Nicaragua en desacato internacional permanente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advierte CALIDH

El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua el año 2022, entre sus hallazgos destacó que actualmente existen más de 251 personas privadas de la libertad, 76 fueron beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Aunque el Estado de Nicaragua está obligado a liberarlas y entregar información actualizada sobre la situación de estas personas, no ha atendido los mandatos del máximo tribunal del continente, razón por la cual la Corte determinó que el Estado nicaragüense incurrió en desacato internacional permanente por no liberar a estas 76 personas.

CALIDH señaló que después del 2018 en el que hubo hasta 800 manifestantes detenidos, el año 2022 tiene personas privadas de libertad por razones políticas.

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El Centro añade que, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, al menos 46 estaban encarceladas por segunda o tercera ocasión y 11 han sido enviadas a arresto domiciliar

“La situación de este grupo de personas reclusas en 2022 ha sido desalentadora en cuanto a poder ser liberadas, pues, a diferencia de años anteriores, las autoridades han optado por no liberar casi a ninguna en 2022, razón por la cual mes con mes el número de personas privadas de la libertad por motivos políticos fue aumentando en dicho año, pasando de 177 en enero 70 a al menos 251 en diciembre”, cuestiona el CALIDH que a la vez recuerda que es el Estado de Nicaragua el garante de los derechos humanos.

Sobre este punto, el Centro documentó un patrón de censura y castigo contra las voces opositoras y disidentes.

“Este patrón de censura y castigo se encuadra en el discurso estatal de negación de cualquier participación de los funcionarios estatales en la comisión de las violaciones generalizadas de derechos humanos perpetradas desde 2018, incluso de los crímenes de lesa humanidad. La perennidad del discurso provoca que todas las instituciones del Estado, especialmente las del sistema penal, le den validez tanto al discurso como al hecho de culpar a las voces opositoras de ser responsables del alegado intento de golpe de Estado”

De igual modo, este organismo encontró que leyes como Ley No. 1042 (Ley Especial de Ciberdelitos); Ley No. 1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz) entre otras se alejan de la garantía de los derechos humanos y de la dignidad de las personas privadas de libertad y lo que realmente buscan es “el castigo en términos del ius puniendi o facultad de sancionar por el Estado en el marco estricto del principio de legalidad, sino que ese castigo es sinónimo de venganza contra las personas privadas de libertad por motivos políticos, a quienes se le adjudican conductas como poner en riesgo o violentar la soberanía nacional, la integridad o la independencia”, concluye el informe.