Daniel Ortega condenó a seis opositores detenidos en el marco del quinto aniversario de la rebelión de abril

Seis nicaragüenses fueron condenados por el régimen de Daniel Ortega el pasado 24 de abril en el marco del quinto aniversario de la rebelión de abril en Nicaragua ocurrida en 2018, entre los afectados hay cuatro mujeres y dos varones, todos los casos se ventilan en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria Circunscripción Managua. 

Las mujeres condenadas por el régimen son Brenda Lee Baldelomar Alemán y Hazel del Socorro Martínez Ulloa, de Chinandega; Martha Lorena Centeno Marín, de Managua e Ivonne Patricia Espinoza Hurtado, de Boaco, y los hombres son  Luis Enrique Palma Obando y Anner Herrera, indicó un reporte de La Prensa.

Aunque se desconoce el o los delitos que les imputan, el proceso se encuentra en ejecución, todos fueron acusados ante la jueza Ana María Vado Miranda, titular del Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, quien se encargó de dictar la sentencia. 

Todos los testigos son policías, entre ellos el teniente Óscar Álvarez Manzanares; el inspector Miguel Ángel López Rivas; el policía Jorge Luis Silva Espinal y los capitanes Óscar Antonio Vasquez Ramos y Harold Fernando Rosales Rosales. Este último declaró en el juicio en lugar de la perito, la ingeniera Daniela Grillo Moreno. Mientras como víctima u ofendido figura el Estado de Nicaragua. 

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Yader Morazán, experto en Administración de Justicia, explicó que en estos casos la sentencia y condena quedaron firmes porque “el defensor no jugó un rol activo",agregó. “Esos policías que llegan nada más a cumplir la función de aprenderse un guión y esa es la prueba, en la mayoría de estos casos, el 90 por ciento, las pruebas son ilegales, inexistentes e insuficientes”. 

Mientras tanto, la abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez, calcula  que los juicios se llevaron a cabo en mayo y dijo a La Prensa que son casos que  carecen de legalidad “ni siquiera tienen derecho a un abogado privado, impide que las anomalías cometidos contra las víctimas puedan ser documentados”, dijo la abogada. 

Agregó que al no permitir que un abogado de su elección se haga cargo de la defensa “esto vulnera más los derechos de los acusados” debido a que “los abogados de oficio no van a señalar las inconsistencias y la falta de requisitos de la acusación”.