"Cualquier crítica en Nicaragua será castigada", denuncia Alto Comisionado de DDHH de ONU

En el informe “Situación de los derechos humanos en Nicaragua”, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se evidencia que en Nicaragua sigue el deterioro de la situación y el respeto de los derechos humanos, con las detenciones arbitrarias a quienes consideran opositores, así como el destierro, el impedimento de la libre movilización y las torturas, para establecer que cualquier crítico será castigado.

“La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado deteriorándose gravemente. Las personas percibidas como opositoras al Gobierno son perseguidas y sometidas a un amplio abanico de medidas arbitrarias violatorias de sus derechos humanos, que incluyen penas de prisión dictadas sin juicio previo y la privación de la nacionalidad mediante resoluciones judiciales carentes de cualquier viso de legalidad”, se lee en el informe.

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Asimismo, destacan que los y las familiares de estas personas también se han visto afectadas por estas medidas que han tenido un efecto amedrentador en el conjunto de la sociedad nicaragüense, pues el mensaje que han dejado claro es que “cualquier persona crítica con el Gobierno, así como sus familiares, sería castigada”.

Asimismo, destaca el documento que con la eliminación progresiva de todas las asociaciones independientes, el control de todas las instituciones públicas y la expulsión y el exilio de los principales líderes de la oposición, “el Gobierno ha reducido el espacio cívico y democrático hasta un punto que no deja lugar a la disidencia. Sin embargo, las personas defensoras de los derechos humanos siguen trabajando, tanto en Nicaragua como en el exilio, abogando por la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y por el retorno a la democracia y al Estado de derecho”.

Detenciones y procesos arbitrarios en Nicaragua

El informe también afirma que las detenciones arbitrarias de personas percibidas como opositoras al Gobierno continúan, como una tendencia observada desde el inicio de la crisis de derechos humanos en 2018 y al 15 de junio de 2023, contabilizaban 54 personas detenidas (44 hombres y 10 mujeres). El organismo demandó la liberación de los presos políticos.

“Entre las personas detenidas actualmente hay sacerdotes, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, líderes indígenas, personas opositoras políticas y sus familiares, y estudiantes”, recoge el informe del Alto Comisionado de la ONU.

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Destacan que desde 2019, se produce cada año un marcado aumento en el número de detenciones arbitrarias en torno a la fecha del aniversario de las protestas de abril de 2018.

“Entre el 1 y el 23 de abril de 2023, la OACNUDH recibió informes de 51 detenciones arbitrarias, y en mayo de 2023, recibió informes de la detención de 63 personas (40 hombres y 23 mujeres) bajo los cargos de propagación de noticias falsas y menoscabo de la integridad y la soberanía nacionales", apuntan.

Es importante señalar que en todos los casos documentados por la ACNUDH, las autoridades no informaron a las personas detenidas, al momento del arresto, de los motivos del mismo, ni les comunicaron con prontitud los cargos que se les imputaban.

En cuanto a los procesos arbitrarios, la OACNUDH documentó al menos 49 casos en los que los jueces y juezas de ejecución “modificaron indebidamente las condenas, aumentando las penas después de los juicios. Además, en un caso, el Tribunal Supremo condenó a una persona declarada culpable del delito de menoscabo de la integridad y soberanía nacionales a 13 años de prisión e inhabilitación para cargo o empleo público. Sin embargo, tres meses después, otro juez condenó a la misma persona por "traición a la patria", un nuevo delito por los mismos hechos, y le impuso la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o electivos”.

Prohibición de entrar a Nicaragua

Además, señalan que la Oficina del OACNUDH ha recibido información de que, desde septiembre de 2022, a 27 nacionales nicaragüenses se les negó la entrada al país  después de viajar brevemente a otras naciones lo que se opone al  artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “nadie podrá ser privado arbitrariamente del derecho a entrar en su propio país. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que hay pocas circunstancias, si es que hay alguna, en las que dicha medida pueda ser razonable”.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) también confirmó que ha documentado que esta práctica, que afectó a varias personas que realizaban actividades internacionales de defensa de los derechos humanos en Nicaragua, aumentó en el primer semestre de 2023. Para quienes tienen familiares dependientes en Nicaragua, como personas mayores y niños y niñas, esta práctica a menudo ha dado lugar a separaciones familiares contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.