Defensores de DDHH: Sanciones a funcionarios judiciales cuentan, pero hacen falta acciones más articuladas

Este 19 de abril, el Departamento de Estado anunció sanciones para tres funcionarios judiciales de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por quitar la nacionalidad a 317 nicaragüenses y por la condena a monseñor Rolando Álvarez. La noticia fue bien recibida por diversos sectores, aunque insisten en que falta más acciones articuladas.

El defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Braulio Abarca, dijo que las estas sanciones por las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad son importantes y significan que hay monitoreo constante al país.

“Estas sanciones emitidas recientemente contra estos funcionarios judiciales evidencian que Estados Unidos continúa monitoreando esta grave situación de los derechos humanos de Nicaragua, continúa observando como en Nicaragua hay un detrimento del respeto a la libertad individual, a los derechos humanos, a la libertad de expresión y prensa incluido también en esta ocasión a la libertad religiosa, el derecho a la nacionalidad, como un derecho inalienable de todas las personas”, señaló Abarca.

Por su parte, la opositora Haydée Castillo, a quien la dictadura le retiró su nacionalidad, dijo que la comunidad internacional tiene una responsabilidad de proteger cuando los gobiernos, que deberían de proteger, son los violadores a los derechos humanos.

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En ese sentido, sostiene que cada país tiene diversas maneras de hacerlo, “yo diría que las medidas que está tomando la comunidad internacional son un llamado fehaciente a los funcionarios de Estado de Nicaragua, a los que ya tienen manchadas sus manos de sangre de que la comunidad internacional está expectante y a los que siguen colaborando es un mensaje de ponga límite, tomen distancia, porque tarde o temprano la justicia va a llegar”.

Acciones más contundentes

Castillo también considera que es importante mencionar el papel progresivo que ha tenido la comunidad internacional, pero afirma que comprende que la situación que se vive en Nicaragua es desesperante, pues el pueblo quiere acciones contundentes.

“En ese sentido, si bien es cierto todo suma, porque este tema de las sanciones, por mucho que el régimen diga que no le hace nada, que no le preocupa, en cada discurso del dictador está la mención solicitando que haya un alto a este tipo de medidas, porque si bien es cierto no han afectado colectivamente al pueblo de Nicaragua, afecta privilegios, la bolsa, viajes y una serie de cosas que para el nicaragüense común y corriente no son significativas pero para este tipo de funcionarios que gozan de un montón de prerrogativas sí”, recalcó.

La activista asegura que la estrategia es “plantearle a la comunidad internacional medidas más estructurales, como el tema del Banco Centroamericano de Integración Económica, pues por un lado se toman este tipo de medidas, está el llamamiento de que se va a acompañar cualquier esfuerzo de una salida a la crisis, pero por otro lado el régimen sigue recibiendo apoyo económico, de la arquitectura financiera mundial”.

“Este es el momento para que la comunidad internacional articule, como lo vimos en otro momento, a inicios de abril, que haya una comunicación más articulada de la Unión Europea, Estados Unidos, los países latinoamericanos que juegan un papel tan importante y son nuestros pares”, insiste Castillo.

Agrega “Queremos hacernos las preguntas, pues  por un lado escuchamos la embajadora de Costa Rica con una narrativa súper importante que la valoramos muchísimo cuando se reanudó el periodo del grupo de experto de la ONU, pero por otro lado extrañamos que Costa Rica tenga un papel importante en el retiro de recursos del respaldo que recibe del Banco Centroamericano Integración Económica para seguir apoyando el periodo represivo del régimen”, prosiguió.

“Nicaragua no olvida, así como no olvidamos aquellas personas que hicieron tanto daño en los tiempos de la dictadura de Somoza hay una serie de cosas que están quedando en la memoria colectiva está en el momento para llamar a la comunidad internacional a una mejor articulación y a tomar medidas que tienen que ver mucho con que el régimen se sigue llenando la bolsa de recursos económicos, que tristemente después el pueblo tendrá que pagar”, concluye Castillo.

 Estado sin límites

Abarca y Castillo coinciden en que el régimen no tiene límites y ella considera que ahora que nosotros hemos estado hablando con la comunidad internacional acerca de la desnacionalización, a la gente solo le recuerda los tiempos de la barbarie, “por eso no es de gratis que el Papa Francisco haya comparado esta dictadura con esa era hitleriana. Todos los días nosotros estamos documentando violaciones a derechos humanos y lo peor es que ahora la gente hasta tiene temor de denunciar, porque les dicen si usted le comunica un medio independiente, si usted se queja ante los organismos de derechos humanos, le va a ir peor a sus familiares. El estado de terror al que ha llegado a Nicaragua solo es comparable a la era de la esclavitud”.

Asimismo, Braulio Abarca dijo que recientemente observamos cómo estos tres sancionados, en el caso de los magistrados (Octavio) Rothschuh y (Ernesto) Rodríguez han despojado arbitrariamente de la nacionalidad al menos a 317 nicaragüenses. En el caso de la jueza (Nadia) Tardencilla, evidentemente es quien está designando sentencias arbitrarias, violentando los derechos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que garantizan el debido proceso”.

“El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa una política de tierra arrasada en la cual no solamente violenta los derechos humanos de las personas perseguidas consideradas como opositoras, personas defensoras de derechos humanos, activistas sociales e incluso a quienes han alzado su voz ante la injusticia y periodista, sino que también continúan persiguiendo incluso a los familiares”, proclama Abarca.

Abarca también afirma que hay acciones que pudieran ser a largo plazo, pues los procesos de memoria histórica, de verdad, de justicia y reparación no son inmediatos, deben tener una consecutividad en el tiempo y se deben desarrollar todas aquellas acciones en el momento que suceden las cosas, para procesos de justicia internacional, justicia universal, ya sea ante la Corte Interamericana Derechos Humanos.

“Este tipo de sanciones o de acciones por parte de la comunidad internacional va a servir, incluso, hasta de prueba”, insiste Abarca.