Humberto Ortega propone "tregua santa" en Nicaragua de lo contrario el "caos"

El general retirado del Ejército de Nicaragua y hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega expresó en una columna de opinión del diario La Prensa la necesidad de que ocurra una “tregua santa” para evitar que se imponga el “caos brutal” en el país.

En su escrito Humberto Ortega plantea que se requiere “las partes nacionales deben cesar la alta confrontación de odio, exclusión”, añade que el inicio de este proceso incluye “distintas modalidades de comunicación en aras de bajar la intensa polarización política”.

Sobre este punto, Ortega insiste que para favorecer la comunicación de Nicaragua y Estados Unidos se debe dar un “clima sin sanciones de los gobiernos involucrados”.

Y para “facilitar y alcanzar acuerdos básicos con prontitud” y, propone que para contribuir en este esfuerzo de comunicación compleja se amerita “la libertad del obispo Rolando Álvarez”.

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A juicio de Humberto Ortega “de continuar polarizados a muerte en esta encrucijada, se desploma el país y el caos brutal se impondrá”, reflexiona.

Concluye su mensaje que en el país se amerita “privilegiar la negociación, medio definido por el general Augusto César Sandino de ‘efectiva democracia’, con el vigor de Rubén Darío, Pedro Joaquín Chamorro y Carlos Fonseca”.

Los ataques de Ortega contra la Iglesia Católica

Daniel Ortega calificó la noche del 21 de febrero de "mafia" a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

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Ese discurso del líder sandinista es el capítulo más reciente de dos últimos años especialmente convulsos para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de "golpistas" y "terroristas" a los religiosos.

En 2022, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y mantuvo bajo arresto a ocho sacerdotes, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien fue sustraído por agentes policiales la madrugada del viernes 19 de agosto, junto a otros cuatro presbíteros, dos seminaristas y un camarógrafo del palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados.

El obispo Álvarez, muy crítico con el Gobierno de Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria", tras negarse a ser desterrado a Estados Unidos.