“Esto no es vida”, dicen presos políticos que están en sus casas, pero viven asedio y persecución

La zozobra se ha apoderado de ellos. Viven en diversos puntos del país, no se conocen, pero a diario son atormentados por el mismo protagonista: la policía de la dictadura Ortega Murillo, cuyos agentes se encargan de humillar, amedrentar y amenazar a los nuevos presos políticos, a quienes mantienen en una libertad aparente, pero humillados y sometidos a sus caprichos.

Aunque duermen en sus camas y tienen la posibilidad de comer los alimentos preparados en su hogar, muchos de estos presos políticos que forman parte de las víctimas de la ola represiva dictatorial puesta en marcha a partir de abril 2023, sienten que no es vida la que están llevando.

“Tengo que estar a las 8 de la mañana todos los días firmando en la policía. Todos los policías lo ven a uno llegar y le toman la respectiva foto. Diario me caen dos policías de Inteligencia y contrainteligencia, pues dicen que tienen ordenado visitarme”, comparte Juan, seudónimo de un profesional cuyo trabajo se ha visto afectado, pues los clientes no quieren tratar con un hombre que carga el estigma de ser preso político.

A él lo llegaron a traer un sábado. Estaba descansando cuando un contingente de tres camionetas con 20 policías, llegaron a su casa, ubicada en un departamento y con violencia lo obligaron a subir. Lo trasladaron a Managua y lo acusaron de conspiración y menoscabo contra el Estado de Nicaragua.

Cinco horas después, lo “liberaron”, pero desde ese día vive bajo vigilancia extrema. “A mi compañera la han seguido en algunos lugares que visita y la caminan espiando. Igual hacen conmigo. Eso me ha creado un desbalance en el tiempo y el presupuesto, pues diario ahora tengo que gastar para movilizarme. He analizado y supongo es como una bomba que querían activar con gente desde 2018. Intimidación al más alto nivel”, señala.

“De mi captura, la familia lo sabe, los amigos y hasta mis clientes. Eso me perjudica”, lamenta este hombre a quien acusaron junto a otras personas, pero una de ellas estaba ausente.

“La acusación es carente de los requisitos que debe tener una acusación. Sin causa probable. Solo con 2 testigos policías. Se lo cuestioné a la jueza. No decía qué hice. Cuándo lo hice. Cómo lo hice. A qué hora ni qué día. Ni individualizaba qué hacía cada quien, pero así la admitió”, prosigue.

La incertidumbre los mata

Manuel, otro de los afectados por la dictadura con esta nueva medida coercitiva, dijo que “amanecer de la noche a la mañana como reo político te cambia la vida en 180 grados, primero la tensión de no saber si volverás a casa. El pensar con qué temperamento amanecieron las autoridades policiales, cómo te tratarán y eso es todos los días”.

Asimismo, señala que si le cuesta conseguir para el arroz y lo frijoles ahora debe buscar 100 córdobas diario para el taxi que lo traslada hasta la unidad policial.

“Me preocupa ya que esto es un juicio. Donde estoy completamente seguro de que seré condenado. Soy de un departamento me preocupa a qué sistema me mandarán”, señala.

Otro joven señala que a las 7 de la mañana está en la policía firmando el libro de actas, “diario ponés nombre y apellidos, dirección, número de celular, fecha y hora, y firma, te tienen que tomar 3 fotos cuando estás haciendo esto. Luego salís rumbo a casa”.

¿Y la defensa?

Manuel señaló que le preocupa no tener un abogado defensor, “ya que el régimen me asignó uno a quien no conozco, no sé cómo es su nombre y con quien nunca he hablado y por último, estoy preocupado por la falta de unidad de la oposición. ¿Será que no se dan cuenta que la unidad es vital para la lucha?”.

Mientras tanto, Juan dijo: “el defensor que me pusieron es un chavalo que apenas pidió tímidamente que no la aceptará (la acusación). Fue cuando me le tomé la palabra. Pero como esto sé que es político la admitió de todas formas. En el acta no pusieron fecha de otra audiencia y la jueza solo dijo que la policía tiene un año para investigar”.

Juan considera que eso solo le hace suponer que pasará 1 año siendo procesado político. “Me quitan mi derecho a vivir en paz, en tranquilidad, mi derecho al trabajo por el hecho de que los clientes se ahuyentan. Mi derecho a la libertad misma”, lamenta.

“Lo peor es la estigmatización, porque todos lo saben. Con esta espada en el cuello. Boca cerrada. Cero libertad de expresión”, concluye.