CIDH presentará en OEA informe sobre concentración del poder en Nicaragua
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro solicitó a Josué Fiallo Embajador, Representante Permanente de la República Dominicana y Presidente del Consejo Permanente incluir en la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente el tema “Presentación del informe Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”.
Además, Almagro requirió al Presidente del Consejo que se incluya en la presentación por parte de la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada Dra. Antonia Urrejola.
Informe: Concentración de poder
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe "Concentración de poder y debilitamiento del estado de derecho en Nicaragua" el cual arrojó que el Estado de derecho está debilitado y los derechos humanos están deteriorados en Nicaragua de cara a realizarse las votaciones este próximo 7 de noviembre.
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“La concentración del poder por el ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del ejecutivo”, asegura el informe.
Este año, la CIDH constató la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la Presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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La Comisión analizó que esta situación se ha venido gestando desde hace más de dos décadas, con el llamado pacto "Alemán-Ortega" de 1999 mediante el cual se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente.
“El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir el presidente de la República, Daniel Ortega, su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018”, reiteró la CIDH.