nicaragua está al borde del colapso.

Los ciudadanos y comerciantes sobre todo enfrentan un dilema: sacar su dinero del país mientras sea posible o quedarse a merced de un sistema dirigido por una dictadura que no tiene límites.

En el mundo moderno, el principal financiamiento para la economía proviene de los ahorros depositados en el sistema financiero. Pero cuando grandes sumas de dinero salen de un país, la economía pierde capacidad para sostener sus actividades productivas.

¿Arriesgaría usted sus ahorros confiando en las promesas de un régimen que lo ha confiscado todo? 

¿Apostaría por la estabilidad del córdoba cuando todas las señales apuntan al colapso? 

Las respuestas, para muchos nicaragüenses, ya son verdades evidentes.

Y por si fuera poco, los nicaragüenses, que ya llevan años soportando los altos precios de los combustibles impuestos por la familia Ortega-Murillo, ahora enfrentan un nuevo golpe: el fraude del pasado 17 de diciembre. Este fraude busca indemnizar a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP-Petronic) por el traspaso de sus inventarios al Estado.

Mientras la dictadura habla de “cordobización” de la economía, obligando a los ciudadanos a pagar en córdobas, en este caso se recetaron nada menos que 22.2 millones de dólares. ¿No lo cree? Solo hay que leer el acuerdo publicado en el diario oficial, que especifica claramente: “Moneda de emisión: dólares de los Estados Unidos de América”. Los bonos de esta operación serán pagados en dólares, con un plazo de tres años y hasta con tasa de interés anual.

Para entender el trasfondo, recordemos que la historia de la DNP se remonta a 1999, cuando el gobierno de Arnoldo Alemán otorgó una concesión de diez años a la multinacional Glencore para la distribución de combustibles. Sin embargo, en 2009, el gobierno de Ortega no renovó la concesión y asumió las operaciones de la DNP con el apoyo de la cooperación venezolana.

Desde entonces, DNP y su red de unas 70 gasolineras quedaron bajo el control de la familia Ortega-Murillo. Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor de la pareja dictatorial, dirigía Inversiones Zanzíbar, sancionada en 2019 por el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, Yadira Leets, exesposa de Rafael Ortega, estaba a cargo de las operaciones de DNP, que llegó a controlar el 30% de las importaciones de derivados del petróleo en el país.

Con las sanciones internacionales, las gasolineras vinculadas a la DNP cerraron temporalmente sus operaciones, pero el régimen implementó la llamada “Operación Maquillaje”. Cambiaron los nombres y marcas de las estaciones de servicio y, poco a poco, las reabrieron al público.

Ahora, con esta nueva transformación de la empresa en una supuesta propiedad estatal, la dictadura comete otro fraude, recetándose más de 22 millones de dólares que, al final, serán pagados por el pueblo nicaragüense. Una vez más, la carga recae sobre los ciudadanos, mientras la familia Ortega-Murillo sigue enriqueciéndose a costa del país.

Recuerde que en guerra avisada no muere soldado.

Gracias por leer mis comentarios que por supuesto son al margen de otros más atinados y valiosos.

Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua.