Daniel Ortega dobló su rey por miedo a más sanciones

La operación del avión del destierro de presos políticos en Nicaragua no nació de la ocurrencia perversa de Rosario Murillo. Tampoco fue un acto sin un interés de por medio, como afirmó Daniel Ortega en una transmisión en directo desde Managua, diez horas después de mandar a 222 de sus rehenes en un vuelo que aterrizó en Washington DC, Estados Unidos, aseguran a DESPACHO 505 y 100% Noticias fuentes anónimas que han escuchado la “mentirosa” versión del dictador.

La historia que conocen los excarcelados es que “Ortega dobló su rey”, presionado por altos mandos militares que temían sanciones que afectarían el emporio económico que maneja el Ejército de Nicaragua. “Fue hace unos diez días, no es que a doña Rosario (Murillo) de repente le pasó la idea de entregarnos a todos como si fuéramos un ‘souvenir’ (recuerdo), sin más. Ninguna dictadura entrega de esa manera a sus rehenes”, dice vía telefónica la fuente que prefiere el anonimato. 

En un tono pausado, la noche de este jueves el dictador quiso convencer de que no necesitó pedir nada a cambio por sacar de sus mazmorras a los presos políticos, ni siquiera la suspensión de las sanciones estadounidenses de las que tanto se ha quejado.

La fuente señalan que lo único que cierto que dijo anoche fue que la propuesta salió de El Carmen y sin negociar beneficios. “Pero Ortega no es que no tuvo un interés, ni participó y se quedó viendo a su mujer comunicándose con el gobierno de Estados Unidos. Temía sanciones demoledoras y no pudo más», sostiene.

Incluso, asegura que Ortega se dejó ver desesperado, pues pretendía envíar a los presos políticos día un día a otro y hasta sin documentos. Sin embargo, por requerimientos de las autoridades estadounidenses, Nicaragua tuvo que extender pasaportes nuevos a cada una de las personas que subió en el vuelo OAE379, operado la compañía Omni Air, que despegó del Aeropuerto Internacional de Managua a las 6:31 de la mañana del jueves y cuatro horas más tarde aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles.

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“Nosotros salimos como nicaragüenses, el despojo de nacionalidad es parte de la narrativa de la dictadura, pues pese al manoseo a la leyes y de la Constitución somos nacionales de Nicaragua, lo dice ese mismo documento que nos entregaron uno a uno y que fabricaron en sigilo”, agrega un exreo político consultado sobre la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.

Los excarcelados coinciden en que los pasaportes los recibieron de manos de los funcionarios del Departamento de Estado al momento de abordar el avión, todos con fecha de vencimiento en el año 2033.

DEL CHIPOTE AL VUELO DE LA LIBERTAD

El operativo de destierro comenzó a eso de las 8 de la noche. Dentro de la cárcel de El Chipote percibieron un movimiento inusual. Luego, a cada uno de los que ahí estaban recluidos comenzaron a entregarles ropa, un sándwich y una gaseosa. Entre intercambios de miradas y murmullos su primera sospecha es que los trasladarían hasta la frontera Sur con Costa Rica.

Cuando dieron la orden de abordar el bus y emprendió el recorrido por una Managua desolada sobre la vía Panamericana Norte la mayoría tuvo la certeza de que se trataba de un traslado al Centro Penitenciario Nacional en Tipitapa. “Fue todo bajo una gran incertidumbre, en minutos íbamos cambiando las hipótesis, porque nadie nos informaba nada, aún cuando vimos que hacen el giro para entrar al aeropuerto, que fue un alivio porque entendimos que nos iban a liberar, desconocíamos todo. Yo hubiera jurado que íbamos para (la cárcel) La Modelo”, narra un preso de Masaya.

“Cuando el avión despegó la mayoría lloró, fue muy emocionante”, porque hasta en ese momento el personal del Departamento de Estado les informó que iban con destino a Estados Unidos.

Llanto, oración y el orgullo de volver a entonar el himno de Nicaragua. Lo hicieron durante el vuelo y al pisar suelo estadounidense. “Muy, muy emotivo, no tengo palabras”, se justifica porque en cuestión de horas pasó de un calabozo a la liberta, aunque rechaza de manera categórica el destierro forzado y el “despojo antojadizo e ilegal” de la nacionalidad nicaragüense.

ORGANISMOS: ORTEGA VIOLÓ LA CONSTITUCIÓN

El despojo de la nacionalidad y la inhabilitación perpetua de sus derechos civiles aplicado por la dictadura Ortega-Murillo ha generado un rechazo rotundo de diferentes organismos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió desde el mismo jueves a Ortega que restituya los derechos de los 222 nicaragüeneses expulsados a Estados Unidos.

El Centro de Asistencia Legal Interamericano (Calidh) se ha sumado a la ola condena a la medida de extinción de la nacionalidad contra los 222 excarcelados políticos, y se sumó al llamado de una inmediata restitución en concordancia con el orden legal y constitucional de Nicaragua y las obligaciones internacionales.

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Calidh recordó a la dictadura que el derecho de nacionalidad es inherente a la persona humana y no puede ser arrebatado ni despojado, ni siquiera cuando “arbitrariamente” se ordenó reformar la Constitución política del país para establecer que llamados “los traidores de la patria” perderán su nacionalidad, pues se produjo cuando los 222 desterrados viajaban con destino a Estados Unidos, por lo cual la norma constitucional no les es aplicable.

Las razones que identifica Calidh:

Al liberarlos, el Estado de Nicaragua ejerció el derecho de gracia que le atribuye la Constitución, realizando un indulto implícito de las 222 personas desterradas, por tanto, las penas, las conductas imputadas, las autorías de “traidores a la patria” quedaron revocados desde el momento del ejercicio del derecho de gracia.

Al revocarse las penas, la reforma no podría incluir a los 222 desterrados, porque fue dictada con posteridad al ejercicio del derecho de gracia voluntaria por parte del Estado. La propia constitución del país establece que la ley no tiene efectos retroactivos, salvo cuando beneficie al condenado.

Toda decisión judicial posterior al ejercicio voluntario del derecho de gracia es nula, porque el derecho de gracia extingue automáticamente tanto la acción como las condenas. La reforma constitucional es inaplicable a las 222 personas desterradas y siguen conservando su nacionalidad por imperio del principio de legalida e irretroactividad de la ley. Además, para que la reforma sea aplicable, debe desarrollarse en una ley específica y los ahora indultados y desterrados sometidos a nuevos juicios. Pero nadie puede ser juzgado en ausencia, en arreglo con la ley procesal nicaragüense.

La reforma inconstitucional no fue dictada conforme a la Ley 606 Ley Orgánica del Poder Legislativo que exige la consulta de los sectores sociales pertinentes antes de dictar una norma, sobre todo si es constitucional. Hay un vicio evidente e insubsanable de procedimiento.