Fiscal General Ana Julia Guido será reemplazada, Daniel Ortega busca sustituto
La actual Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, será reemplazada indica la Resolución N°. 1-2023 publicada en el sitio web de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que convoca a la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de fiscal general y adjunto de la república de Nicaragua.
Según el documento, el parlamento nicaragüense tiene la atribución de elegir ambos cargos, conforme el artículo 9 de la Constitución Política de la República y la Ley No. 606, “Ley Orgánica del Poder Legislativo”.
Asimismo, la resolución indica que los funcionarios cumplieron el periodo para el que fueron electos por lo cual corresponde a la Asamblea Nacional convocar para el proceso de elección.
“Convocar al Presidente de la República y a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten candidatos y candidatas para ser electos como Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto de la República”, reza la resolución.
Las propuestas de los candidatos deberán ser presentadas con los documentos necesarios que demuestren “idoneidad” para ocupar los cargos, ante la Secretaría Legislativa de la Comisión Especial de Carácter Constitucional.
La presentación debe realizarse dentro del plazo de quince días, a partir de la publicación de la resolución de convocatoria en La Gaceta, Diario Oficial.
Funcionaria sancionada es reemplazada
En octubre del 2020, Estados Unidos sancionó a la actual fiscal general Ana Julia Guido por "haber ayudado a crear un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional Nicaragüense sancionada por EE.UU. para inventar casos contra prisioneros políticos".
Asimismo, aseguró que Guido creó una unidad especializada "que ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra manifestantes pacíficos".
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Posteriormente en agosto del 2021, la Unión Europea impuso sanciones a ocho funcionarios, entre ellos Rosario Murillo y Ana Julia Guido.
Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
Asimismo, tienen prohibido viajar a la Unión, lo que les impide entrar al territorio comunitario o transitar por él.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.