Walter Gómez y Marcos Fletes cumplen un año de cárcel, fue el inicio del recrudecimiento de represión
Walter Gómez y Marcos Fletes cumplen 365 días en prisión a la sombra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ambos fueron condenados hace dos meses en un juicio que desde el inicio es nulo, según sus abogados.
Walter Antonio Gómez Silva de 55 años se desempeñaba como administrador financiero y Marcos Antonio Fletes Casco de 42 años, era el contador de la extinta fundación Violeta Barrios de Chamorro fundación Violeta Barrios de Chamorro(FVBCH). La directora de la FVBCH, denunció el secuestro de Gómez y Fletes el 28 de mayo del año pasado.
“Dije que son inocentes, son profesionales honorables y la dictadura los tiene secuestrado”, expresó Cristiana Chamorro Barrios de 68 años, quien cinco días después también fue detenida.
Desde el 2 de junio del año pasado, Cristiana fue puesta bajo arresto domiciliar. Trece días después fue detenido su conductor Pedro Vásquez y el 25 de junio su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios de 70 años fue encarcelado.
En marzo de este año, los colaboradores administrativos Marcos Fletes y Walter Gómez fueron condenados a 13 años de prisión respectivamente. Mientras que el conductor Vásquez fue sentenciado a siete años de cárcel.
En tanto, los hermanos Chamorro Barrios fueron declarados culpables el 21 de marzo. Cristiana fue sentenciada a ocho años de prisión por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos y Pedro Joaquín fue condenado a nueve años por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida.
Duro golpe para familias
Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez comparte a 100%Noticias que la vida de su familia no es la misma desde hace un año. También siente que los suyos han sido privados de compartir momentos y fechas especiales con su esposo como los cumpleaños de sus hijos y aniversario de boda.
“Ahorita tenemos una vida alrededor de él, nada más”, desde las primeras horas del día se organiza para llevarle agua y ruega a Dios que le reciban el líquido en el centro penitenciario de El Chipote.
El momento de la captura en la mente de sus parientes sigue vigente, cada día "repasan" con "dolor" la "zozobra del cateo, ver que se llevan tus cosas personales y se me lo llevaron a él", manifiesta Consuelo.
Dice que realmente quiere para Walter su completa liberación, pero se consuela con que a su esposo le cambien la medida de “casa por cárcel” porque considera que Walter requiere medicinas para su recuperación, el calor familiar y los cuidados de las personas que lo aman.
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Dice que los primeros mesen luego de su captura bajó veinte libras menos y desde las últimas visitas lo ha observado con una reducción de entre 5 y 8 libras. “Yo le insisto que coma un poquito más, pero dice que le bajaron la ración de comida”.
Norma Vega esposa de Pedro Vázquez, exchofer de Cristiana Chamorro, cumpliará el próximo 15 de junio un año de detención, al igual que Consuelo nunca esperó ver a su esposo tras las rejas. Ambas comparten la esperanza que a sus esposos les permitan cumplir su sentencia en libertad.
Confiesa que emocionalmente las vivencias del último año ha sido un golpe fuerte tanto en lo económico como en lo físico y emocional.
“Me duele verlo ahí”. Señala que le han arrebatado injustamente el sostén familiar y ella ha sido revictimizada estando en libertad. “No puedo trabajar porque a uno lo señalan”.
Vega ha observado la pérdida de peso en Pedro, lo que más le inquieta es que ha manifestado estados depresivos.
“Yo sé que él ha estado grave y no me lo han querido decir”, reafirma. “Ellos se merecen su libertad”.
Vega, asegura que don Pedro se encuentra fortalecido en la fe. Le comparte que ora a Dios por un cambio en la situación del país. no obstante, se preocupa por su condición física. Cada día los familiares y reclusos luchan por sobrevivir fuera y dentro de las cárceles.
Uno de los excolaboradores de La Fundación que ha pedido el anonimato reveló a 100%Noticias que esta organización en más de veinte años de labor brindó capacitaciones y becas de estudio de crecimiento no solo a periodistas también a funcionarios estatales.
“Muchos de los que hoy son jueces cuando eran secretarios judiciales y muchos de los que hoy son comisionados cuando eran policías pequeños pasaron fueron beneficiarios de las capacitaciones que daba la Fundación Violeta Chamorro daba sobre gobernabilidad, fortalecimiento al sistema judicial. Muchos de los que hoy son verdugos en algún tiempo fueron beneficiados por la Fundación, lo que pasa que hoy lo olvidan o son funcionarios abyectos. Completamente sometidos y no tienen identidad ni criterio independiente para poder actuar”.
Agregó que desde hace un año con el “secuestro” de Gómez y Fletes se recrudeció una nueva etapa de persecución porque empezó la criminalización contra la práctica periodística que se mantiene hasta hoy generando un mayor éxodo de hombres y mujeres de prensa.
“Más de 48 periodistas se han exiliado desde mayo de 2021, el juicio en contra de la Fundación fue solamente la excusa que utilizó el gobierno dictatorial para iniciar una persecución contra la prensa independiente y otras organizaciones que trabajaban en la promoción y defensa de los derechos humanos”.
Silencio obligado
Para la doctora en derecho Martha Molina los casos de Gómez, Fletes y de todos los demás presos políticos confirman que Nicaragua ya no es un Estado y explica que los elementos que constituyen un Estado son inexistentes.
“No hay gobierno. No hay división de poderes. No existe el marco jurídico regulatorio. No hay instituciones. El pueblo está migrando masivamente. Solo tenemos un territorio donde predomina la ley del más fuerte mediante un poder único que se mantiene por la fuerza que le otorga la Policía y El Ejército. Ambas empresas sandinistas no son instituciones públicas porque no se apegan a la Constitución Política y las leyes”.
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En este sentido, la experta en derecho refiere que la mayoría de los familiares de presos políticos optan por guardar silencio porque no existen instituciones garantes de los derechos civiles, políticos, sociales y humanos.
“Si alzan la voz; la única respuesta que pueden obtener es la represión hacia los presos políticos o al resto de la familia porque en Nicaragua la venganza del régimen no es solo en contra de las personas que reclaman sus derechos sino que es extensiva a la familia con el único objetivo de apagar la vía y que el mundo crea que todo ha vuelto a la normalidad porque ya nadie reclama” expresa Molina.
182 presos políticos
Hasta este 30 de abril, el Mecanismo Para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza un total de 182 casos: 172 nicaragüenses fueron apresados a partir de abril de 2018 y diez, previo a este contexto. De los 172, catorce son mujeres y 158 son varones.
Son más de 170 juicios políticos con los mismos patrones: detenciones ilegales, allanamiento de domicilio, despojo de bienes, realización de audiencias secreta y en horas de la madrugada en los centros de detenciones, funciones limitadas de los abogados defensores y nombramiento de abogados de oficio sin previo consentimiento.
Justicia dominada por régimen
La abogada Orietta Benavides Quintero, titular de la defensa de los imputados en el caso de la Fundación denunció que a sus representados les fueron violentados todas las garantías constitucionales y procesales en un arbitrario e ilegal proceso judicial. “Les prohibieron toda comunicación con sus abogados, con sus familiares”.
“Jamás se les informaron los cargos por los que estaban siendo investigados”, agregó que fueron sometidos a crueles interrogatorios.
En este punto, la doctora Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos HumanosCentro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), coincide con Orietta y agrega que todos los juicios que se han realizado en contra de opositores a partir del 28 de mayo de 2021 han evidenciado la falta de independencia del Poder JudicialPoder Judicial, puesto que los jueces lejos de “juzgar” han estado dictando sentencias y condenas ya establecidas, pese a ser los ojos de la justicia.
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La opinión de Núñez es compartida a nivel internacional. El pasado 12 de mayo, la eurodiputada Soraya RodríguezSoraya Rodríguez demandó ante el ante el Consejo de la Unión Europea aplicar sanciones individuales a catorce jueces nicaragüenses por su participación que ha llevado a la condena de más de 170 presos de conciencia en el país con la violación de derechos humanos y ser cómplices de la dictadura de Daniel Ortega.
“Hemos solicitado urgentemente a la Unión Europea la inclusión de estos jueces en las listas de las sanciones individuales por violaciones de derechos humanos en Nicaragua”. Agregó que la condena debe ir más allá de las palabras.
“Debemos actuar con acciones concretas que aíslen al régimen”.
Entre los jueces presentados por la eurodiputada se encuentra Luden Martín Quiroz del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua quien declaró culpables a Gómez y Fletes. El sistema de justicia en Nicaragua sigue siendo utilizado para enjuiciar con delitos fabricados a opositores como los ex colaboradores de la Fundación y para consumar el propósito se apoya en el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público.
Miedo a competir
“Ortega no tuvo la valentía de inhibirme a través de su Consejo Supremo Electoral, por eso armó toda esta farsa”, dijo Cristiana Chamorro y lo reafirmó en su cuenta de Twitter el 31 de mayo de 2021, un día después presentó su carta de intención para inscribirse en el proceso de selección de candidato único ante el partido político Alianza Ciudadanos por la Libertad Ciudadanos por la Libertad (CxL), sin embargo, horas más tarde fue recluida en su propia casa y CxL despojado de su personería jurídica el 6 de agosto del mismo año.
Además de judicializar a Cristiana quien figuraba como la favorita para la contienda electoral de noviembre 2021, Daniel Ortega se encargó de eliminar a toda su competencia encarcelando a cuatro candidatos presidenciales. Se adelantó incluso a las elecciones internas y cocinó un cúmulo de delitos como “traición a la patria y menoscabo a la integridad nacional” ajustados en leyes represivas creadas recientemente.
Juan Sebastián Chamorro,Juan Sebastián Chamorro, otro de los candidatos y primo de Cristiana, fue condenado en marzo pasado a 13 años de prisión por conspiración. La misma condena recibió un mes antes el líder campesino Medardo MairenaMedardo Mairena y el politólogo Félix MaradiagaFélix Maradiaga. En tanto, el periodista Miguel MoraMiguel Mora fue sentenciado a ocho años de cárcel.
Las imágenes de un Daniel Ortega entregando la banda presidencial a otro Daniel Ortega formaron parte de las impresiones de la sociedad nicaragüense en las redes sociales único espacio disponible para la crítica y como rechazó la farsa electoral el 7 de noviembre de 2021, no salió a las calles a votar. La victoria de Ortega con sus oponentes presos, simplemente no sorprendió y despertó críticas de la comunidad internacional.
Nicaragua ante la ONU
La alta comisionada de la ONUONU para los Derechos Humanos, Michelle BacheletMichelle Bachelet se sumó a la ola de condena en un informe presentado en marzo pasado ante el Consejo sobre la situación de Nicaragua.
Reprochó la exclusión de las voces disidentes durante las votaciones y afirmó que Ortega creó un clima poco propicio para la celebración de elecciones libres, genuinas y trasparentes. “Al menos 43 personas siguen detenidas en el contexto de las elecciones de 2021”, criticó que en Nicaragua continúen las detenciones, criminalizaciones y persecución de opositores.
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El pasado 31 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua estableciendo la creación de un Grupo de Expertos independientesGrupo de Expertos independientes para analizar la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
Casi dos meses después, el presidente de este Consejo, Federico Villegas nombró a tres miembros de expertos que estará dirigido por el alemán Jan-Michael Simon, además del chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Angela María Buitrago. Sobre sus hombros pesa la tarea de investigar las presuntas abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 a fin de identificar a los responsables para futura “rendición de cuentas”.