Gabriel Álvarez: sin necesidad de reforma electoral se pueden nombrar magistrados imparciales en CSE

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Abril 06, 2021 12:10 PM

A un mes que se venza el plazo que dio la Organización de Estados Americanos (OEA) al régimen de Daniel Ortega para que realice reformas electorales mínimas para elecciones libres, transparentes y observadas en el país; el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez baraja la opción de un acuerdo político entre la oposición y el régimen para nombrar nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral.

Según Álvarez, ya no hay tiempo para reformas constitucionales por lo cual no tiene sentido seguir hablando sobre las mismas “En el tema particular del Consejo Supremo Electoral, hay dos posibilidades, una de ellas es que sin necesidad de reformas legales haya un acuerdo político entre el gobierno y los principales actores de la oposición que tienen el mayor respaldo del pueblo para encontrar que abundan y designar, seguir el procedimiento de la Constitución y Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, para nombrar personas idóneas, imparciales, independientes que vayan a darle a la gente la mayor confianza para acudir a las urnas”, dijo.

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El abogado constitucionalista señala que todavía hay tiempo para impulsar reformas electorales pero se necesita “voluntad política” por parte de Daniel Ortega “El tema propio del Consejo Supremo Electoral basta de la voluntad política, el señor Ortega no ha demostrado voluntad política, pero la comunidad internacional y sobre todo los nicaragüenses debemos seguir exigiendo que inicie este proceso en la Asamblea Nacional para tener magistrados que nos llamen a la confianza para poder votar”.

Para Álvarez, el mes de mayo es una fecha razonable “ya puesta negro sobre blanco por la comunidad internacional, estaríamos hablando de todo el mes de abril y mayo”. El analista se mantiene optimista y espera que la oposición nicaragüense logre presentar una candidatura única.

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“Sigo haciendo la demanda como la población, para que presenten esta candidatura unificada, y la mejor opción es una alianza electoral, la alianza es una figura jurídica que está en la Ley Electoral, creo que deben mantenerse los acercamientos profundizar en ello (...) sé que es difícil, no voy a ser irresponsable para decir que está a la vuelta de la esquina, creo que los líderes políticos sean responsables para lograr esa unidad, de no presentarla, favorecen al régimen Ortega Murillo, eso implica una menor fortaleza de esa propuesta de reforma, e implica eventualmente que la comunidad internacional se siga involucrando, y nos siga dando la solidaridad que nos ha brindado y por lo tanto disminuyen las posibilidades de una reforma electoral adecuadas para unas elecciones convalidables con los estándares internacionales”, indica.

Unidad indispensable

El miembro del Grupo pro Reformas Electorales reiteró que la unidad es “indispensable” para derrotar al régimen sandinista “ese llamado a que los líderes políticos produzcan estos resultados que todos esperamos lo más pronto posible, tiene que deponer posiciones legítimas, pero que no priorizan el valor fundamental que es la unidad como condición indispensable para derrotar a Ortega Murillo en próximas elecciones de noviembre, previa conquista o logros de reformas electorales que la propia comunidad internacional nos acompaña en esta demanda y las condiciones políticas que permitan luchar contra la abstención que promueven los señores Ortega Murillo”.

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La Secretaría General de la OEA apoyaría “negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales que representan a la oposición en torno a medidas de reforma electorales significativas y coherentes, con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas”.

Sin embargo, el diputado oficialista Wilfredo Navarro, miembro de la junta directiva de la Asamblea Nacional y quien afirmó que trabaja en las reformas que se negociarían con los opositores, señala que solamente se cumplirán con cambios a los que el Gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió con la OEA en 2017, a través de un documento llamado: Memorándum de Entendimiento.

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