Crisis Group: Elecciones fraudulentas “desatarían más protestas y brotes de violencia”

La crisis sociopolítica en Nicaragua se agudizará más si en el país se dan unas elecciones sin libertades y con la ejecución de un fraude en ciernes. El escenario que más alarmas despierta, según un reciente informe de la organización International Crisis Group –especialista en análisis de conflictos políticos–, es el brote de nuevos disturbios que provocarían más aislamiento internacional y una nueva ola de exiliados. Todo apunta a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no están dispuestos a ceder el poder, pero los expertos reiteran que las posturas que tome la oposición de aquí en adelante podría influir en la pretensión oficial.

Crisis Group asegura que, pese al incierto panorama en el país ante un proceso electoral sin garantías y una oposición sin consenso, “todavía hay una oportunidad para que el gobierno y la oposición preparan las condiciones para unas elecciones creíbles y eviten una escalada de tensiones”, detalla el informe. Unas elecciones justas y pacíficas “debe ser el primer paso crucial para garantizar que no prevalezcan brotes de violencia política en un futuro”.

No obstante, Ortega ha estrechado el camino de la oposición al inhibir a uno de los bloques. El Partido Restauración Democrática (PRD) ha quedado fuera de la contienda debido a una impugnación realizada por un grupo de pastores evangélicos, que alegaron que el presidente de dicha organización política se separó de los “principios cristianos” al aliarse con personas llenas de “antivalores”. Días antes, el PRD había firmado una alianza de hecho con la Coalición Nacional, organización que aglutina a diversos sectores de la sociedad. Incluidos grupos de la diversidad sexual, socialdemócratas y de derecha. 

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En un extenso documento, este organismo independiente hace una evaluación de los riesgos que podría generar unas elecciones sin garantías en Nicaragua, país que enfrenta su tercer año de crisis sociopolítica tras la represión gubernamental durante las protestas de abril, las cuales provocaron las muertes de 328 personas, centenares de presos políticos y más de cien mil exiliados. Para el análisis se realizaron 45 entrevistas con sandinistas, opositores, miembros del sector privado, diplomáticos, periodistas, expertos electorales y analistas políticos.  

“Los costos de unas elecciones cuestionadas”

El régimen también ha incorporado en una reciente reforma electoral todos los insumos para ejecutar un fraude e inhibir a los candidatos de la oposición mediante una serie de leyes represivas aprobadas por el parlamento a finales de 2020. 

Ante este panorama, un funcionario de las Naciones Unidas dijo a Crisis Group que es poco probable que las elecciones estabilicen la crisis sociopolítica del país, sea cual sea su resultado. Los diplomáticos también auguran un panorama contrario: con el fraude iniciaría una escalada de las tensiones existentes. Asimismo, la unión de los bloques opositores se perfila como la mejor opción para presionar al régimen de Daniel Ortega. Pero esto también provocaría mayores estrategias para que el partido de gobierno fragüe un amaño. 

Las recientes órdenes del régimen de arrebatar la personalidad jurídica de un partido político provoca que se cumplan una de las principales preocupaciones que aparecen en el informe de Crisis Group: que Ortega obstaculice a la oposición y socave la legitimidad de las elecciones, avivando el descontento social y propiciando nuevos levantamientos. 

“Es posible que Ortega intente manipular las elecciones una vez más –tal como lo hizo en los comicios municipales de 2008 y en las generales de 2011 y 2016–, pero no está claro qué métodos decide utilizar”, asegura la organización independiente. Entre las opciones está la amenaza de las leyes punitivas como una estrategia para desincentivar el voto. Más radicalmente, vetar a todas las organizaciones opositoras e instrumentalizar a la Policía para prohibir campañas y reuniones políticas. Esto último, el régimen ya lo ha venido haciendo en los últimos años. De forma explícita, las autoridades policiales han dicho que los grupos de oposición tienen prohibido reunirse. 

Falta de unidad opositora también socava

Crisis Group también analiza el papel de los grupos opositores frente a estos escenarios. “La falta de unidad en la oposición también ha socavado su capacidad para moldear la opinión pública, pero su hostilidad hacia el gobierno de Ortega aún es alta en muchos sectores de la sociedad”, asegura el informe. Los expertos no descartan la posibilidad de nuevas protestas en los grupos más beligerantes, sobre todo si las condiciones preelectorales apuntan a un proceso amañado. 

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“Si bien la mayoría de las facciones de la oposición insisten en la disidencia pacífica, lo que hace poco probable una insurrección armada, no se puede descartar el riesgo de que se produzcan brotes de violencia locales, desencadenados por un fraude electoral o una intensificación de la represión estatal”, sigue el análisis. 

Los opositores nicaragüenses no pudieron unirse para inscribir una alianza electoral el pasado 12 de mayo, plazo límite que dio el Consejo Supremo Electoral (CSE) controlado por el oficialismo. Tras intensas conversaciones, primaron los resquemores y la falta de consenso. Crisis Group ve en la unidad de la oposición una última oportunidad para evitar los peores escenarios que se proyectan con las elecciones. 

Más aislamiento internacional

Unas elecciones sin condiciones podría provocar que Nicaragua se convierta en Estado paria, aislado internacionalmente de los otros países. Una fuente diplomática dijo a la organización autora del informe que es poco probable que los países decidan reconocer un gobierno paralelo, tras el fracaso de Juan Guaidó en Venezuela y el alargamiento de la crisis de Nicolás Maduro. Pero que sí podrían aplicar nuevas sanciones y reducir la inversión extranjera. 

“Nuevas sanciones y una reducción de la inversión extranjera como resultado de acusaciones de manipulación electoral o represión postelectoral supondrían una mayor presión sobre la economía, con consecuencias potencialmente nefastas para el pueblo nicaragüense”, reza el informe. 

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Algunos analistas aseguran que el país se encuentra en camino a una situación comparable con la de Venezuela, porque países y organismos multilaterales han roto lazos con el gobierno. Incluso, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha considerado la aplicación del artículo 25 de la Carta Democrática, aplicable cuando un país miembro tiene un deterioro en su democracia, lo que podría llevar a la expulsión de Nicaragua del sistema interamericano. Crisis Group asegura que esta opción “es remota”. 

Un nuevo éxodo

“El país podría sufrir un nuevo éxodo. La combinación de alto desempleo y persecución política ya ha llevado a más de 100.000 nicaragüenses a huir al exterior, principalmente a la vecina Costa Rica. Dos de cada tres nicaragüenses entrevistados en una encuesta a principios de 2021 dijeron que deseaban irse del país”, perfila Crisis Group. 

Según el análisis, la prioridad del nuevo gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden, no es Managua. De hecho, no existe mención de Nicaragua en el plan para Centroamérica. Washington está resolviendo problemas internos, y tiene sus ojos puestos en Guatemala, El Salvador y Honduras, países en los que durante los últimos años ha habido grandes movimientos migratorios. 

El documento recomienda que debe haber un cambio de postura, pues la política de sanciones de Donald Trump no logró “quebrar las filas sandinistas ni obligarlo a reanudar conversaciones con la oposición”. “En cambio, las sanciones alienaron al gobierno y lo llevaron a hablar cada vez más abiertamente sobre los supuestos males de la injerencia extranjera, incluido el papel presuntamente desempeñado por las embajadas con sede en Nicaragua”, asegura el informe. 

No obstante, no se descarta que antes de las elecciones la lista de funcionarios sancionados aumente, aunque la política de Biden sobre este tema no está del todo definida. En el Congreso, está una iniciativa de ley llamada Renacer, que busca imponer un régimen de sanciones más amplio y fuerte, porque contemplaría al Ejército de Nicaragua, considerado como partícipe de la represión gubernamental. 

“Las autoridades de EE. UU. y la Unión Europea deberían considerar ofrecer un alivio de las sanciones (al menos en privado), para persuadir a Ortega de que emprenda reformas electorales y permita una participación generalizada en las próximas elecciones”, aconseja el informe.

Recomendaciones para “elecciones aceptables”

Finalmente, los expertos en resolución de conflictos brindan una serie de recomendaciones para un proceso electoral libre. La primera de ellas es que el gobierno dé marcha atrás a las reformas realizadas a la Ley Electoral, donde Ortega es juez y parte de todo el proceso. Recomiendan a la oposición ajustar sus objetivos y expectativas dejando a un lado las propuestas más ambiciosas que pueden provocar un fuerte rechazo en el gobierno.

Crisis Group reitera que la salida ideal para por un acuerdo entre opositores y sandinistas después de las elecciones, independiente de los resultados, para “superar su historia de rencor”. En los tres años de crisis sociopolítica, el régimen ha participado en un diálogo nacional y una mesa de negociación con la Alianza Cívica, uno de los grupos opositores donde los empresarios tienen gran presencia, pero esos intentos fracasaron en resolver la crisis. El gobierno no ha cumplido los acuerdos.

Para los expertos, es del interés de Ortega evitar los disturbios internos y mayor aislamiento internacional, por lo tanto, debería “reemplazar a uno o dos magistrados por los propuestos por la oposición.” Otro aspecto que recomiendan es la observación internacional sin restricciones. 

Por otra parte, Crisis Group sostiene que un boicot electoral de la oposición no beneficiaría a ninguna de las partes y puede ser perjudicial para los intereses de los nicaragüenses. “Si bien un boicot total o parcial de la oposición podría ayudar a Ortega a retomar la presidencia, sólo exacerbaría las divisiones del país una vez que pasen las elecciones”, dice el documento.