Oscar René Vargas: Una historia a tenerla presente

La presión del Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno Ortega-Murillo se concretó el 5 de abril 2017 la ley “Nica Act” llegó de nuevo a manos de los representantes y el 27 de abril 2017 en el Senado. La nueva versión de la Ley Nica (“Nica Act”) llega reforzada, en relación a la primera versión aprobada en septiembre de 2016. En el mes de mayo 2017, se supo que el banquero nicaragüense Roberto Argüello, contrató, a través de su empresa, CEO Advisors, a Arthur Estopiñán -quien durante 27 años trabajó con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, principal impulsora de la Nica Act- para que haga lobby y consiga “suavizar” la ley. Ortega y el gran capital tenían, también, a otros cabilderos trabajando activamente en Washington.

La preocupación que los representantes de la cúpula empresarial los llevó finalmente a algunos a financiar a cabildeadores para que consigan mejorar la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y Ortega. Carlos Pellas y empresarios agremiados en AMCHAM viajaron en el mes agosto a Washington con el objetivo de hablar con altos funcionarios del gobierno de Trump para convencerlos de lo dañino de la ley para la economía y la estabilidad del país.

Por US$ 200 mil dólares AMCHAM contrató el 18 de septiembre 2017 a una empresa de lobby para influir para que la política de Washington dé un giro. Los grandes empresarios aliados del gobierno continúan cabildeando en Washington presentando a los congresistas una “narrativa” positiva: Nicaragua mantiene un modelo de estrecha alianza entre gobierno y empresa privada y eso lo ha hecho un país estable, con una economía en crecimiento.

En el mes de marzo de 2018, el diario “Miami Herald” reveló las acciones del legislador Francis Rooney contra la ley “Nica Act” y sus lazos comerciales con el empresario Carlos Pellas, quien ha viajado en varias ocasiones, desde agosto 2017 para cabildear en contra de la ley “Nica Act”.