Desnacionalizados rechazan suavizar resolución de OEA sobre situación de Nicaragua

Parte de los 94 nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su nacionalidad, dirigieron una carta a los Estados que participan en la 53 Asamblea General de la OEA, para respaldar la propuesta original de Declaración, presentada por los cinco países integrantes del Grupo de Seguimiento sobre la crisis de Nicaragua y rechazar el intento de Brasil para suavizar el trato hacia la dictadura, asimismo, piden se declare ilegítimo al régimen.

“Respaldamos la propuesta original de Declaración, presentada por los cinco países integrantes del Grupo de Seguimiento sobre la crisis de Nicaragua ―que padecemos desde 2018― y que deberá ser aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en los próximos días. Asimismo, rechazamos los intentos de la delegación diplomática brasileña, que pretende suavizar los términos con que la Declaración había sido redactada”, se lee en la carta enviada a la OEA.

Asimismo, también demandan que el gobierno de Ortega Murillo, “resultado de una mascarada electoral en 2021, sea declarado ilegítimo por esta 53 Asamblea General de la OEA”.

Los firmantes de la carta hicieron hincapié en que las propuestas presentadas por Brasil pretenden poner en duda la brutalidad sin precedentes aplicada por la dictadura de Ortega y Murillo contra miles de ciudadanos, “y ofenden a familiares de los asesinados y a todas las víctimas de la represión del Estado totalitario de Ortega y Murillo”.

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Ellos expusieron que son parte de los 94 nicaragüenses desnacionalizados por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad. También se reconocen como víctimas de la eliminación de sus nombres de los registros públicos y de la prohibición a perpetuidad de ejercer sus derechos civiles y políticos; así como de la confiscación de sus patrimonios.

Piden condenar al Estado de Nicaragua

Además, refieren que sus pasaportes fueron cancelados y también el pago de sus pensiones, sin omitir que los declararon prófugos de la justicia, “todo con el fin de impedirnos seguir en la lucha por la democracia y aplastarnos civil, económica y moralmente”.

Asimismo, se reconocen como “testigos directos de asesinatos, capturas ilegales, torturas y violaciones en las ergástulas orteguistas; de migración forzada, discriminación estatal y detención arbitraria que aún sufren más de 70 presos políticos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez; y de tantos martirios causados contra el pueblo nicaragüense por un gobierno ilegítimo que a diario practica el terrorismo de Estado y es responsable de crímenes de lesa humanidad”.

El llamado de los firmantes a los países representados en la OEA es a “ser consecuentes con las declaraciones emitidas en Asambleas anteriores; a respetar las investigaciones realizadas por organismos de expertos del sistema interamericano (GREN y MESENI), de la CIDH y del sistema universal de DDHH (la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de las Naciones Unidas y el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas para Nicaragua, GREHN) y condenar sin ambigüedades al Estado represor que sojuzga a los nicaragüenses”.