Oscar René Vargas: Una historia a tenerla presente
La presión del Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno Ortega-Murillo se concretó el 5 de abril 2017 la ley “Nica Act” llegó de nuevo a manos de los representantes y el 27 de abril 2017 en el Senado. La nueva versión de la Ley Nica (“Nica Act”) llega reforzada, en relación a la primera versión aprobada en septiembre de 2016. En el mes de mayo 2017, se supo que el banquero nicaragüense Roberto Argüello, contrató, a través de su empresa, CEO Advisors, a Arthur Estopiñán -quien durante 27 años trabajó con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, principal impulsora de la Nica Act- para que haga lobby y consiga “suavizar” la ley. Ortega y el gran capital tenían, también, a otros cabilderos trabajando activamente en Washington.
La preocupación que los representantes de la cúpula empresarial los llevó finalmente a algunos a financiar a cabildeadores para que consigan mejorar la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y Ortega. Carlos Pellas y empresarios agremiados en AMCHAM viajaron en el mes agosto a Washington con el objetivo de hablar con altos funcionarios del gobierno de Trump para convencerlos de lo dañino de la ley para la economía y la estabilidad del país.