EEUU sanciona a 13 funcionarios nicaragüenses por confiscaciones y dejar apátridas a opositores

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a 13 nicaragüenses por respaldar confiscaciones y dejar apatridas a más de 300 opositores. Entre los designados se encuentran las diputadas sandinistas: Loria Raquel Dixon Brautigam, Arling Patricia Alonso Gómez y Gladis de los Ángeles Báez. También destaca Wendy Carolina Morales Urbina , actual procuradora general de Nicaragua.

En el caso de las diputadas sandinistas sancionadas, el Departamento de Estado de EEUU señala que socavaron instituciones democráticas al participar en represalias contra la ciudadanía opositora.

Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Arling Patricia Alonso Gómez , la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.

Gladis de los Ángeles Báez, la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense.

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Otro diputado sancionado es Alejandro Mejía Ferreti, el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional.

En la amplia lista figura Wendy Carolina Morales Urbina, la actual procuradora general de Nicaragua, "socavó los procesos o las instituciones democráticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación".

Funcionarios SIBOIF, UAF y Jueces 

Asimismo entre los sancionados fueron incluidos dos jueces del Tribunal de Apelaciones de Managua, están: Rosa Argentina Solís Dávila y Ángela Dávila Navarrete, juezas de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua.

Ambas son señalas por "socavar los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense".

Otros sancionados son Denis Membreño Rivas y Aldo Martín Sáenz Ulloa, director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), respectivamente. Ambos "socavaron procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin base legal alguna".

También fue designada Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), "socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal".

De igual manera, figuran funcionarios de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR) entre ellos: Valeria Maritza Halleslevens Centeno y Eduardo Celestino Ortega Roa, directora y subdirector de la DNR, respectivamente.

Ambos "socavaron los procesos o las instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos", indica el documento.

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Otro sancionado fue Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, "socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal".

Estas nuevas designaciones ocurren hoy 19 de julio que se celebra el 44º aniversario de la revolución popular en Nicaragua que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

39 centroamericanos sancionados

Tras la designación, el Portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller explicó que en el nuevo paquete de sanciones incluyeron a 10 personas guatemaltecas, 10 hondureñas, 13 nicaragüenses y seis salvadoreñas identificadas en la versión de este año de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de la Sección 353.

Sostiene que la corrupción y otras prácticas que socavan la democracia en Centroamérica "conducen a la inestabilidad e impulsan la migración irregular".

De acuerdo con la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, las personas en la lista generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos.

En este sentido, Miller destacó que Estados Unidos busca apoyar a los centroamericanos en sus esfuerzos por asegurar una región democrática, próspera y segura donde las personas participen y se beneficien del proceso democrático, tengan confianza en las instituciones públicas y disfruten de oportunidades económicas y sociales.

"Seguimos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y aquellos que socavan la gobernabilidad democrática".

Agrega "Hacemos un llamado a todos los líderes, miembros de la sociedad civil, periodistas, el sector privado y la comunidad internacional a unirse a este esfuerzo para fortalecer la gobernabilidad democrática y acabar con la corrupción".