Excarcelados políticos del grupo 222 denuncia linchamiento judicial por confiscaciones en Nicaragua

Un grupo de 72 excarcelados políticos desterrados parte de los 222, denunció que son víctimas de un linchamiento judicial, pues el Tribunal de Apelaciones de Managua, mantiene abiertos los juicios en su contra, haciendo añicos el principio de la cosa juzgada y les impuso la confiscación de sus bienes en Nicaragua. 

Ellos consideran que esta acción del régimen solo corrobora el uso sistemático del Poder Judicial como mecanismo de represión, “donde el principio de la cosa juzgada carece de validez y manteniendo los juicios abiertos para satisfacer el ánimo de venganza, caprichos y frustraciones de los dictadores”.

Asimismo, resaltan que los 222 fueron juzgados en violación de las garantías del debido proceso, con acusaciones de hechos falsos; con pruebas fabricadas por la policía y el Ministerio Público en audiencias rápidas y secretas, muchas en “El Chipote”; sin acceso a sus abogados; con ocultamiento de las causas a las defensas; con prisión preventiva y tramitación compleja improcedentes, dictados sin indicios de comisión de delito. Las resoluciones de culpabilidad fueron igualmente ilegítimas y los procesos nulos.

“El principio legal universal de in dubio pro reo, por el que una norma posterior solo puede aplicarse cuando beneficia al reo, ha sido violado. Tanto los supuestos delitos, como las penas a las que aún se sigue condenando mediante resoluciones en juicios legalmente fenecidos y mantenidos ilegalmente abiertos, no existían en la legislación nicaragüense al momento de la sentencia firme”, señalan.

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También resaltan que dicha resolución se da a conocer meses después de la sentencia definitiva y  penaliza a los 222 con inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica, “violentando otro principio universal y fundamental del derecho que establece que la pena no trasciende de la persona del condenado y la prohibición constitucional de la confiscación de bienes”.

Confiscaciones llamado a no desfallecer

Los 72 desterrados también afirman que la ilegal confiscación “equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos, apropiándose del producto de los mismos, y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción, en el marco de la continuada persecución contra ciudadanos sometidos por el tenebroso sistema penal nicaragüense a un verdadero linchamiento judicial”.

Dicho linchamiento judicial, aseguran, es producto del odio contra quienes, en unión de miles de compatriotas, han demandado respeto a los derechos humanos, elecciones libres, libertad, democracia y transparencia.

Insisten en que la no trascendencia de la pena “tampoco se está respetando con nuestros familiares, lesionándoseles el derecho al trabajo, a permanecer, salir o reingresar a su patria, y convirtiendo así a Nicaragua en una fábrica de apátridas e imposibilitando el derecho de permanecer juntos como familia”.

A pesar de todas estas irregularidades, afirman que ni el encierro, ni la tortura ni las aberraciones adicionadas han logrado hacerlos desistir del compromiso con la libertad, la justicia, la equidad y la democracia.

“Nos solidarizamos con todo el pueblo de Nicaragua que vive bajo un régimen de terror, de pobreza y de exclusión. Y hacemos un llamado a no desfallecer, preservando la fe en el cambio, porque tantas injusticias no tienen posibilidad de sostenerse en el tiempo”, concluyen.