Acusación y contra acusación entre jóvenes opositores exiliados
Seis mujeres activistas políticas denunciaron ser víctimas de acoso por parte de algunos liderazgos juveniles nicaragüenses. Sin embargo, los imputados negaron los señalamientos y aseguran que se trata de una estrategia de persecución política por la lucha de poder en procesos de organización política de la oposición nicaragüense.
En redes sociales, la activista María Laura Alvarado, junto a otras cinco mujeres activistas políticas denunciaron a los jóvenes Alex Iván Aguirre Mairena ex integrante de la Unidad Juvenil y Estudiantil (UJE), Walter Enrique Martínez y Jonathan Sánchez, ambos miembros directivos de la misma organización porque supuestamente promueven una cultura política caracterizada por la violencia, la polarización, la desconfianza, la falta de transparencia, la corrupción y el caudillismo.
Según las jóvenes, el comportamiento de los señalados denotan un patrón de comportamiento deliberado y sistemático dirigido particularmente a mujeres jóvenes con problemas económicos que las coloca en una situación de vulnerabilidad.
“En unos casos se trata de ofrecimientos de oportunidades laborales o académicas siempre condicionadas y en otras, de una clara invasión de su vida íntima con el fin de denigrarlas incluso a través de la creación de cuentas falsas en las redes sociales”, relata la denuncia.
Las denunciantes sostienen que los mencionados ejercen acoso y otras formas de violencia contra mujeres en organizaciones políticas, que les ha provocado daños emocionales y físicos.
Asimismo, señalan que estas acciones perpetúan los estereotipos de género, erosiona las relaciones e imposibilita la cohesión de los grupos, además de constituir una grave violación al derecho de participación en igualdad de condiciones.
“Todas las víctimas contamos con peritajes psicológicos que comprueban los daños provocados, así como, con asesoría legal en caso que decidamos interponer denuncias ante instancias competentes. No podemos continuar en silencio”, señalan.
Por su parte, Sánchez, Blanco, Martínez y Zeas, emitieron un pronunciamiento en el que señalan que dicha denuncia responde a una estrategia de persecución política por la lucha de poder en procesos de organización política de la oposición nicaragüense.
“Persisten intenciones políticas de desprestigio, aludiendo conspiraciones y manipulaciones incluso de algunos actores que se les vincula con crímenes de lesa humanidad en el pasado”, indican.
Los afectados señalan que la denuncia busca desestimar su voz, por lo que apelan a afectarlos psicológica, económica, académica, familiar y socialmente.
“En los últimos días hemos recibido un acoso virtual constante, incluyendo llamadas a todas las organizaciones con quienes colaboramos explícitamente para “retirar el apoyo”, presión mediática para que nos quiten nuestras becas académicas y/o trabajos, así como peticiones de “excluirnos de espacios” con el objetivo de desplazarnos de donde podamos responder y expresarnos”, indicaron.
Además, sostienen que la denuncia de las jóvenes no cuenta con recursos probatorios, lo cual se traduce en un delito de difamación “Nosotros, congruentes con una nueva cultura política, respondemos dignamente luchando contra la manipulación discursiva y la instrumentalización de luchas sociales”.
También aseguran que están comprometidos con promover un entorno seguro e inclusivo, pero dejan claro que no dejarán sus espacios de voz y defensa “hemos ganado con esfuerzo, sin favores políticos y desde nuestra autonomía, apelamos a la buena voluntad de los grupos políticos democráticos, por nuestro pueblo de Nicaragua, a no replicar discursos de odio y no aceptar la exclusión bajo chantaje”.