Otorgan nacionalidad nicaragüense a Salvador Sánchez Cerén, expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia

De forma expedita, el régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador Salvador Sánchez Cerén, prófugo de la justicia de su país, tras abrirse investigaciones por corrupción. Sánchez es señalado de recibir sobresueldos durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014). Funes también recibió la protección de Ortega al convertirlo en nacional.

“El ciudadano Salvador Sánchez Cerén ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua al ser centroamericano y tener residencia en el país (…) gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses de conformidad a lo que establece la Constitución Política”, indica la resolución 3273 de la Dirección General de Extranjería publicada este viernes en La Gaceta.

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La certificación de nacionalización también fue extendida en favor de la esposa del expresidente salvadoreño Rosa Margarita Villalta, su hija Claudia Lissette Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez.

Sánchez Cerén habría recibido 530.000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014) y el país era gobernado por Mauricio Funes, acusó la fiscalía de su país.

El régimen de Daniel Ortega de esta manera da protección a Sánchez Cerén, quien no podrá ser extraditado a El Salvador, ya que Nicaragua no puede extraditar a sus ciudadanos ante requerimiento de la justicia internacional.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó esta semana que tras las capturas realizadas en contra de varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, del FMLN, y la difusión roja solicitada en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén; tuvieron conocimiento que éste último está en Nicaragua desde el año pasado.

“La información que tenemos migratoria es que él salió del país el año pasado con rumbo a Nicaragua”, afirmó Villatoro.

El Ministro de Seguridad llegó este martes a la Asamblea a dejar una propuesta de reforma al artículo 32 del Código Procesal Penal para que los delitos por corrupción no prescriban.

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En la iniciativa del gobierno se contempla que la reforma será de orden público y retroactiva, ya que la finalidad del Ejecutivo es perseguir los delitos de peculado, lavado de dinero, negociaciones ilícitas, cohecho de diferentes tipos, tráfico de influencias, malversación de fondos, y enriquecimiento ilícito desde gobiernos de hace 30 años atrás.

“La iniciativa de reforma es para que los actos de corrupción en este país no prescriban, incluye a los funcionarios de los últimos 30 años, es decir, de todos los gobiernos”, explicó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.