ONU denuncia más de 60 arrestos arbitrarios en mayo en Nicaragua para "silenciar" a la disidencia
La Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones UnidasNaciones Unidas, denunció que durante el mes de mayo, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo orquestaron 63 “arrestos arbitrarios” contra la oposición y líderes vinculados con la Iglesia CatólicaIglesia Católica, con la finalidad de silenciarlos.
Martha Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exigió a la dictadura de Daniel Ortega el cese inmediato de la represión, así como la liberación inmediata de las personas detenidas.
La funcionaria también reclamó al gobierno por el cierre de más de tres mil Organizaciones Sin Fines de Lucro, a la que el régimen ilegalizó y acusó de lavado de dinero. Hurtado exigió la devolución de las organizaciones clausuradas desde el año 2018, cuando estallaron las protestas antigubernamentales.
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Las Naciones Unidas recuerda que cualquier solución tiene que pasar por un diálogo, la rendición de cuentas y “reformas institucionales” que permitan “restaurar el Estado de Derecho”.
Desde el año 2019, Daniel Ortega ha cerrado las posibilidades a un diálogo con la oposición. En cambio, Naciones Unidas siempre ha estado dispuesta a apoyar este encuentro y para ello, pide que el gobierno permita el ingreso de una delegación de la ONU a Nicaragua.
La Oficina de Derechos Humanos además ve con preocupación la ola de arrestos de la once del 3 de mayo, cuando Ortega ordenó el arresto de 55 personas de la oposición, a quienes enjuició por propagación de noticias falsas y traición a la patria. Ninguna de las personas acusadas pudo elegir un abogado de su preferencia.
Denuncia represión a Iglesia
La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, también denunció los ataques y represión en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua que ha dejado como resultado a un obispo y varios sacerdotes detenidos.
Hurtado expresó que la dictadura de Ortega “ha acusado a la Iglesia de ser una organización internacional que apoya lo que cataloga de 'terrorismo' y la desestabilización del país”.
La Iglesia también jugó un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos durante las protestas de 2018, consideradas el punto de inflexión de la actual escalada represiva.