Brian Nichols: "Los nicaragüenses merecen una democracia real"
Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, criticó la ocupación de facto de las alcaldías administradas por el cancelado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)Ciudadanos por la Libertad (CxL), de los municipios de Santa María de Pantasma, Murra, El Almendro, San Sebastián de Yalí y El Cuá.
A cuatro meses de las votaciones municipales, la dictadura de Daniel OrtegaDaniel Ortega y Rosario MurilloRosario Murillo, a través del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) ordenaron las tomas de las alcaldías pertenecientes a alcaldes de Ciudadanos por la Libertad, bajo el argumento de que ese partido político no tiene "personería jurídica", denunciaron los alcaldes depuestos.
“El régimen teme a la voz del pueblo nicaragüense y le niega cualquier opción real en las elecciones municipales de noviembre próximo). Los nicaragüenses merecen una democracia real, no una farsa”, expresó funcionario estadounidense a través de su cuenta de Twitter.
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En su publicación, Nichols dice que "es reprobable la destitución arbitraria por parte del régimen Ortega-Murillo de 5 alcaldes opositores elegidos democráticamente".
Kitty Monterrey condena tomas
Por su parte, Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, horas después de conocer la toma de las instalaciones de la comunica ganadas en las elecciones municipales de 2017, condenó las acciones del partido de gobierno, en donde destituyeron a las autoridades edilicias y nombraron alcaldes sandinistas que fungían como concejales sandinistas en las municipalidades.
“Condeno enérgicamente la toma arbitraria por parte del régimen de las alcaldías de San Sebastián de Yalí, El Cuá y El Almendro, electas por el voto popular, a la vez demando el respeto a la integridad física de sus funcionarios y alcaldes”, manifestó la presidenta de CxL.
En agosto de 2021, el CxL fue despojado de su personería jurídica a petición de María Haydee Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aliado del Frente Sandinista.
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Tras la petición de Ozuna, el Consejo Supremo Electoral (CSE), no tardó ni media hora en ilegalizar al partido opositor y anular la cédula de identidad de Monterrey.